Futurología del Conflicto en Colombia: Perspectivas de Evolución de las FARC y los paramilitares


En Colombia, los últimos veinte años se han caracterizado por un elevado nivel de volatilidad en materia de seguridad y violencia. Así, por ejemplo, según las cifras publicadas por el Instituto de Medicina Legal y analizadas por De la Hoz & Vélez (2008), la tasa de homicidios ha fluctuado considerablemente desde mediados de los años ochenta: En 1985, por cada cien mil habitantes se presentaron 48 homicidios, mientras que en 1993 fueron 77, en el 2002 tuvieron lugar 64 y en el 2008 acontecieron 34. El importante incremento en la tasa de homicidios entre 1985 y 2000 se explica, según Sánchez & Nuñez (2001), por el aumento de actividades relacionadas al narcotráfico y al colapso del sistema judicial, mientras que el decremento observado entre 2000 y 2008 se debe, conforme afirma Pizarro (2006), al esfuerzo de reforma de las Fuerzas Militares iniciado en el Gobierno Pastrana y consolidado por la Administración Uribe con la Política de Seguridad Democrática. Sin lugar a dudas, las FARC y los grupos paramilitares han sido protagonistas del auge y el desplome de la violencia en Colombia. El objetivo de este trabajo es revisar, de forma separada, qué variables han determinado el rumbo de su evolución y analizar, de forma conjunta, las tendencias recientes de esas variables para pronosticar lo que podemos esperar de esas organizaciones en tiempos venideros.

A.) Contexto de la evolución de los grupos armados en las últimas décadas

i.) Las FARC

En sus orígenes más remotos, las FARC formó parte de una importante cantidad de movimientos rurales que surgieron como un mecanismo de defensa de algunos campesinos liberales acosados por los conservadores en la época de La Violencia. Más adelante, esta organización, que todavía era relativamente primitiva recibió orientaciones políticas del Partido Comunista, propiciando su evolución al pasar de ser un grupo de campesinos con meros intereses de autodefensa a una organización más compleja, con un norte claro: Tomarse el poder. Y si bien tenían claros sus fines, las FARC carecían de estrategias claras para ejecutarlos: No tenían dinero y tampoco eran militarmente sofisticadas. Esto empezaría a cambiar tras la VII Conferencia, que fue llevada a cabo en 1982 y donde se plantearon objetivos estratégicos más claros (rodear a Bogotá para asfixiarla, establecer cuerpos de milicia en las zonas urbanas, etc...), así como formas de operación más sofisticadas (la Nueva Forma de Operar - NFO) y métodos de financiación para cumplir esas finalidades. Según Ortiz (2008), las FARC se pudieron financiar de tres formas: i) La más importante, a través de la incursión en el negocio del narcotráfico, inicialmente como guardias privados que protegían las plantaciones y cargamentos de cocaína que los carteles producían y más adelante, como productores y comerciantes propiamente dichos de narcóticos. ii) Mediante el secuestro y la extorsión de personalidades, negocio que se volvió excepcionalmente rentable tras la apertura económica, que implicó la llegada al país de muchas multinacionales con actividades económicas vulnerables a las actividades guerrilleras (petroleras, mineras, etc...). Y iii)  a través de la captura de rentas públicas, pues hacia finales de los años 80 se aprobaron algunas reformas constitucionales que trasladaron la administración de recursos públicos para fines sociales a instituciones regionales que podían ser chantajeadas por las guerrillas dada la débil presencia de la Fuerza Pública, lo que terminó en la transferencia de dineros del Estado a ese tipo de organizaciones ilegales.

Según Pizarro (2006), en la VIII Conferencia, llevada a cabo en 1991, con una posición financiera relativamente cómoda y en un contexto militar más complejo que el enfrentado en los años anteriores, las FARC definieron de forma más específica las estrategias para la consecución del Plan Estratégico para la toma del Poder, establecido en la VII Conferencia. Así pues, se consideró que era necesario pasar de la Guerra de Guerrillas a la Guerra de Movimientos, lo que implicaba una transformación estructural en los métodos de guerra de las FARC: Migrarían de un modelo convencional de guerrilla al de un Ejército sofisticado que podría enfrentar a otros Ejércitos y destruir sus estructuras regionales convencionales (ej. Batallones). También se consideró que para mermar la posible resistencia militar era necesario atacar a la Infraestructura Económica de la nación para minar los ingresos del Estado y consecuentemente el gasto militar.

