La caída de la economía del secuestro: Una explicación microeconómica.

El estudio de la economía criminal es un fenómeno relativamente reciente pues sólo fue hace cuatro décadas que Gary Becker inició, por accidente, una reflexión sobre las motivaciones racionales de los individuos que violan la ley. De esta forma y a pesar de la juventud de esta rama de la ciencia económica, se han desarrollado numerosos estudios que buscan responder, desde una perspectiva de costes y beneficios, por qué las personas deciden tomar decisiones y ejecutar acciones que son socialmente indeseables. Este ensayo, siguiendo esta línea de análisis y utilizando las herramientas aprendidas durante el semestre, pretende dar explicaciones a la fuerte caída en el número de secuestros extorsivos perpetrados en Colombia durante la última década y, adicionalmente, al desplome en los pagos medios efectuados a los secuestradores para devolver a la libertad a un cautivo.[1]

El número de secuestros reportados a las autoridades colombianas se contrajo dramáticamente en la última década. Según el Ministerio de Defensa (2011), en 1999 fueron recibidos 3204 reportes de casos de privaciones de la libertad, de los cuales 2587 tenían fines extorsivos –es decir, que hay una expectativa de remuneración explícita por parte de los captores- . Mientras tanto, en 2010 los guarismos fueron, respectivamente, 282 y 188, lo que implica que hubo una reducción de 91,2% en el número total de raptos y del 92,8% en los ilícitos con un claro objetivo de ganancias monetarias. Adicionalmente, según la Policía Nacional de Colombia (2010) y Briggs (2002) el pago promedio pactado para finalizar un cautiverio pasó de aproximadamente $365.797.771[2] en 1999 a $272.247.619 en 2007. Entonces, conociendo estas espectaculares variaciones, ¿existe algún aporte de la teoría microeconómica para ayudar a entender estos fenómenos? La respuesta a este interrogante es afirmativa: Como se mostrará en los párrafos subsiguientes, el cambio en el número de secuestrados y el precio promedio de las transacciones puede interpretarse como el resultado de transformaciones en la demanda, asociados a la mejora de un sustituto gratuito al proceso de negociación por libertad, y modificaciones en la configuración de costos de los captores, derivadas de las pérdidas masivas de territorio en los últimos años que destruyeron economías de escala.

La demanda: La mejora de un sustituto.


Según el Banco Mundial (2010), la percepción de los individuos sobre la efectividad del gobierno de Colombia para hacer el efectivo el imperio de la ley en el territorio nacional ha mejorado sustancialmente en la última década. De esta forma, la calificación que ha recibido el país ha pasado de -0.93 en el 2000 a -0.33 en el 2010, siendo -2.5 la menor evaluación posible y 2.5 la más alta. Existe cierto consenso relativo a que esta mejora se debe al fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública y su capacidad para desarrollar operaciones sofisticadas contra actores violentos con poderosas chequeras y un know how perfeccionado por varios años (Ortiz, 2011). Esta mejora cualitativa en la forma en que se combate a los violentos –y la correspondiente percepción ciudadana de que eso efectivamente sucede en la práctica- ha permitido que los interesados en negociar la libertad de un individuo tengan una alternativa cada vez más viable para terminar con el cautiverio de una persona: El rescate[3]Este cambio en las preferencias tuvo como consecuencia que, dada la mejora en la calidad (se volvió una alternativa menos riesgosa) de ese sustituto gratuito, la demanda a la que se enfrentan los raptores se contrajo y, consecuentemente, la disponibilidad a pagar de los consumidores cayó, lo que redujo el poder de negociación de los secuestradores, su poder de mercado y, eventualmente, las entradas que podrían obtener al convenir una suma para efectuar una transacción. A su vez, y asumiendo una estructura de costos constante, esto implica que los captores estarían dispuestos a colocar menos unidades en el mercado –es decir, efectuar menos secuestros en el mediano plazo- pues su ingreso marginal sería más pequeño.

La estructura de costos.


Según Briggs (2001), la carencia de control territorial por parte del Estado es una variable relevante para que el secuestro prospere como negocio puesto que es indispensable para que las organizaciones criminales puedan construir redes e infraestructura que les permitan tener holgura en sus operaciones y, al final del día, tener poder de negociación a la hora de pactar algún trato con individuos interesados en la libertad de un cautivo. En Colombia, y como se mencionó brevemente en el apartado anterior, este problema ha venido disminuyendo en la última década. De esta manera, según el Ministerio de Defensa, el ataque a poblaciones –un termómetro aceptable de qué tanto control tiene el Gobierno sobre el territorio nacional- pasó de 85 en el año 2000 a 1 en 2010. Este hecho de fondo tuvo implicaciones relevantes para estos empresarios del crimen pues las estructuras que habían soportado el negocio se vieron afectadas de forma notable: En una afamada crónica sobre el secuestro en Colombia publicada en la revista de The New York Times, Semple (2001) relata cómo las FARC habían logrado construir una organización tan maquiavélica como milimétrica para manejar el negocio del secuestro desde el páramo del Sumapaz. Hoy en día, no sobra recordarlo, en esa misma región existe un Batallón de Alta Montaña del Ejército Nacional. 

En términos generales, la destrucción de las redes y la infraestructura que los señores del secuestro habían construido se tradujo en un aumento en los costes marginales que se deben asumir para privar de la libertad a alguien pues ya no sólo era mucho más riesgoso de efectuar –con el progreso del control territorial, el número de capturados con cargos de secuestro llegó a 694 en 2009 (Policía Nacional de Colombia, 2010)-, sino más costoso de realizar y sostener pues los arreglos organizacionales (las tecnologías de producción, podríamos llamarlas también con un poco de cinismo) –como la Oficina del Secuestro de las FARC en el Sumapaz- que permitían quitarle la libertad a más individuos sin mayor preocupación por el lugar en el que se deberían pernoctar o por lo que iban a recibir para subsistir –es decir, economías de escala- desaparecieron. Esto implica que, asumiendo una curva de ingresos marginales invariada y dado el incremento en los costes marginales, los captores estarían dispuestos a colocar menos unidades en el mercado que en la situación anterior. 

Conclusión

Según Caplan (2010), los secuestradores secuestran por que los beneficios exceden los costos de hacerlo. Y para enfrentar el problema sólo hace falta hacer un par de cosas: Disminuir los ingresos y aumentar los costes, para reducir las utilidades. Como vimos en este artículo, nuestro país ha logrado hacer ambas cosas, permitiendo que los captores pierdan poder de negociación –y eventualmente ingresos- y haciendo más difícil la labor de secuestrar, impulsando hacia arriba los costos de hacerlo. Y en buena hora sucedió, pues ya Colombia no sólo era tristemente célebre por convertirse en la mayor nación exportadora de cocaína, sino también por haber engendrado la industria del secuestro más eficiente del planeta. Afortunadamente, y por las leyes de oferta y demanda, uno de esos dos títulos ya es historia. 


