Mea Culpa

Los latinoamericanos tenemos varios patrones de comportamiento que suelen repetirse constantemente. Por ejemplo, algunos dicen que somos más alegres y creativos que las aburridas y cuadriculadas razas anglosajonas. Otros que tenemos dotes afectivos superiores a las castas blancas de otros continentes. Pero si hay algo que nos identifica, al menos en lo que es relativo a nuestras relaciones con otros países, es la tendencia a adjudicarle la culpa de nuestras desgracias a otras naciones: Que los españoles del siglo XVII para atrás, después los ingleses, después los gringos y recientemente las potencias de Oriente que nos empiezan a robar clientes de manufactura por su increíble habilidad para progresar en productividad. Pero en medio del tiempo que gastamos en nuestros alegatos que intentan retratarnos como víctimas inofensivas de la historia, nunca reparamos en que nosotros mismos nos hemos encargado de hacer de nuestras instituciones democráticas y económicas (algo clave para la innovación y la inversión, y por ende para el crecimiento económico de largo plazo) un desastre. Tal vez la prueba fehaciente de lo anterior es la reciente aprobación –cuya unanimidad es preocupante- del referendo reeleccionista en el Senado de la República, que seguramente terminará en un deterioro más profundo de nuestra ya debilitadas instituciones políticas.

La voluntad electoral no es necesariamente la de los electores

En una reciente columna de opinión Hernando Gómez Buendía expone de forma rigurosa la coyuntura política presente en el país. Básicamente, muestra que lo que muchos consideran el acatamiento de la voluntad popular, realmente consiste en el seguimiento de una serie de estrategias que han buscado todo el tiempo el logro de ciertos objetivos electorales. La reforma política ha sido la principal actividad mediante la cual el gobierno y sus partidos han aparentado afrontar la crisis política y jurídica del país, pero realmente la han usado como una herramienta para el desarrollo de una serie de estrategias que tienen como objetivo la reelección. La voluntad electoral no es necesariamente una expresión democrática, sino más bien un tire y afloje de quienes se pelean el poder político, jurídico y económico del país.
La reforma política en curso, que buscaba en un inicio cambios radicales en el congreso debido a los vínculos con el paramilitarismo, se ha ido suavizando en cada cambio, con el objetivo de que el gobierno no pierda su mayoría en el congreso. En un inicio, la reforma requería que los 73 políticos involucrados perdieran su curul, sin posibilidad de reemplazo por quienes conformaban sus listas. Sin embargo, el gobierno propuso que el fuero del congresista fuera intocable, pidiendo una medida de aseguramiento, que más que castigar las conductas delictivas de los congresistas, sería una acción leguleya para poder sacar el cuerpo a las investigaciones a los congresistas. Igualmente, los cambios a la reforma política han ido limpiando toda responsabilidad jurídica y política de los partidos a los cuales pertenecían los congresistas investigados. Esta fue una estrategia que tenía entre sus objetivos el que los pequeños partidos uribistas no perdieran su personería jurídica. Esta reforma igual buscó desactivar cualquier criterio cuantitativo para hacer que se castigara a estos partidos, dejando en manos del consejo nacional electoral las decisiones disciplinares del caso, siendo este un ente controlado por los partidos políticos.
Entre otros objetivos, estaba el disminuir la competencia política, para lo cual se incrementó el umbral electoral, situación de la cual estarán salvos los partidos pequeños uribistas al ser acogidos por los partidos grandes. También prohibieron que los concejales y diputados renunciaran a sus cargos para aspirar al congreso. Además, pretenden influir en el poder electoral, siendo que el registrador ya no será elegido por méritos ante las altas cortes sino ante el congreso. Sumado a todo esto, el consejo electoral ya declaró limpias las firmas del referendo. Para conseguir los 7 millones de votos propusieron extender la reelección de alcaldes y gobernadores, para que estos arrastren sus capitales electorales a las urnas. Otra parte de la estrategia para acumular capital político y llevarlo a las urnas es presentar el referendo al agua y a la cadena perpetua al mismo tiempo que el referendo por la reelección. La idea es usar estos referendos, que tienen serios problemas para plantearse como políticas serias y bien planeadas, como formas de incentivar a la opinión pública a las urnas.
Como puede verse, lo que muchos consideran la expresión de la voluntad del pueblo, o el premio a un buen gobierno, realmente es el desarrollo de estrategias leguleyas y politiqueras que nada tienen que ver con un ejercicio sano de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Estamos en un periodo de crisis institucional muy grave. La necesidad de quienes controlan el poder en este momento por asegurarlo demuestra que realmente no hay buenas acciones políticas. La polarización seguirá desvirtuando toda política y toda ley, en tanto que gobernantes, legisladores y jueces compartan métodos poco progresistas y centrados en acumular poder, pero no en hacerlo equitativo y complementario.