En 1996, basadas en los lineamientos de la VIII Conferencia, las FARC mostraron su poderío militar y ejecutaron una escalada terrorista sin precedentes al atacar y tomarse diferentes pueblos en el sur del país. Entonces, ante la nueva estrategia de las FARC (grandes unidades tipo Ejército) y los resultados de la misma, las Fuerzas Militares emprendieron un proceso de inversión en inteligencia y movilidad que rindió frutos tras el fallido intento de toma de Mitú, donde las FARC tuvieron que replegarse rápidamente pues eran demasiado vulnerables, por el tamaño de las unidades, a ataques de la Fuerza Aérea. Desde entonces, las FARC no han sido capaces de volver a ejecutar ataques de gran envergadura, han tenido que replegarse a las selvas, volver a sus eternas retaguardias y regresar al viejo juego de Guerra de Guerrillas, lo cuál implica un retroceso estratégico enorme, pues es volver a las estrategias de guerra de hace 40 años, cuando eran un grupo insignificante en el aspecto militar (Pizarro, 2006).
Así pues, de acuerdo a lo anterior, los factores que han determinado la evolución (surgimiento y caída) de las FARC en los últimos 20 años han sido, a saber: i) Sus finanzas (narcotráfico, extorsiones y captura de rentas estatales) que han sido el combustible de su expansión y supervivencia reciente y ii) la postura del Estado en materia de Seguridad y su presencia efectiva en el territorio nacional.

ii.) Los grupos paramilitares

La dinámica de evolución de este tipo de grupos ha sido diferente al experimentado por otras organizaciones armadas ilegales, pues ha sido heterogénea. Mientras que las FARC surgieron después de La Violencia, crecieron de forma orgánica y se consolidaron hacia finales de los años noventa por la sostenible economía de guerra que habían desarrollado y un Estado territorialmente débil, los grupos paramilitares no tuvieron un foco geográfico único de inicio y tampoco un origen ideológico universal: Según Garzón (2005) en Boyacá, el Magdalena Medio y Medellín, estas organizaciones surgieron por disputas relativas a negocios rentables (las esmeraldas y el narcotráfico) y algunas veces pudieron tener relaciones cooperativas con la subversión, mientras que en otros lugares como Córdoba y Urabá, los paramilitares fueron el fruto de la resistencia de algunas elites locales a ser intimidadas por las guerrillas y concebidos como una respuesta al abandono territorial del Estado.

Estudiar a estos grupos como un todo sería imposible si, en el largo plazo, todas estas aglomeraciones armadas no se hubieran confederado bajo el escudo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y tendido a incursionar con propiedad en el negocio del narcotráfico: Algunas facciones de la organización eran desde el comienzo, propiamente dichos, narcotraficantes con un componente ideológico muy limitado, tal como se demostraría con las relaciones de cooperación entre Pablo Escobar y el M-19 ("Pablo Escobar financió la toma del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985", 2009) y las inicialmente buenas relaciones entre paramilitares y guerrilleros en Boyacá (Garzón, 2005). Pero otras, como en Córdoba y Urabá, solo fueron integrándose al tráfico de narcóticos a medida que sus necesidades de financiación fueron aumentando y los aportes de sus partidarios (como ganaderos y hacendados) se volvieron insuficientes para sostener el esfuerzo militar que implicaba combatir una insurgencia poderosa. Inclusive, más adelante, esta última facción de los paramilitares se expandió por la Costa Atlántica buscando más terrenos para plantar hoja de coca y aumentar su base de ingresos.