Referencias 


Banco Mundial. (2010). Worldwide Governance Indicators 2010 (Rep.). Consultado en Noviembre 23, 2011, en http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/wgidataset.xls


Briggs, R. (2001). A Rational Problem with Rational Causes. En The kidnapping business. Consultado en Noviembre 23, 2011, en http://fpc.org.uk/fsblob/46.pdf


Briggs, R. (2002, July 1). Hostage Inc. Foreign Policy. Consultado Noviembre 23, 2011, en http://www.foreignpolicy.com/articles/2002/07/01/prime_numbers_hostage_inc?page=0,0


Caplan, B. (2010, June 29). The Strange Political Economy of Kidnapping [post de blog]. Consultado en Noviembre 23, 2011, en http://econlog.econlib.org/archives/2010/06/the_strange_pol.html


Ministerio de Defensa. (2011, June). Avance de la Política de Defensa y Seguridad. Ministerio De Defensa. Consultado en Noviembre 23, 2011, en http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/info_estadistica/Avance%20de%20la%20Politica%20de%20Defensa%20y%20Seguridad.xls


Ortiz, R. D. (2011, Agosto 13). Una "tercera fase" contra las Farc | ELESPECTADOR.COM. Noticias | ELESPECTADOR.COM. Consultado en Noviembre 23, 2011, en http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-291702-una-tercera-fase-contra-farc


Policía Nacional de Colombia. (2010). Tercer Año de Gestión: 2009-2010 (Rep.). Consultado en Noviembre 23, 2011, en el sitio web de la Policía Nacional de Colombia: http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/balance_gestion/Balance%20de%20Gesti%F3n%202009-2010.pdf


Semple, K. (2001, June 03). The Kidnapping Economy in Colombia - NYTimes.com. The New York Times - Breaking News, World News & Multimedia. Consultado en Noviembre 23, 2011, en http://www.nytimes.com/2001/06/03/magazine/03KIDNAPPING.html?scp=1


[1] Para lograr el objetivo de este artículo, se ha asumido que la industria del secuestro tiene una estructura de funcionamiento productiva propia de un monopolio que discrimina perfectamente precios pues hay dos elementos analíticos que permiten pensar que es razonable suponerlo: En primer lugar, una vez una persona es retenida, inclusive teniendo en cuenta los recientes avances de las ciencias genéticas, es complicado encontrar una persona que suplante, exactamente, todas las funciones sociales del individuo que perdió la libertad. Esto implica que no pueden existir más ofertantes que aquellos que retuvieron al cautivo por primera vez. Y, en segunda instancia, existe un proceso de negociación donde los captores intentan explotar la máxima disponibilidad a pagar de los interesados en que el secuestrado sea liberado.

[2] Pesos constantes de 2007. Las series provienen de fuentes diferentes pero su comparación contribuye, grosso modo, a generar una noción sobre lo que ha sucedido con el precio de la transacción promedio.

[3] Según el Ministerio de Defensa (2011) en 1999 por cada 100 secuestros se efectuaban 15, 51 rescates mientras que 2010 esa cifra fue exactamente del 35,46.

Elucubración Pequeña sobre la Reforma a la Educación del Gobierno

En estos días de revuelta estudiantil y, después de varios días de desconexión de la realidad nacional, me pareció interesante elucubrar sobre la reforma a la Educación Superior que el gobierno ha empezado a socializar. Después de examinar varios posibles escenarios (de rosas y claveles), hubo uno intermedio que -de lejos- parece plausible: Que, al mismo tiempo, pase lo que los muchachos que bloquean avenidas (y lanzan explosivos) dicen y lo que los tecnocratas del gobierno proyectan. Esto, en hechos aterrizados, no significa mas que más cupos y menor calidad. Sin embargo, ¿es eso estructuralmente indeseable?. Naturalmente, no es el óptimo que uno desearía (más cupos y más calidad), pero ¿está tan mal para esta nación con necesidades tan variadas y restricciones tan amplias?.

En primer lugar, lo primero que se me ocurrió fue buscar experiencias internacionales para revisar si hay alguna referencia. Pero no recuerdo nada en particular y es complicado encontrar un programa gubernamental que enuncie que aumentó la oferta de opciones académicas al tiempo que descuidó la calidad de los programas. Le escribí a un amigo que es entendido en el tema y tal vez sepa algo que pueda enriquecer la discusión. En segunda instancia, y ante la imposibilidad temporal de concluir cosas con la primera herramienta, pareció interesante elucubrar un rato. El punto más relevante que pasó por mi cabeza fue que en ese nuevo equilibrio (menos calidad, más cupos) podrían -dependiendo de la magnitud de la pérdida de calidad y del aumento de la oferta de cupos)- existir ganancias, en términos globales para la sociedad. Por ejemplo, el stock global de capital humano de toda la economía podría crecer más rápido pues tendríamos mucha más gente con determinada cantidad de capital humano, aunque su capital humano per cápita fuera más pequeño. Adicionalmente, si hay más personas con títulos universitarios, una de las fuerzas que generan desigualdad (la exclusividad de estar en la Universidad) podría atenuarse.

Utopía y paranoia.

Columna publicada en el periódico La Campana de Popayán, en Agosto de 2010.
En la anterior edición de este periódico el columnista Gabriel Bustamante, palabras más, palabras menos, expuso que la Tutela es el único mecanismo que ha hecho posible cumplir con los derechos constitucionales de una gran parte de la población colombiana, siendo, según su argumento, que el Neoliberalismo acabó con la posibilidad de hacer cumplir las leyes y normas constitucionales que garantizaban un Estado Social de Derecho.
Sin embargo, cabe hacerse algunas preguntas: ¿Acaso el Estado Social de Derecho ya existía previamente, y permitía el cumplimiento cabal de las leyes y normas que satisfacen los derechos humanos de todos los colombianos? ¿Acaso la Tutela no generó distorsiones en las prioridades del gasto del Estado? ¿Acaso algunos fallos obligados por las tutelas no generaron incentivos inesperados en el sector Salud, que terminaron por beneficiar de forma inesperada a las EPSs? O acaso ¿Algunas reformas a la ley inspiradas en estos mecanismos de ayuda a sujetos vulnerables no generaron resultados totalmente contrarios a los esperados?
La idea según la cual la justicia y la redistribución dependen más de la voluntad de los gobernantes y hombres de poder que del control y predicción de ciertos incentivos y de ciertas acciones involuntarias ha dado sustento desde hace décadas a lo que el filósofo Alemán Karl Popper (1945) llamó la teoría de la conspiración de la sociedad. Según esta teoría, un fenómeno social se explica cuando se descubre a los hombres o grupos humanos interesados en que suceda este fenómeno. Por ejemplo, la dificultad del Estado y sus gobernantes para redistribuir riqueza y generar justicia se explica solamente porque se supone que hay un grupo económico o político con mucho poder que ha llevado a cabo acciones necesarias para debilitar cualquier acción que propenda por la redistribución o la justicia. Este tipo de teorías suelen exponer una utopía social previa al fenómeno o conflicto social que quieren explicar, y suponen que esta utopía puede lograrse siempre y cuando quienes creen son los causantes de un mal dejen de tener la intención de perpetuarlo. Por ello plantearon la teoría del Neoliberalismo como una teoría política o de poder, y nunca buscaron entender el fenómeno económico y social que hizo viable y necesario al libre mercado, más allá de cualquier posición moralizante, no muy diferente de aquellas posiciones religiosas que culpaban al Demonio por los actos egoístas de los hombres. No parece extraño también que en el campo de la normatividad (del derecho, la legislación y la interpretación de las leyes) haya sido tradicional el suponer que toda acción humana voluntaria tiene consecuencias sociales voluntarias. Que toda norma es el producto de un buen razonamiento, y que este debería hacerse realidad con la mayor premura y facilidad. Pero resulta que, como sabiamente lo explica Popper, en el mundo social las acciones humanas intencionales tienden a tener repercusiones sociales no intencionales. El mundo económico suele explicar las paradojas por el comportamiento caprichoso, no de los hombres con poder, sino de los incentivos que son difíciles de prever cuando hay reformas al gasto y a la inversión a través de leyes que siguen siendo nuevas y que tienen efectos inesperados que los congresistas, miembros de la constituyente y magistrados no suelen tener presentes, porque no suelen analizar la posibilidad de estos efectos inesperados. Cabe resaltar, otra vez, los efectos inesperados de las tutelas como principales beneficiadoras de las EPSs, aumentando sus ingresos para seguir invirtiendo en la tercerización del servicio en Salud. También los efectos inesperados de las leyes de subsidio a madres cabeza de hogar, que solo aumentaron la tasa de adolescentes embarazadas; Los subsidios a las madres cabeza de familia, que solo aumentaron los divorcios racionales; Y los subsidios a las escuelas en las regiones con poca cobertura, situación que disminuyó las transferencias a escuelas municipales con mayor cobertura.
Como sabiamente ha resaltado Jon Elster, profesor en sociología de la Universidad de Columbia, las constituciones cobran vida y son efectivas, no solo si están “bien escritas”, de forma acorde al derecho internacional. Su valor no está solo en su coherencia normativa, su carácter racional o en sus intenciones humanitarias. Las constituciones cobran vida si son eficientes en lo económico y si facilitan la toma de decisiones en los niveles locales. Pero la Tutela parece tener efectos contrarios a lo esperado.

