Utopía y paranoia.

Columna publicada en el periódico La Campana de Popayán, en Agosto de 2010.
En la anterior edición de este periódico el columnista Gabriel Bustamante, palabras más, palabras menos, expuso que la Tutela es el único mecanismo que ha hecho posible cumplir con los derechos constitucionales de una gran parte de la población colombiana, siendo, según su argumento, que el Neoliberalismo acabó con la posibilidad de hacer cumplir las leyes y normas constitucionales que garantizaban un Estado Social de Derecho.
Sin embargo, cabe hacerse algunas preguntas: ¿Acaso el Estado Social de Derecho ya existía previamente, y permitía el cumplimiento cabal de las leyes y normas que satisfacen los derechos humanos de todos los colombianos? ¿Acaso la Tutela no generó distorsiones en las prioridades del gasto del Estado? ¿Acaso algunos fallos obligados por las tutelas no generaron incentivos inesperados en el sector Salud, que terminaron por beneficiar de forma inesperada a las EPSs? O acaso ¿Algunas reformas a la ley inspiradas en estos mecanismos de ayuda a sujetos vulnerables no generaron resultados totalmente contrarios a los esperados?
La idea según la cual la justicia y la redistribución dependen más de la voluntad de los gobernantes y hombres de poder que del control y predicción de ciertos incentivos y de ciertas acciones involuntarias ha dado sustento desde hace décadas a lo que el filósofo Alemán Karl Popper (1945) llamó la teoría de la conspiración de la sociedad. Según esta teoría, un fenómeno social se explica cuando se descubre a los hombres o grupos humanos interesados en que suceda este fenómeno. Por ejemplo, la dificultad del Estado y sus gobernantes para redistribuir riqueza y generar justicia se explica solamente porque se supone que hay un grupo económico o político con mucho poder que ha llevado a cabo acciones necesarias para debilitar cualquier acción que propenda por la redistribución o la justicia. Este tipo de teorías suelen exponer una utopía social previa al fenómeno o conflicto social que quieren explicar, y suponen que esta utopía puede lograrse siempre y cuando quienes creen son los causantes de un mal dejen de tener la intención de perpetuarlo. Por ello plantearon la teoría del Neoliberalismo como una teoría política o de poder, y nunca buscaron entender el fenómeno económico y social que hizo viable y necesario al libre mercado, más allá de cualquier posición moralizante, no muy diferente de aquellas posiciones religiosas que culpaban al Demonio por los actos egoístas de los hombres. No parece extraño también que en el campo de la normatividad (del derecho, la legislación y la interpretación de las leyes) haya sido tradicional el suponer que toda acción humana voluntaria tiene consecuencias sociales voluntarias. Que toda norma es el producto de un buen razonamiento, y que este debería hacerse realidad con la mayor premura y facilidad. Pero resulta que, como sabiamente lo explica Popper, en el mundo social las acciones humanas intencionales tienden a tener repercusiones sociales no intencionales. El mundo económico suele explicar las paradojas por el comportamiento caprichoso, no de los hombres con poder, sino de los incentivos que son difíciles de prever cuando hay reformas al gasto y a la inversión a través de leyes que siguen siendo nuevas y que tienen efectos inesperados que los congresistas, miembros de la constituyente y magistrados no suelen tener presentes, porque no suelen analizar la posibilidad de estos efectos inesperados. Cabe resaltar, otra vez, los efectos inesperados de las tutelas como principales beneficiadoras de las EPSs, aumentando sus ingresos para seguir invirtiendo en la tercerización del servicio en Salud. También los efectos inesperados de las leyes de subsidio a madres cabeza de hogar, que solo aumentaron la tasa de adolescentes embarazadas; Los subsidios a las madres cabeza de familia, que solo aumentaron los divorcios racionales; Y los subsidios a las escuelas en las regiones con poca cobertura, situación que disminuyó las transferencias a escuelas municipales con mayor cobertura.
Como sabiamente ha resaltado Jon Elster, profesor en sociología de la Universidad de Columbia, las constituciones cobran vida y son efectivas, no solo si están “bien escritas”, de forma acorde al derecho internacional. Su valor no está solo en su coherencia normativa, su carácter racional o en sus intenciones humanitarias. Las constituciones cobran vida si son eficientes en lo económico y si facilitan la toma de decisiones en los niveles locales. Pero la Tutela parece tener efectos contrarios a lo esperado.