Al inicio de la Administración Uribe y después de consolidarse como verdaderos grupos de poder en numerosas regiones del país como la costa Atlántica, Urabá y los Llanos Orientales, las AUC iniciaron un proceso de paz con el Gobierno con los objetivos, según Ortiz (2010), de desmovilizarse, legalizar algunos patrimonios obtenidos de manera ilegal durante la guerra contra la subversión y evitar la extradición. Así, según Uribe (2007), más de 32.000 paramilitares dejaron las armas colectivamente entre 2003 y 2006.

Lamentablemente, el proceso no dio los resultados esperados pues la oferta socio-económica del gobierno para que los desmovilizados regresaran a una vida corriente, el Proceso de Reintegración a la Sociedad Civil se encontró con múltiples dificultades, lo que ha implicado que muchos ex-combatientes vuelvan a conformar organizaciones ilegales (Los nuevos grupos armados de Colombia, 2007). Esto ha sido especialmente marcado en los mandos medios, que no encontraron ofertas atractivas del Gobierno (Herrera, 2010), pues son un grupo especialmente sensible por dos motivos: i) En general fueron ellos los que ejecutaron las numerosas masacres que se le atribuyen a las AUC y eso implica que estuvieron involucrados en crímenes de lesa humanidad, lo cuál acarrea la pérdida de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, como las condenas reducidas. Y ii) dada la estructura confederada de las AUC, donde cada frente era financieramente autónomo (Garzón, 2005), estos individuos tenían un poder financiero enorme, derivado en gran parte del tráfico de narcóticos, que se compensaría de manera insuficiente con pensiones proporcionalmente muy inferiores a los ingresos que se pueden obtener en la ilegalidad y algunos cursos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Así pues, como en las FARC, aunque de una forma mucho más irregular y heterogénea, la evolución de los grupos paramilitares ha estado determinada, en gran parte, por la evolución de dos variables: i) Sus finanzas, especialmente ligadas al narcotráfico, pues han determinado su origen y la fuente de su expansión hacia finales del milenio y ii) la postura del Estado en materia de Seguridad y su presencia efectiva en el territorio nacional, que cuando fue relativamente débil, especialmente en las Administraciones Samper y Pastrana, permitió el avance de este tipo de grupos.

B.) Futurología de las Variables

Las variables que hemos calificado como relevantes en la evolución de las FARC y los grupos paramilitares en las últimas décadas han sido i) Finanzas y ii) la postura del Estado en materia de Seguridad y su presencia efectiva en el territorio nacional. Adicionalmente, analizaremos algunos eventos recientes que no han estado presentes en esas organizaciones en los pasados años, pero que pueden ser relevantes en tiempos venideros. Evaluaremos las tendencias recientes de esas variables, así como  sus perspectivas en el mediano plazo.
i.) Las Finanzas

La composición de los ingresos de las FARC y los grupos paramilitares parece ser relativamente similar, pues conforme lo mencionado en la literatura citada anteriormente, ambos tienen una fuerte dependencia en el tráfico de drogas (Narco-Terror: The worldwide connection between drugs and terrorism, 2002 y Hanson, 2009), en algunos momentos históricos recibieron importantes flujos financieros de extorsiones o aportes de sus partidarios y lograron extraer recursos de las arcas públicas.