El boom minero-energético y la reforma al sistema de regalías

Después de importantes reformas institucionales que han alentado masivas inversiones en los últimos años (Country Profile: Colombia, 2010) y unos precios internacionales que siguen encaminados en una tendencia alcista de largo plazo (World Oil Outlook, 2010), las perspectivas del sector minero-energético colombiano parecen ser muy buenas. Y a pesar de las implicaciones directas positivas (el crecimiento el producto), hay algunas externalidades negativas asociadas a la expansión de esta parte de la economía que pueden convertirse en obstáculos importantes para el desarrollo del país en el largo plazo. Como veremos más adelante, la evidencia internacional muestra que estas consecuencias pueden gestionarse, de tal manera que su impacto se minimice. En este artículo exploraremos los rasgos generales del marco institucional de distribución de regalías, evaluaremos sus efectos recientes sobre el bienestar de los ciudadanos que viven en las poblaciones beneficiadas por las mismas e intentaremos responder si es adecuado para la nueva realidad minero-energética que va a enfrentar Colombia en el mediano plazo. Adicionalmente, describiremos y comentaremos la propuesta de política pública del gobierno para reformar el Sistema de Regalías Colombiano. 


i.) El problema 


a.) El Sistema de Regalías Actual: Arquitectura, evolución y evaluación

La infraestructura institucional que soporta al actual Sistema de Regalías, en términos generales, descansa sobre la Constitución Política de 1991 que reza que el Estado es propiertario del subsuelo y, consecuentemente, de los recursos naturales no-renovables que allí se encuentren. Por ello, cuando algún privado explote el subsuelo, el Estado debe recibir una contraprestación económica. Los montos de estas transferencias varían de acuerdo al tipo de recurso no-renovable explotado[1]. Los destinos de estas transacciones no han sido constantes siempre dadas las eventuales reformas, pero según cifras del Ministerio de Hacienda (2010), en promedio desde 1994 hasta 2009, los departamentos productores han recibido un 49% de los giros, mientras que los municipios productores un 23%, los municipios portuarios un 7% y el Fondo Nacional de Regalías un 21%[2]. El monto total girado por concepto de regalías en el mismo período fue de $42.2 billones de pesos constantes de 2009, de los cuales $33.3 fueron directas y $8.9 indirectas. La cantidad de dinero anual transferido ha venido creciendo consistentemente desde aproximadamente $0.5 billones en 1994 hasta $4 billones en 2009. Adicionalmente, es relevante mencionar que los receptores de estas rentas son altamente concentrados: Tan sólo 8 departamentos han recibido el 80.5% de los recursos girados desde 1994 a 2009. 

Teniendo en cuenta esta breve descripción de la arquitectura institucional y la evolución del Sistema de Regalías, es conveniente preguntarse: ¿Ha funcionado?. Esta es una pregunta robusta y cuya respuesta tiene implicaciones de política pública profundas, especialmente a la luz de las perspectivas de mediano plazo del sector minero-energético en Colombia (que exploraremos más adelante). Para intentar responderla con las herramientas conceptuales disponibles, compararemos el desempeño social de los 8 departamentos que acaparan más de 4/5 de los recursos de regalías con el promedio nacional. Para evaluar esto utilizaremos el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) derivado de los censos poblacionales de 1993 y 2005. 


Fuente: DANE 

En el gráfico hay 3 barras por cada departamento. La primera muestra la pobreza por NBI en 1993, mientras que la segunda en 2005. La tercera muestra la reducción porcentual entre la primera y la segunda. 

Llama la atención, sin lugar a dudas, la enorme volatilidad de las diferentes barras entre departamentos. Esto implica que hay regiones que han sido más exitosas que otras reduciendo la pobreza. Para eliminar estas variaciones y hacer una comparación que sea sencilla de analizar, se han promediado de forma ponderada los indicadores en los departamentos receptores de regalías, de tal manera que se pueda comparar con el average nacional. Los resultados de esta comparación son reveladores: No hay casi diferencias entre el promediado nacional y el de departamentos receptores (“Promedio” en la gráfica). Esto, si se tiene en cuenta que los departamentos receptores evaluados han recibido aproximadamente $26.8 billones de pesos de 2009 desde 1994, revela el primer gran problema del actual Sistema de Regalías Colombiano: La ineficiencia. Básicamente las regiones que se han visto beneficiadas por las royalties originadas en la extracción de petróleo e hidrocarburos han hecho lo mismo (al menos a nivel agregado), en términos de reducción de pobreza por NBI, que las que regiones que no. Este punto se ve reforzado por el análisis que los tecnócratas del Ministerio de Hacienda (2010) hacen al observar la evolución de las coberturas mínimas en todo el país y en los departamentos receptores: A pesar de las regalías, estos departamentos, en promedio, siguen estando por debajo de las metas objetivo impuestas hace unos años y muy cerca de la media nacional (a pesar de haber contado con recursos mucho mayores). 

Otro punto relevante para la discusión del Sistema de Regalías Colombiano es el de la equidad: Han sido los dineros originados en regalías repartidos de una manera equitativa?. Para responder esto, hay que tener en cuenta que por mandato de la Constitución Política, los recursos del subsuelo son propiedad del Estado y, como en teoría, el Estado somos todos los colombianos, los beneficios nos deberían llegar a todos. O al menos, debería existir cierta proporcionalidad entre lo repartido y los que en teoría deberíamos ser los receptores. Ahora, ha existido eso? Según las cifras del Departamento Nacional de Planeación, plasmadas en la siguiente gráfica, no: Un sólo departamento (que tiene el 0,7% de la población nacional) ha recibido poco menos de ¼ de todos los frutos de las regalías. 



Fuente: DNP 

De esta manera, queda demostrado que el Sistema de Regalías Colombiano no ha funcionado bien en los años recientes. Como quedó planteado arriba, no sólo tiene problemas de eficiencia, sino también de equidad. Estos inconvenientes que de por sí son bastante serios, pueden multiplicarse y hacerse más graves en el futuro, especialmente cuando se consideran las perspectivas de mediano plazo del sector minero-energético colombiano, que implicarán muchas más regalías, en tanto los volúmenes de producción y los precios internacionales de las materias primas serán mucho más altos. 


b.) Lo que se viene 

Ante un panorama minero-energético cada vez más sombrío, en el año 2003 la administración Uribe inició una profunda reforma a la arquitectura institucional asociada a los procesos de exploración y perforación de hidrocarburos[3], con el fin de incentivar la inversión privada y asegurar la autosuficiencia energética nacional en el largo plazo. A grandes rasgos, el gobierno implementó incentivos tributarios, mejoró las condiciones de los contratos para el sector privado, creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (entidad que gestiona la política petrolera colombiana) y se comprometió a proveer un ambiente de seguridad robusto, pre-requisito para la operación exitosa de las compañías del sector. Eventualmente, las reformas han tenido los efectos esperados (Country Profile: Colombia, 2010) Según cifras del Ministerio de Minas y Energía (2010), los pozos de exploración petrolera, por ejemplo, pasaron de 10 en 2002 a 98 en 2008. Y aunque el crecimiento en la actividad minero-energética ha sido importante en los años recientes[4], este tal vez sea sólo el comienzo de una gran expansión, pues según estimaciones del Gobierno Nacional, de 2010 a 2015 se esperan U$57.697 millones de dólares de nuevas inversiones para el sector. Este dinero, sin lugar a dudas implicará una mayor producción pues aproximadamente la mitad está destinada a nuevas perforaciones petroleras y la construcción de nueva infraestructura minera. De esta manera podemos deducir el primer gran rasgo del panorama a mediano plazo del sector minero-energético colombiano: Mucha más producción. 

La segunda gran característica, sin lugar a dudas, es la consolidación de la tendencia alcista en los precios de los commodities que exportamos. Según el World Oil Outlook (2010), la OPEC, por ejemplo, espera que los precios del barril de crudo se sitúen alrededor de los U$85 hasta 2020 y los U$106 hacia 2030, niveles que son elevados, especialmente a la luz de sus históricos. Este fenómeno encuentra explicación en el fuerte incremento de la demanda de materias primas de las economías emergentes, especialmente la de China (World Energy Outlook, 2010). 

