El poder político de la pobreza

Aunque se supone que la política debe orientarse hacia el cumplimiento de las condiciones de equidad, igualdad y lucha contra la pobreza que promulga con sus buenas intenciones la Constitución de 1991, la realidad política colombiana parece mostrarnos que el efecto de las políticas sociales de los últimos 20 años nos ha conducido hacia un panorama que está lejos de ser prescrito por las disposiciones normativas de la Constitución. Las obligaciones sociales y económicas del Estado que son descritas en este documento, tal vez nunca tuvieron presentes las limitantes históricas y económicas de nuestra sociedad. No parten de una lectura clave de esta historia, en la cual, las obligaciones políticas y las limitantes institucionales hacen de cualquier política social, de cualquier normativa o ley que la respalde, una suerte de actividad azarosa e impredecible. Mientras que los incentivos promovidos por estas impredecibles leyes y normativas sociales han llevado poco a poco a un cambio permanente de la política colombiana, con inflexibilidades reforzadas y fracasos pendientes, la Constitución, a lo lejos, parece exigirnos cumplir con los mismos contratos sociales, aquellos que son difíciles de evidenciar en la práctica, en la realidad.
Hace ya 10 años las transferencias condicionadas tomaron su lugar en los últimos gobiernos. Hasta entonces, el manejo de las transferencias solo se planteaba en el marco de los conflictos entre la centralización y la descentralización. Tanto Pastrana como Uribe, llegaron a desestimar el impacto de las nacientes transferencias condicionadas, aquellas promovidas por expertos de agencias multilaterales que las presentaban como la solución para poder combatir la pobreza. Ahora, estas son simplemente llamadas subsidios, y son el eje principal de la política social de Uribe, quien parece ser logró percatarse de los cambios políticos que generan estas medidas, tanto como Lula Da Silva lo hizo en Brasil.
Los subsidios tienen un poder que se ha consolidado en los últimos años independientemente de sus logros sociales. Los subsidios entregados por Familias en Acción sólo han demostrado tener un impacto en la nutrición de infantes menores de 5 años y en la no deserción educativa de jóvenes, resultados que únicamente han sido claros en zonas rurales alejadas. Mas sin embargo, hoy en día, más que nunca, los subsidios han generado cooperativas de personas asociadas para no perderlos, que se ubican en todas las ciudades, y que sin lugar a dudas, representan un capital social y político que cualquier cacique envidiaría. Pero este efecto, curiosamente, ha sido independiente de los efectos comprobados en el bienestar de la población. El sistema, parece ser, no solo no ha disminuido la pobreza de forma clara, sino que ha profundizado los efectos inesperados de las transferencias condicionadas. Ha generado incentivos para entrar al sistema en quienes no lo necesitan, ha mantenido las inequidades horizontales entre personas de la misma condición social, ha generado un mayor gasto social que no es retribuido por pago de impuestos o inversiones, y ha desvinculado a los ciudadanos de sus entidades territoriales, para dejarlos bajo el control político del gobierno central.
El poder de los subsidios podría definir las elecciones en Colombia. Curiosamente, su resultado no ha sido la disminución de la pobreza, sino el poder político inesperado de la misma.