El Narcotráfico

Según los datos presentados en el World Drug Report (2009) y el análisis de Gaviria (2009), la producción global de cocaína parece haber permanecido estable en los últimos quince años: Ha oscilado entre las 800 y las 1000 toneladas métricas al año. No obstante esa estabilidad agregada, la participación de los productores ha variado considerablemente en los últimos años. Así, por ejemplo, en 1994 Colombia produjo alrededor de 200 toneladas métricas, Perú unas 400 y Bolivia aproximadamente 250. Mientras que en 2000 nuestro país fabricó 600 toneladas métricas, Perú unas 200 y Bolivia unas 50. Para 2008, que es el último año con cifras consolidadas disponibles, Colombia exportó unas 400 toneladas métricas, Perú 300 y Bolivia 150, aproximadamente. Lo más importante del asunto es que desde el año 2002 parece haberse consolidado una tendencia bajista en el número de toneladas que Colombia produce, lo que tiene fuertes implicaciones tanto para las FARC como para los paramilitares, pues significa que se están volviendo cada vez menos relevantes en el mercado global de cocaína y que sus ingresos se deberían ver afectados, pues están exportando volúmenes más pequeños.
Según la entrevista realizada por C. Orozco (2007) al General Oscar Naranjo, los anteriores resultados son una prueba del progreso que ha implicado de la política de combate al narcotráfico del Gobierno de Colombia, que es apoyado financiera y técnicamente por su par de los Estados Unidos. Sin embargo, Gaviria (2009) es escéptico al respecto pues si la tendencia continúa implicaría que la producción de narcóticos se concentraría en Perú y Bolivia, y si se tiene en cuenta que Venezuela se ha convertido recientemente en una plataforma importante para el envío de cargamentos de droga hacia Europa y los Estados Unidos (Reyes & Obando, 2008), la probabilidad de que la cocaína producida en Perú y Bolívia pase por Colombia antes de llegar a Venezuela es relativamente elevada, lo que abriría una ventana de oportunidad para los grupos armados ilegales para financiarse mediante la prestación de servicios de escolta o protección, como ya las FARC lo hicieron en sus primeras interacciones con el negocio del narcotráfico (Ortiz, 2008).
Así pues, las perspectivas de ingresos en el negocio del narcotráfico no son las mejores pues, aparentemente, surgen dos escenarios posibles: i) El esperado por el gobierno, que parece rezar que la producción de cocaína se va a trasladar a otras naciones cercanas y que el narcotráfico va a dejar de ser un problema de la sociedad colombiana. Y ii) Que tendremos una participación más pequeña dentro del negocio del narcotráfico, que pasaremos de ser productores a escoltas o transportadores de cargamentos, lo que implica que si bien los grupos armados como las FARC y los paramilitares tendrán una fuente de ingresos, esta no será tan amplia como en años anteriores, lo que significa también, que las organizaciones tendrán menos oxígeno financiero para ejecutar operaciones de envergadura y que eso limitará su impacto potencial en la sociedad. Esto es particularmente importante para las FARC pues estas tienen una marcada vocación política y la incapacidad de propiciar golpes importantes puede terminar en relegarlas aún más en el panorama estratégico y político nacional, lo que es equiparable con la derrota, pues la irrelevancia política es, probablemente, lo más alejado del objetivo último de las FARC: Tomarse el poder. Para los paramilitares, las implicaciones no son tan profundas pues estos se asemejan más a empresas que operan en la ilegalidad y que como cualquier corporación, pueden adaptarse con relativa flexibilidad a las realidades del mercado.

Secuestro Extorsivo y captura de dineros públicos


Secuestro Extorsivo

Según los datos disponibles en el Balance de la lucha antisecuestro (2010), la evolución reciente del secuestro extorsivo en Colombia ha sido bastante positiva. En 2000, por ejemplo, se registraron 2587 casos, mientras que en 2009 la cifra reportada disminuyó a tan sólo 36.

Existe un consenso relativo a las causas de este descenso y este pasa por la Seguridad Democrática, aunque hay un debate amplio sobre las formas utilizadas en la ejecución de esa política ("Seguridad Democrática: se enciende el debate," 2010). Pero independientemente de las causas, las implicaciones para los grupos armados ilegales como las FARC y los paramilitares son certeras: El secuestro extorsivo ya no es una fuente de financiamiento masivo. Muestra de lo anterior es que de los 16 secuestros llevados a cabo hasta Febrero de 2010, tan sólo 5 fueron ejecutados por las FARC, 2 por el ELN y el resto por la delincuencia común, lo que implica que esta actividad ha dejado de ser una fuente de financiación relevante tanto como para las FARC como para los paramilitares, que asumimos, se encuentran dentro de lo calificado como delincuencia común. 

Y, finalmente, una recuperación de esa actividad parecería bastante improbable, al menos si el esfuerzo de Seguridad del Estado se mantiene, que como veremos más adelante, es lo más posible.