Así, queda claro que las perspectivas del sector minero-energético colombiano son bastante positivas, pues combinarán dos fuerzas que impulsarán su crecimiento: Mucha más producción y precios elevados para esa producción. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones? 


c.) Los riesgos de “Lo que se viene” 

Las implicaciones para la sociedad colombiana de este inevitable boom minero-energético son amplias y profundas. En primer lugar, hay una consencuencia obvia y positiva: El producto va a crecer porque esa actividad económica en particular se va a expandir. No obstante lo anterior, la experiencia internacional nos demuestra que este tipo de auges vienen acompañados por problemas que pueden anular las ganancias directas asociadas a la expansión directa de la actividad minero-energética. Mencionaremos los riesgos más representativos de estos booms a continuación. 

  • Aparición de secuestradores de rentas: Cuando hay incrementos sustanciales en los ingresos de alguna institución en particular, empiezan a aparecer presiones ejercidas por diferentes grupos de interés que tienen como objetivo último apropiarse de las nuevas rentas[5]. Esto es particularmente relevante para la discusión actual pues se espera que los ingresos de la Nación por el concepto de regalías aumenten de $9.3 billones en 2011 a aproximadamente $23 billones en 2021 (León, 2010). Cabe anotar que estos grupos de interés buscan, valga la redundancia, proteger sus intereses, no los de la sociedad en general. 

    Adicionalmente, en el caso colombiano puede existir una particularidad y es el tipo de buscadores de renta: Ya hemos presenciado cómo los grupos armados ilegales se han apropiado de recursos de regalías para financiar sus expansiones operacionales. Ortiz (2006) identifica en este tipo dineros uno de los tres “orígenes financieros” del incremento en las operaciones de las FARC y el ELN en la década de los noventa. Adicionalmente, Ross (2004) menciona que hay consenso entre los académicos sobre la relación positiva entre la disponibilidad cercana de este tipo de recursos naturales (o de las regalías) y la duración de un conflicto armado. 

  • Manejo imprudente de las finanzas públicas: El Ministerio de Hacienda (2010) ha identificado que en épocas de bonanza, el comportamiento más habitual de los países beneficiados es apalancar los enormes flujos transitorios originados en el boom para emitir deuda y financiar diversos proyectos, lo que se vuelve insostenible cuando la bonanza se diluye y a los gobiernos sólo les quedan los buenos recuerdos y un stock de deuda más alto que antes de la bonanza. De esta manera, es imposible hacer una política fiscal anticíclica que vuelva más estable el ciclo de crecimiento económico.

  • Inestabilidad Macroeconómica: La entrada de flujos masivos de moneda extranjera por booms como el que se espera que el sector minero-energético experimente en los próximos años suele asociarse con varios problemas macroeconómicos. El más relevante y conocido se conoce como enfermedad holandesa y está asociado a la apreciación de la tasa de cambio dada la entrada masiva de moneda extranjera, que termina por afectar la competitividad de los sectores exportadores (que en el caso colombiano son intensivos en mano de obra), aumentar el consumo de bienes importados y, consecuentemente, deteriorar el balance de la cuenta corriente[6]. 

  • Profundización de los problemas actuales: En el caso Colombiano en particular, debería esperarse que, con una bonanza minero-energética y asumiendo que no se modificará la regulación existente, los problemas asociados a la distribución de regalías continúen y se vuelvan más profundos, en tanto la disponibilidad de recursos aumenta y la regulación que enfrentan los individuos no cambia. 

De esta manera, quedan planteados los problemas potenciales que una economía puede afrontar en un escenario de bonanza minero-energética. La experiencia internacional muestra que estas implicaciones potencialmente negativas pueden ser gestionadas, pues hay paises como Chile o el Perú que han logrado manejarlas y usar los ingresos de este tipo de booms para financiar responsablemente las necesidades de largo plazo de sus economías (infraestructura, por ejemplo). De igual manera, hay arquetipos que nos recuerdan que estos problemas son amenazas reales: Lamentablemente, existen numerosos ejemplos para soportar este argumento: Venezuela, Nigería, etc. (Álvarez & Hanson, 2009) y (“Feeling the heat”, 2010). 

Conscientes del punto anterior, funcionarios del Gobierno Nacional han propuesto una amplia reforma al Sistema de Regalías para intentar solucionar los problemas que describimos anteriormente (inequidad y eficiencia, especialmente) y atajar los inconvenientes potenciales que acabamos de mencionar.


ii.) La respuesta del gobierno 

La reforma propuesta por la Administración Santos cambia las reglas del juego de la distribución de regalías, pues elimina la estructura actual de pagos directos, girados a municipios y departamentos, e indirectos, que enviados al Fondo Nacional de Regalías. De ser aprobado el proyecto de ley y teniendo en cuenta las modificaciones recientes que ha sufrido, se crearía el Sistema General de Regalías (SGR), que a su vez se dividiría en varios fondos: i.) Fondo de Ahorro Pensional Territorial, que absorbería un 10% del SGR, ii.) Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, al que también se le asignaría un 10% del SGR, iii.) Fondo de Ahorro y Estabilización, sin un monto puntual específicado, que sería administrado por el Banco de la República y estaría orientado a construir la capacidad de hacer política fiscal contra-cíclica, iv.) Fondo de Desarrollo Regional, que sería utilizado para financiar proyectos de desarrollo regional formulados por en forma colegiada por autoridades del orden nacional, departamental y municipal, v.) Fondo de Compensación Regional, cuya función sería promover el desarrollo de las regiones más pobres del país (costeras, fronterizas y de periferia) y tendrá una vigencia de 30 años a partir de la promulgación del proyecto de ley. Adicionalmente, los dineros restantes quedarían disponibles para ser girados bajo la modalidad de regalías directas, como una compensación por los efectos ambientales nocivos que la extracción de recursos del subsuelo puedan generar. 


iii.) Comentarios y Conclusiones 


El proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno Nacional parece caminar en la dirección correcta, si el objetivo es atacar las falencias del actual Sistema de Regalías y prevenir los problemas que suelen acompañar a las bonanzas de productos básicos. En primer lugar, es importante destacar que la distribución de las rentas va a ser mucho más equitativa y consciente de la realidad nacional, pues el dinero ya no se va a destinar en proporciones tan elevadas únicamente a las regiones productoras: El Fondo de Compensación Regional es una herramienta que puede convertirse, en el largo plazo, en una fuerza relevante para cerrar las profundas brechas que existen dentro de las regiones de Colombia. Adicionalmente, el Fondo de Desarrollo Regional podrá financiar proyectos de interés de las regiones con la supervisión del Gobierno Nacional, lo que es positivo desde el punto de vista de los departamentos y municipios, pues podrán ejecutar sus proyectos, y desde el de la sociedad en general, pues i.) estas iniciativas contarán con la supervisión de la Autoridad Central, lo que en principio sería positivo, al menos a la luz de los problemas descritos anteriormente - -ineficiencia e inequidad- y ii.) la formulación de grandes proyectos puede generar economías de escala que pueden hacer que se mejore la eficiencia del dinero gastado. En segunda instancia, es necesario mencionar que el Fondo de Ahorro y Estabilización puede ser no sólo un instrumento para neutralizar a los secuestradores de rentas y evitar presiones sobre alcistas sobre el tipo de cambio, sino también para revitalizar el concepto de política contra-cíclica en el país, que es tan relevante para la reducción de la volatilidad macroeconómica, que a su vez se asocia con un menor crecimiento del producto en el largo plazo (Larraín & Parro, 2008). Y finalmente, la creación del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación senta un precedente importante para la financiación de iniciativas que puede ser importantes para el desarrollo de largo plazo de Colombia y que en este momento cuentan con escasas alternivas de fondeo. No obstante lo anterior, hay algunos puntos sobre los cuales todavía existen dudas. Por ejemplo, no tenemos todavía definidos criterios de evaluación que nos permitan saber que tan eficiente va a ser esta nueva arquitectura institucional. De igual forma, no hay certeza sobre los entes que evaluarán y supervisarán a los agentes gubernamentales que ganarán poder con el nuevo Sistema General de Regalías. Y tampoco hay nuevos elementos de control para las regalías directas, que por motivos de real politik, resucitaron, ya que habían sido eliminadas en el proyecto de ley original. 