Captura de Dineros Públicos

La captura de dineros públicos ha sido una de las expresiones más polémicas de la búsqueda de financiación por parte de grupos armados pues implica la transferencia de recursos del Estado para fines sociales (salud, educación, etc...) a organizaciones ilegales que usan el dinero para fines poco democráticos (contratar mercenarios, comprar armas, etc...).

Estudiar la evolución de este problema es complejo pues básicamente se encuentran dos dificultades: i) No hay literatura previa al respecto, más que artículos de prensa que denuncian escándalos puntuales. Y ii) Medirlo independientemente es muy complicado pues si bien se puede acceder a los presupuestos de diferentes entidades territoriales por el internet, no se puede establecer qué rubros se destinaron a fines no especificados. 

Entonces, ante la escasez de datos específicos que traten el problema, sólo es posible especular acerca de la evolución del asunto. Para eso hay que tener en cuenta varios elementos: i) las FARC y los paramilitares se encuentran relegados y lejos de las zonas urbanas de los municipios (Y. Amat, 2009), donde podrían ejercer presión para hacerse con los dineros del Estado, ii) la presencia del Estado Colombiano, como examinaremos adelante, es hoy más fuerte que hace algunos años, lo que implica que las presiones de los grupos armados ya no serían tan efectivas y iii) que el conocimiento de la opinión pública sobre los escándalos de transferencia de dineros del Estado a particulares y organizaciones ilegales ha presionado al gobierno a crear entes que supervisen la ejecución de los presupuestos, tal como los Comités de Seguimiento y Evaluación a las Inversiones en Regalías (CSIR) que están adjuntos al Departamento Nacional de Planeación, lo que, en principio, debería también disminuir las probabilidades de que el problema se siga presentando (Global Corruption Report 2009, 2009).
Así pues, las perspectivas de esta fuente de financiación tampoco son muy positivas pues en los últimos años se ha desarrollado un contexto donde es más complicado que organizaciones como las FARC y los paramilitares puedan volver a obtener dinero de las arcas públicas

Eventos Recientes

Tras la incautación de los computadores de alias Raúl Reyes, un importante personaje en el manejo de las interacciones internacionales de las FARC, el primero de Marzo de 2008, la opinión pública ha conocido una relevante cantidad de información sobre las relaciones de la organización guerrillera con algunos gobiernos de América Latina, especialmente con el de Venezuela, encabezado por el Presidente Hugo Chávez ("El computador de Reyes," 2008). Dentro de las revelaciones se encuentran numerosos casos de colaboración militar, diplomática e indicios de una aporte de US$300 millones de parte del gobierno venezolano para financiar las operaciones de las FARC en Colombia ("Polícia colombiana dice que Chávez entregó USD 300 millones a las FARC," 2008). Hasta el momento, no se han encontrado más casos similares y no se considera probable que se presenten en el futuro cercano por dos motivos: i) La presión internacional que hoy existe sobre Venezuela en términos de soporte a organizaciones armadas en el extranjero y ii) la maltrecha situación fiscal del Estado Venezolano, que según estimaciones de Deutsche Bank (DB Research InfoBase - Venezuela, n.d.) tendrá un déficit fiscal de 7% del PIB en 2009 y 5.4% en 2010, lo cuál sin duda estrecha las posibilidades de financiación a estructuras como las FARC. 
Para los paramilitares no se encontraron situaciones similares.