En conclusión, la iniciativa del gobierno es plausible porque camina en la dirección correcta: Ataca los problemas que hoy caracterizan a nuestro sistema de regalías y crea cierta institucionalidad que nos ayudaría a minimizar las externalidades negativas que suelen acompañar a las bonanzas de productos primarios. Y si bien hay algunos interrogantes que todavía deben resolverse, la reforma parece bien concebida y debería funcionar pues ha sido diseñada teniendo en cuenta experiencias internacionales como la de Chile o Perú. Sin embargo, sólo la historia y el pasar del tiempo podrán determinar con exactitud el nivel de éxito de esta iniciativa. 


iv.) Bibliografía

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[1] Para definiciones más detalladas, las proporciones están definidas en los artículos 31 al 48 de la Ley 141 de 1994. Algunas modificaciones recientes se han promulgado en los artículos 20 al 22 y 27 al 29 de la Ley 756 de 2002 y el artículo 3 de la Ley 1283 de 2009. También vale la pena mencionar que desde la Ley 141 se establecieron las “coberturas mínimas” que son objetivos de cubrimiento en servicios básicos cuya consecución se debe efectuar, en parte, con dinero de las regalías. Los municipios y departamentos sólo dispondrán del 40% de los ingresos que tengan por giros de regalías para financiar proyectos de inversión no relacionados con los servicios báscis hasta que cumplan con estos objetivos.


[2] De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energías (2008) el Fondo Nacional de Regalías es el receptor de las llamadas regalías indirectas, es decir, las que no reciben los municipios y departamentos productores. Sus fondos se utilizan para financiar o co-financiar proyectos que tienen como objeto aumentar el stock de infraestructura de gas combustible en Colombia. Eventualmente se ha usado para financiar otros proyectos de diversos tipos.


[3] Los detalles del panorama minero-energético que afrontaba el país en 2002, así como los detalles de las reformas institucionales realizadas, puede encontrarse en Vera (2009). De igual manera, la US Energy Information Administration (2010) ofrece un resumen documentado del sector minero-energético colombiano.


[4] Según el Ministerio de Minas y Energía (2010), entre 2002 y 2009, la producción de carbón aumentó 87%, la de ferroníquel un 17.7%, la de platino un 40.5% y la de oro un 65.9%.


[5] Esto se conoce como Efecto Voracidad ó Voracity Effect y es desarrollado por Tornell & Lane (1999).


[6] El Ministerio de Hacienda (2010) hace un recuento de otros efectos macroeconómicos asociados a las bonanzas de bienes primarios.

Son los muertos, estúpido.

Haciendo un poco de investigación para el trabajo sobre seguridad fronteriza, me encontré con este interesante librito del Center for Strategic and International Studies sobre el estado de la cooperación méxico-americana en materia de narcóticos. Hay un apartado que es particularmente ilustrativo para la discusión de la efectividad de la guerra contra las drogas. Es cliché, pero dada la insistencia de muchos en cerrar sus oídos, no está demás repetirla:
The government (México) has had many successes, including confiscating drugs, capturing cartel kingpins and extraditing many of them to the United States for prosecution, and using well-planned raids and killing many cartel leaders. Violence by the cartels has escalated, however.
Cooperative Mexican-U.S. Antinarcotics Efforts. En CSIS.

La historia de la familia mía:

Una historia de movilidad social en forma de U.


Los Vallejo Naranjo: Del campo a la ciudad

Hacia el segundo cuarto del siglo XX, el Padre y la Madre vivían en Jericó, un pueblito refundido entre las motañas antioqueñas. Eran las cabezas de la recién formada familia Vallejo Naranjo, que en poco tiempo ya contaba con 6 críos, que iban y venían por los pasillos de una casa colonial de tejas de barro y amplios pasillos. Los muchachos disfrutaban de la vida privilegiada que el señor Vallejo les podía dar, derivada de los buenos rendimientos de la Hacienda Santa Clara, propiedad de la familia: Podían ir con uno de los trabajadores de la Hacienda a dar un paseo por el pueblo o aprovechar los campos de un país que todavía era pacífico. Para los interesados en opciones de entretenimiento más sofisticadas, que no gustaban de los veleidosos juegos de infantes y se inclinaban por otras formas de placer más profundas, también habían posibilidades: Casualmente, uno de los carretólogos del pueblo, Manuel Mejía Vallejo, era pariente y visitante asiduo de la casa. Eso permitía ciertos encadenamientos intelectuales con el resto de la élite letrada (o que al menos aspiraba a serlo) del pueblo, que bien podrían ser explotados por los muleques paisitas. No sobra decirlo, los muchachos estaban todavía muy pequeños para ir a la escuela.

Sin que haya claridad por qué, el Padre decidió emigrar hacia el Valle del Cauca hacia finales de 1937. Los historiadores aficionados de la familia están divididos sobre las causas del viaje. Los de izquierda (como mi papá, antiguo miembro de las juventudes Maoistas de la Universidad Nacional hasta que maduró –a buena hora) culpan al comienzo de la violencia y al hostigamiento de otros terratenientes de talante conservador que no tenían muy buenas relaciones con mi bisabuelo, más liberal que otra cosa. Los de derecha (como la tía Abuela con quien vivo) creen que el orígen del traslado se acerca más hacia la naturaleza emprendedora del señor Vallejo. Pero más alla de los profundos debates historiográficos intrafamiliares, el hecho de fondo es que toda la familia se mudó para una finca entre Palmira y Cartago. Allí, el Padre intentó hacerse a un negocio asociado a la panela y el azúcar, que en últimas fracasó. El know how cafetero no sirvió de mucho en el negocio de la caña. Esto, sumado al disgusto de mi bisabuela por la humedad y el calor del trópico valluno, terminó por propiciar otra migración , esta vez a un centro urbano: Pereira.

En esa ciudad cafetera la vida era a otro precio. La situación social de la familia era, en definitiva, diferente a la de Jericó. Por las penurias de la migración y la ruina de la caña, mis bisabuelos (y todos sus muchachos) pasaron de los buenos tiempos del café al hacinamiento de una pensión en una urbe. De los paseos en bestias para contemplar el campo al mundanal ruido de una ciudad incipiente. Ya para entonces mi abuela Lucía estaba bien formada: A la madre de mi padre le tocó toda la travesía de colonizadores antioqueños hasta el Valle del Cauca cuando era muy pequeña, colgada en un cajón de una de las bestías del Padre. Fue entonces en Pereira donde creció y estudió hasta inicios del bachillerato. En las vacaciones iba a visitar a los parientes que habían dejado Jericó por otros lugares que los habían tratado mejor: Medellín, por ejemplo. Fue en una de esas visitas a la familia remanente en Antioquia que conoció a Gilberto Jaramillo, oriundo de San Vicente, burócrata de la Dirección de Impuestos y persona que hoy es mi abuelo. Después de varios encuentros vacacionales, el amor floreció y la pareja se casó. Escogieron a Medellín, esa ciudad rodeada de montañas escarpadas y de clima benevolente como la anfitriona de su hogar, el sitio para ver crecer a sus crías.

Los Jaramillo Vallejo: Orígenes de la típica clase media latinoamericana

Durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, Gilberto y Lucía vivieron en el Barrio La América, que es eminentemente popular. Allí tuvieron a sus 2 hijos y tres hijas: Jairo (mi papá), Manuel, Nora, Ángela, Beatriz. Los dos muchachos hicieron todo su bachillerato en el Líceo Salazar y Herrera (tristemente célebre conocido como la Cangreja), mientras que la mujer mayor estudió en el Colegio de Monjas La Presentación y las otras dos estudiaron en el Centro Formativo de Antioquia.

La vida familiar era similar a la que las familias colombianas promedia podían aspirar: Mi abuelo seguía siendo funcionario público y encontraba en la bebida una salida conveniente a los dramas derivados de llevar una vida tan estable. Una escapatoria para las malas energías asociadas a la frustración de estar siempre detrás del mismo escritorio con la misma rutina, todos los días. Mi abuela nunca trabajó formalmente y siempre vivió en función de sus hijos. Eventualmente, se unía a los ofertantes de conos de helado para tapar los huecos de un presupuesto familiar que a veces se descuadraba por los excesos etílicos de mi abuelo, o sencillamente para tener con qué pagar el matinal del domingo para mi papá y todos mis tíos, todos ellos muleques paisitas demandantes. Manuel, mi único tío varón, existía en función de su afición por los animales y todos los problemas domésticos asociados a la nueva vocación zoológica que el mismo le encontró a la casa: Cadáveres de micos hasta sepelios de canes. Por eso mismo, estudió medicina veterinaria y zootecnia en la Universidad Nacional. Nora, la hermana mayor, siempre tuvo una alma dispuesta al sacrificio. Estudió Arquitectura en la Universidad Nacional y hoy alterna las mieles de la jubilación temprana con un trabajo en una de las comunas pobres de la ciudad, asesorando a una parroquia en sus esfuerzos caritativos. Ángela, mi tía más jóven, se enamoró jóven de un músico que tocaba guitarra. Y contra los pronósticos, todavía están juntos: El hombre pasó de tener poco más queun hippie hype (sexy para las muchachas de la época) a tener un puesto de cuello blanco en una institución cultural de la ciudad de Medellín. Beatriz, la última que me falta por reseñar ocupa un lugar inevitable en las familias colombianas: La que viajó a los Estados Unidos buscando un futuro mejor: Decepcionada de la vida, dada la negativa de mi abuelo a financiarle su carrera (¿?) de azafata, decidió trabajar un tiempo y ahorrar un dinero para buscar la forma de aterrizar en el primer mundo. Y finalmente lo hizo: Hoy es una mujer independiente con un trabajo a prueba de recesiones –Agente de Cobro de Impuestos del Internal Revenue Service.


Los Jaramillo Quimbaya

Mi papá, hoy no sabe explicar por qué, estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional. Allí fue un miembro de las juventudes comunistas y de las causas sociales. Más adelante, consiguió un empleo en una compañía de consultoría que se especializaba en hidroeléctricas y grandes obras de infraestructura. Trabajó en uno y otro proyecto hasta 1985, cuando lo trasladaron al Huila para colaborar en la construcción de un monumento al gasto estatal ineficiente: La hidroeléctrica de Betania. Allí conoció a Blanca, una secretaria de la región que había conseguido su cargo por un complejo sistema de palancas y poleas maquinado por una tía apreciada. Después de siete años de noviazgo furtivo y esquivo, y la amenaza de mi madre de dejarlo si no se decidían a concretar una relación seria en el plazo, mi padre decidió que era la hora de organizar las cosas. Y bueno, se casaron. Algunos años más tarde nació Luis Felipe, el único hijo de la unión genética de Jairo y Blanca. El muchacho estudió en el Colegio Agustiniano Ciudad Salitre de Bogotá, junto a muchos de sus vecinos y compañeros de clase media. Eventualmente, y ante un golpe de suerte que le cambió la vida a toda la familia, finalizó su bachillerato en Valledupar. Hoy estudia en la Universidad de los Andes. Y sigue escribiendo esta historia.

FARC, Bandas criminales emergentes y narcotráfico: el futuro del conflicto Colombiano

En Colombia, los últimos veinte años se han caracterizado por un elevado nivel de volatilidad en materia de seguridad y violencia. Así, por ejemplo, según las cifras publicadas por el Instituto de Medicina Legal y analizadas por De la Hoz & Vélez (2008), la tasa de homicidios ha fluctuado considerablemente desde mediados de los años ochenta: En 1985, por cada cien mil habitantes se presentaron 48 homicidios, mientras que en 1993 fueron 77, en el 2002 tuvieron lugar 64 y en el 2008 acontecieron 34. El importante incremento en la tasa de homicidios entre 1985 y 2000 se explica, según Sánchez & Nuñez (2001), por el aumento de actividades relacionadas al narcotráfico y al colapso del sistema judicial, mientras que el decremento observado entre 2000 y 2008 se debe, conforme afirma Pizarro (2006), al esfuerzo de reforma de las Fuerzas Militares iniciado en el Gobierno Pastrana y consolidado por la Administración Uribe con la Política de Seguridad Democrática. Sin lugar a dudas, las FARC y los grupos paramilitares han sido protagonistas del auge y el desplome de la violencia en Colombia. El objetivo de este trabajo es revisar, de forma separada, qué variables han determinado el rumbo de su evolución y analizar, de forma conjunta, las tendencias recientes de esas variables para pronosticar lo que podemos esperar de esas organizaciones en tiempos venideros.

A.) Contexto de la evolución de los grupos armados en las últimas décadas

i.) Las FARC

En sus orígenes más remotos, las FARC formó parte de una importante cantidad de movimientos rurales que surgieron como un mecanismo de defensa de algunos campesinos liberales acosados por los conservadores en la época de La Violencia. Más adelante, esta organización, que todavía era relativamente primitiva recibió orientaciones políticas del Partido Comunista, propiciando su evolución al pasar de ser un grupo de campesinos con meros intereses de autodefensa a una organización más compleja, con un norte claro: Tomarse el poder. Y si bien tenían claros sus fines, las FARC carecían de estrategias claras para ejecutarlos: No tenían dinero y tampoco eran militarmente sofisticadas. Esto empezaría a cambiar tras la VII Conferencia, que fue llevada a cabo en 1982 y donde se plantearon objetivos estratégicos más claros (rodear a Bogotá para asfixiarla, establecer cuerpos de milicia en las zonas urbanas, etc...), así como formas de operación más sofisticadas (la Nueva Forma de Operar - NFO) y métodos de financiación para cumplir esas finalidades. Según Ortiz (2008), las FARC se pudieron financiar de tres formas: i) La más importante, a través de la incursión en el negocio del narcotráfico, inicialmente como guardias privados que protegían las plantaciones y cargamentos de cocaína que los carteles producían y más adelante, como productores y comerciantes propiamente dichos de narcóticos. ii) Mediante el secuestro y la extorsión de personalidades, negocio que se volvió excepcionalmente rentable tras la apertura económica, que implicó la llegada al país de muchas multinacionales con actividades económicas vulnerables a las actividades guerrilleras (petroleras, mineras, etc...). Y iii)  a través de la captura de rentas públicas, pues hacia finales de los años 80 se aprobaron algunas reformas constitucionales que trasladaron la administración de recursos públicos para fines sociales a instituciones regionales que podían ser chantajeadas por las guerrillas dada la débil presencia de la Fuerza Pública, lo que terminó en la transferencia de dineros del Estado a ese tipo de organizaciones ilegales.

Según Pizarro (2006), en la VIII Conferencia, llevada a cabo en 1991, con una posición financiera relativamente cómoda y en un contexto militar más complejo que el enfrentado en los años anteriores, las FARC definieron de forma más específica las estrategias para la consecución del Plan Estratégico para la toma del Poder, establecido en la VII Conferencia. Así pues, se consideró que era necesario pasar de la Guerra de Guerrillas a la Guerra de Movimientos, lo que implicaba una transformación estructural en los métodos de guerra de las FARC: Migrarían de un modelo convencional de guerrilla al de un Ejército sofisticado que podría enfrentar a otros Ejércitos y destruir sus estructuras regionales convencionales (ej. Batallones). También se consideró que para mermar la posible resistencia militar era necesario atacar a la Infraestructura Económica de la nación para minar los ingresos del Estado y consecuentemente el gasto militar.