ii.) La postura del Estado en materia de Seguridad

La postura del Estado Colombiano en materia de seguridad ha sido fuerte en los últimos años, desde mediados de la Administración Pastrana, cuando se inició el proceso de modernización de las Fuerzas Militares , y en los dos períodos de gobierno del Presidente Uribe con la aplicación de la Política de Seguridad Democrática. Según Cárdenas, Salcedo y Caballero (2005) esta política ha sido exitosa pues no sólo ha logrado reducir el número de homicidios, extorsiones y secuestros, sino también ha impulsado la mejoría en otros aspectos importantes para la sociedad colombiana, como la economía. La respuesta de la opinión pública ha sido clara: Apoyo y soporte a las políticas de la Administración Uribe. Ejemplos claros de lo anterior son i) los elevados niveles de popularidad del Presidente, ii) los resultados de las recientes elecciones parlamentarias donde partidos asociados al Presidente (Conservador, de la U, PIN) obtuvieron importantes votaciones y iii) las macrotendencias dentro de las encuestas para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este año, que tienen como líderes a ex-ministros de la Administración Uribe, tales como Juan Manuel Santos y Andrés Felipe Arias, que además, dentro de su mensaje político incluyen de forma importante la continuación de la Política de Seguridad Democrática. Por todo lo anterior, es difícil que la postura del Estado en materia de Seguridad cambie de rumbo en demasía, lo que debería terminar por seguir complicando los ambientes operativos de organizaciones armadas como las FARC y los paramilitares, caso contrario a lo que ocurrió en las Administraciones Betancur y Pastrana donde, según Ortiz (2010) los procesos de paz fueron aprovechados por la subversión para expandirse y ganar territorios estratégicos.


C.) Conclusión

En este artículo se han examinado las variables que han determinado la evolución de las FARC y los paramilitares en las últimas dos décadas y se ha especulado sobre elementos nuevos que podrían importar en el futuro acontecer de esas organizaciones. Los hallazgos son claros: Todo lo revisado tiene perspectivas negativas y en general implican consecuencias similares para ambos grupos, lo que significa que en el largo plazo deberíamos suponer una reducción en sus actividades. Sin embargo, no se espera que la disminución sea pareja pues sus estructuras son diferentes y pueden afectar la forma en que reaccionan a una tendencia que parece consolidarse: la pérdida en la cuota del mercado del tráfico de cocaína. Así, las FARC, que tienen un objetivo y una estrategia política bien consolidada, deberían tener mayores dificultades para adaptarse a un nuevo modelo de negocio con menores márgenes, pues además de adecuarse como organización a una operación menos rentable y más pequeña, deberían seguir lidiando con sus actividades de terrorismo y sus planes de expansión urbano, mientras que los paramilitares, que bien podrían definirse como empresarios en la ilegalidad sin objetivos políticos que generan costos, se adaptarían más fácilmente a la nueva realidad de su participación en el tráfico de drogas, lo cual implicaría que, en el largo plazo, serían estructuralmente más competitivos para seguir existiendo, aunque siempre lejos de alcanzar los niveles de influencia y poder que alguna vez tuvieron.

D.) Referencias

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- DB Research InfoBase - Venezuela. (n.d.). Recuperado Marzo 18, 2010, de http://www.dbresearch.de/servlet/reweb2.ReWEB?rwdspl=0&rwnode=CIB_INTERNET_EN-PROD$LATIN_AMERICA_MAP&rwobj=VEN.nalias&rwsite=CIB_INTERNET_EN-PROD
- De la Hoz, G., & Velez, M. C. (2008). Forensis 2008 (Colombia, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Centro de Referencia Sobre la Violencia). Recuperado Marzo 16, 2010, de http://www.medicinalegal.gov.co/drip/2008/2%20Forensis%202008%20homicidios.pdf
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1 comentario:

juan francisco muñoz dijo...

Sería interesante ampliar este análisis con las condiciones de variabilidad de la violencia y la seguridad en las ciudades. Tal vez las variables, finanzas y presencia de la fuerza pública sigan siendo relevantes, al igual que la de presencia y cumpliniento de las instituciones de justicia.
Tal vez el cambio en el financiamiento de las mafias, por los cambios en el negocio del narcotráfico, lleve a condiciones de variabilidad en la violencia y seguridad. Tal vez esto impacte en la eficacia de formas ilegales de seguridad y adercitivas yministración de recursos.
Pero la política sigue teniendo, creo yo, un rol principal en todo esto. En la lucha por el presupuesto, en la administración de las fuerzas cohercitivas y de justicia.
Si hay variabilidad, creo yo, es porque la administración de los recursos y las condiciones de poder están alternando en diferentes condiciones. Predecirlas, creo yo, es la clave para ver patrones más claros.