En 1996, basadas en los lineamientos de la VIII Conferencia, las FARC mostraron su poderío militar y ejecutaron una escalada terrorista sin precedentes al atacar y tomarse diferentes pueblos en el sur del país. Entonces, ante la nueva estrategia de las FARC (grandes unidades tipo Ejército) y los resultados de la misma, las Fuerzas Militares emprendieron un proceso de inversión en inteligencia y movilidad que rindió frutos tras el fallido intento de toma de Mitú, donde las FARC tuvieron que replegarse rápidamente pues eran demasiado vulnerables, por el tamaño de las unidades, a ataques de la Fuerza Aérea. Desde entonces, las FARC no han sido capaces de volver a ejecutar ataques de gran envergadura, han tenido que replegarse a las selvas, volver a sus eternas retaguardias y regresar al viejo juego de Guerra de Guerrillas, lo cuál implica un retroceso estratégico enorme, pues es volver a las estrategias de guerra de hace 40 años, cuando eran un grupo insignificante en el aspecto militar (Pizarro, 2006).

Así pues, de acuerdo a lo anterior, los factores que han determinado la evolución (surgimiento y caída) de las FARC en los últimos 20 años han sido, a saber: i) Sus finanzas (narcotráfico, extorsiones y captura de rentas estatales) que han sido el combustible de su expansión y supervivencia reciente y ii) la postura del Estado en materia de Seguridad y su presencia efectiva en el territorio nacional.


ii.) Los grupos paramilitares y las bandas emergentes

La dinámica de evolución de este tipo de grupos ha sido diferente al experimentado por otras organizaciones armadas ilegales, pues ha sido heterogénea. Mientras que las FARC surgieron después de La Violencia, crecieron de forma orgánica y se consolidaron hacia finales de los años noventa por la sostenible economía de guerra que habían desarrollado y un Estado territorialmente débil, los grupos paramilitares no tuvieron un foco geográfico único de inicio y tampoco un origen ideológico universal: Según Garzón (2005) en Boyacá, el Magdalena Medio y Medellín, estas organizaciones surgieron por disputas relativas a negocios rentables (las esmeraldas y el narcotráfico) y algunas veces pudieron tener relaciones cooperativas con la subversión, mientras que en otros lugares como Córdoba y Urabá, los paramilitares fueron el fruto de la resistencia de algunas elites locales a ser intimidadas por las guerrillas y concebidos como una respuesta al abandono territorial del Estado.

Estudiar a estos grupos como un todo sería imposible si, en el largo plazo, todas estas aglomeraciones armadas no se hubieran confederado bajo el escudo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y tendido a incursionar con propiedad en el negocio del narcotráfico: Algunas facciones de la organización eran desde el comienzo, propiamente dichos, narcotraficantes con un componente ideológico muy limitado, tal como se demostraría con las relaciones de cooperación entre Pablo Escobar y el M-19 ("Pablo Escobar financió la toma del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985", 2009) y las inicialmente buenas relaciones entre paramilitares y guerrilleros en Boyacá (Garzón, 2005). Pero otras, como en Córdoba y Urabá, solo fueron integrándose al tráfico de narcóticos a medida que sus necesidades de financiación fueron aumentando y los aportes de sus partidarios (como ganaderos y hacendados) se volvieron insuficientes para sostener el esfuerzo militar que implicaba combatir una insurgencia poderosa. Inclusive, más adelante, esta última facción de los paramilitares se expandió por la Costa Atlántica buscando más terrenos para plantar hoja de coca y aumentar su base de ingresos.

Al inicio de la Administración Uribe y después de consolidarse como verdaderos grupos de poder en numerosas regiones del país como la costa Atlántica, Urabá y los Llanos Orientales, las AUC iniciaron un proceso de paz con el Gobierno con los objetivos, según Ortiz (2010), de desmovilizarse, legalizar algunos patrimonios obtenidos de manera ilegal durante la guerra contra la subversión y evitar la extradición. Así, según Uribe (2007), más de 32.000 paramilitares dejaron las armas colectivamente entre 2003 y 2006.

Lamentablemente, el proceso no dio los resultados esperados pues la oferta socio-económica del gobierno para que los desmovilizados regresaran a una vida corriente, el Proceso de Reintegración a la Sociedad Civil se encontró con múltiples dificultades, lo que ha implicado que muchos ex-combatientes vuelvan a conformar organizaciones ilegales (Los nuevos grupos armados de Colombia, 2007). Esto ha sido especialmente marcado en los mandos medios, que no encontraron ofertas atractivas del Gobierno (Herrera, 2010), pues son un grupo especialmente sensible por dos motivos: i) En general fueron ellos los que ejecutaron las numerosas masacres que se le atribuyen a las AUC y eso implica que estuvieron involucrados en crímenes de lesa humanidad, lo cuál acarrea la pérdida de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, como las condenas reducidas. Y ii) dada la estructura confederada de las AUC, donde cada frente era financieramente autónomo (Garzón, 2005), estos individuos tenían un poder financiero enorme, derivado en gran parte del tráfico de narcóticos, que se compensaría de manera insuficiente con pensiones proporcionalmente muy inferiores a los ingresos que se pueden obtener en la ilegalidad y algunos cursos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Así pues, como en las FARC, aunque de una forma mucho más irregular y heterogénea, la evolución de los grupos paramilitares ha estado determinada, en gran parte, por la evolución de dos variables: i) Sus finanzas, especialmente ligadas al narcotráfico, pues han determinado su origen y la fuente de su expansión hacia finales del milenio y ii) la postura del Estado en materia de Seguridad y su presencia efectiva en el territorio nacional, que cuando fue relativamente débil, especialmente en las Administraciones Samper y Pastrana, permitió el avance de este tipo de grupos.

B.) Futurología de las Variables

Las variables que hemos calificado como relevantes en la evolución de las FARC y los grupos paramilitares en las últimas décadas han sido i) Finanzas y ii) la postura del Estado en materia de Seguridad y su presencia efectiva en el territorio nacional. Adicionalmente, analizaremos algunos eventos recientes que no han estado presentes en esas organizaciones en los pasados años, pero que pueden ser relevantes en tiempos venideros. Evaluaremos las tendencias recientes de esas variables, así como  sus perspectivas en el mediano plazo.



i.) Las Finanzas

La composición de los ingresos de las FARC y los grupos paramilitares parece ser relativamente similar, pues conforme lo mencionado en la literatura citada anteriormente, ambos tienen una fuerte dependencia en el tráfico de drogas (Narco-Terror: The worldwide connection between drugs and terrorism, 2002 y Hanson, 2009), en algunos momentos históricos recibieron importantes flujos financieros de extorsiones o aportes de sus partidarios y lograron extraer recursos de las arcas públicas.

El Narcotráfico

Según los datos presentados en el World Drug Report (2009) y el análisis de Gaviria (2010), la producción global de cocaína parece haber permanecido estable en los últimos quince años: Ha oscilado entre las 800 y las 1000 toneladas métricas al año. No obstante la estabilidad agregada, la participación de los productores ha variado considerablemente en los últimos años. Así, por ejemplo, en 1994 Colombia produjo 200 toneladas métricas, Perú 400 y Bolivia 250. En 2000 nuestro país 600, Perú 200 y Bolivia 50. Para 2008, Colombia 400, Perú 300 y Bolivia 150. Lo más importante es que desde 2002 parece haberse consolidado una tendencia bajista en el número de toneladas que Colombia produce, lo que tiene implicaciones tanto para las FARC como para los paramilitares, pues significa que están exportando menores cantidades, lo que se debe traducir en menores ingresos para estas organizaciones armadas ilegales. Sin embargo, Gaviria (2010) es escéptico al respecto pues si la tendencia continúa implicaría que la producción de narcóticos se concentraría en Perú y Bolivia, y si se tiene en cuenta que Venezuela se ha convertido recientemente en una plataforma importante para el envío de cargamentos de droga hacia Europa y los Estados Unidos (Reyes & Obando, 2008), la probabilidad de que la cocaína producida en Perú y Bolivia pase por Colombia antes de llegar a Venezuela es elevada, lo que es relevante para estos grupos pues significa que podrían tener bajo su control el transporte de narcóticos dentro del país, una actividad que ya han llevado a cabo en el pasado y en la cual tienen experiencia (Ortiz, 2008), y que es la parte más gruesa y lucrativa del negocio de las drogas: Mejía y Rico (2010), estiman que este eslabón se lleva el 71% de los ingresos y la parte más importante de las utilidades, pues también es la actividad que tiene más riesgo implícito.

Entonces, las perspectivas de ingresos del negocio del narcotráfico para los grupos armados ilegales como las FARC y las bandas emergentes son mixtas pues si bien hay una tendencia bajista en el número de toneladas exportadas que parece haberse consolidado, la nueva geografía del tráfico de narcóticos parece haberse configurado de una forma que sigue ofreciendo fuentes masivas de financiación para los grupos al margen de la ley, lo que no es positivo para la situación de seguridad Colombiana pues esto debería implicar que van a contar con más recursos para la consecución de sus objetivos, que suelen perseguirse con métodos violentos y terrorismo.

- Secuestro Extorsivo

Según los datos disponibles en el Balance de la lucha antisecuestro (2010), la evolución reciente del secuestro extorsivo en Colombia ha sido bastante positiva. En 2000, por ejemplo, se registraron 2587 casos, mientras que en 2009 la cifra reportada disminuyó a tan sólo 36.
Existe un consenso relativo a las causas de este descenso y este pasa por la Seguridad Democrática, aunque hay un debate amplio sobre las formas utilizadas en la ejecución de esa política ("Seguridad Democrática: se enciende el debate," 2010). Pero independientemente de las causas, las implicaciones para los grupos armados ilegales como las FARC y los paramilitares son certeras: El secuestro extorsivo ya no es una fuente de financiamiento masivo. Muestra de lo anterior es que de los 16 secuestros llevados a cabo hasta Febrero de 2010, tan sólo 5 fueron ejecutados por las FARC, 2 por el ELN y el resto por la delincuencia común, lo que implica que esta actividad ha dejado de ser una fuente de financiación relevante tanto como para las FARC como para los paramilitares, que asumimos, se encuentran dentro de lo calificado como delincuencia común.
Y, finalmente, una recuperación de esa actividad parecería bastante improbable, al menos si el esfuerzo de Seguridad del Estado se mantiene, que como veremos más adelante, es lo más posible.

- Captura de Dineros Públicos
La captura de dineros públicos ha sido una de las expresiones más polémicas de la búsqueda de financiación por parte de grupos armados pues implica la transferencia de recursos del Estado para fines sociales (salud, educación, etc...) a organizaciones ilegales que usan el dinero para fines poco democráticos (contratar mercenarios, comprar armas, etc...).
Estudiar la evolución de este problema es complejo pues básicamente se encuentran dos dificultades: i) No hay literatura previa al respecto, más que artículos de prensa que denuncian escándalos puntuales. Y ii) Medirlo independientemente es muy complicado pues si bien se puede acceder a los presupuestos de diferentes entidades territoriales por el internet, no se puede establecer qué rubros se destinaron a fines no especificados.
Entonces, ante la escasez de datos específicos que traten el problema, sólo es posible especular acerca de la evolución del asunto. Para eso hay que tener en cuenta varios elementos: i) las FARC y los paramilitares se encuentran relegados y lejos de las zonas urbanas de los municipios (Y. Amat, 2009), donde podrían ejercer presión para hacerse con los dineros del Estado, ii) la presencia del Estado Colombiano, como examinaremos adelante, es hoy más fuerte que hace algunos años, lo que implica que las presiones de los grupos armados ya no serían tan efectivas y iii) que el conocimiento de la opinión pública sobre los escándalos de transferencia de dineros del Estado a particulares y organizaciones ilegales ha presionado al gobierno a crear entes que supervisen la ejecución de los presupuestos, tal como los Comités de Seguimiento y Evaluación a las Inversiones en Regalías (CSIR) que están adjuntos al Departamento Nacional de Planeación, lo que, en principio, debería también disminuir las probabilidades de que el problema se siga presentando (Global Corruption Report 2009, 2009).
Así pues, las perspectivas de esta fuente de financiación tampoco son muy positivas pues en los últimos años se ha desarrollado un contexto donde es más complicado que organizaciones como las FARC y los paramilitares puedan volver a obtener dinero de las arcas públicas

- Eventos Recientes
Tras la incautación de los computadores de alias Raúl Reyes, un importante personaje en el manejo de las interacciones internacionales de las FARC, el primero de Marzo de 2008, la opinión pública ha conocido una relevante cantidad de información sobre las relaciones de la organización guerrillera con algunos gobiernos de América Latina, especialmente con el de Venezuela, encabezado por el Presidente Hugo Chávez ("El computador de Reyes," 2008). Dentro de las revelaciones se encuentran numerosos casos de colaboración militar, diplomática e indicios de una aporte de US$300 millones de parte del gobierno venezolano para financiar las operaciones de las FARC en Colombia ("Polícia colombiana dice que Chávez entregó USD 300 millones a las FARC," 2008). Según recientes declaraciones del General Douglas Fraser, jefe del Comando sur de los Estados Unidos, esta asistencia se ha mantenido y no ha disminuido con el tiempo ("EEUU sostiene que Venezuela presta ayuda logística y financiera a las FARC," 2010). Es predecible que este apoyo siga existiendo pues está directamente asociado al proyecto bolivariano de Hugo Chávez, que como Jaramillo (2010) afirma parece, estar estable en el poder. Y todo lo que eso implica para nuestro conflicto.

ii.) La postura del Estado en materia de Seguridad

La postura del Estado Colombiano en materia de seguridad ha sido fuerte en los últimos años, desde mediados de la Administración Pastrana, cuando se inició el proceso de modernización de las Fuerzas Militares , y en los dos períodos de gobierno del Presidente Uribe con la aplicación de la Política de Seguridad Democrática. Según Cárdenas, Salcedo y Caballero (2005) esta política ha sido exitosa pues no sólo ha logrado reducir el número de homicidios, extorsiones y secuestros, sino también ha impulsado la mejoría en otros aspectos importantes para la sociedad colombiana, como la economía. La respuesta de la opinión pública ha sido clara: Apoyo y soporte a las políticas de la Administración Uribe. Ejemplos claros de lo anterior son i) los elevados niveles de popularidad del Presidente, ii) los resultados de las elecciones parlamentarias donde partidos asociados al Presidente (Conservador, de la U, PIN) obtuvieron importantes votaciones y iii) las macrotendencias dentro de las encuestas para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este año, que tienen como líderes a candidatos que han prometido fortalecer a las Fuerzas Militares. Por todo lo anterior, es difícil que la postura del Estado en materia de Seguridad cambie de rumbo en demasía, lo que debería terminar por seguir complicando los ambientes operativos de organizaciones armadas como las FARC y los paramilitares, caso contrario a lo que ocurrió en las Administraciones Betancur y Pastrana donde, según Ortiz (2010) los procesos de paz fueron aprovechados por la subversión para expandirse y ganar territorios estratégicos.

C.) Conclusión

En este artículo se han examinado las variables que han determinado la evolución de las FARC y los paramilitares en las últimas dos décadas y se ha especulado sobre elementos nuevos que podrían importar en el futuro acontecer de esas organizaciones. Los hallazgos no son del todo claros y es difícil proponer una conclusión sencilla: Si bien las actividades de los grupos armados ha disminuido considerablemente en los años recientes –y más importante aún, lo que ha causado ese descenso parece haber llegado para quedarse- y parte importante de su financiación se ha reducido a cero, las FARC y las bandas emergentes siguen encontrando en el narcotráfico una fuente de dinero amplia y sostenible en el mediano plazo, al tiempo que las guerrillas han encontrado en Venezuela un aliado estratégico y financiero que es difícil de combatir. Lo anterior configura un mapa estratégico complejo que parece estar destinado a prolongarse en el tiempo pues una victoria de alguno de los dos bandos parece improbable: Las FARC están demasiado debilitadas como para volverse, de nuevo, una amenaza real a la institucionalidad de la República, pero, al igual que las bandas emergentes, seguirán recibiendo flujos importantes de fondos derivados del narcotráfico y asistencia de aliados foráneos que les permitirán alimentar su existencia durante un buen tiempo. De cualquier manera, nuestro conflicto parece estar cada vez más alejado de los escenarios de crisis de finales de milenio, lo que sin lugar a dudas es ganancia.

D.) Referencias

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