En Colombia, los últimos veinte años se han caracterizado por un elevado nivel de volatilidad en materia de seguridad y violencia. Así, por ejemplo, según las cifras publicadas por el Instituto de Medicina Legal y analizadas por De la Hoz & Vélez (2008), la tasa de homicidios ha fluctuado considerablemente desde mediados de los años ochenta: En 1985, por cada cien mil habitantes se presentaron 48 homicidios, mientras que en 1993 fueron 77, en el 2002 tuvieron lugar 64 y en el 2008 acontecieron 34. El importante incremento en la tasa de homicidios entre 1985 y 2000 se explica, según Sánchez & Nuñez (2001), por el aumento de actividades relacionadas al narcotráfico y al colapso del sistema judicial, mientras que el decremento observado entre 2000 y 2008 se debe, conforme afirma Pizarro (2006), al esfuerzo de reforma de las Fuerzas Militares iniciado en el Gobierno Pastrana y consolidado por la Administración Uribe con la Política de Seguridad Democrática. Sin lugar a dudas, las FARC y los grupos paramilitares han sido protagonistas del auge y el desplome de la violencia en Colombia. El objetivo de este trabajo es revisar, de forma separada, qué variables han determinado el rumbo de su evolución y analizar, de forma conjunta, las tendencias recientes de esas variables para pronosticar lo que podemos esperar de esas organizaciones en tiempos venideros.
A.) Contexto de la evolución de los grupos armados en las últimas décadas
i.) Las FARC
En sus orígenes más remotos, las FARC formó parte de una importante cantidad de movimientos rurales que surgieron como un mecanismo de defensa de algunos campesinos liberales acosados por los conservadores en la época de La Violencia. Más adelante, esta organización, que todavía era relativamente primitiva recibió orientaciones políticas del Partido Comunista, propiciando su evolución al pasar de ser un grupo de campesinos con meros intereses de autodefensa a una organización más compleja, con un norte claro: Tomarse el poder. Y si bien tenían claros sus fines, las FARC carecían de estrategias claras para ejecutarlos: No tenían dinero y tampoco eran militarmente sofisticadas. Esto empezaría a cambiar tras la VII Conferencia, que fue llevada a cabo en 1982 y donde se plantearon objetivos estratégicos más claros (rodear a Bogotá para asfixiarla, establecer cuerpos de milicia en las zonas urbanas, etc...), así como formas de operación más sofisticadas (la Nueva Forma de Operar - NFO) y métodos de financiación para cumplir esas finalidades. Según Ortiz (2008), las FARC se pudieron financiar de tres formas: i) La más importante, a través de la incursión en el negocio del narcotráfico, inicialmente como guardias privados que protegían las plantaciones y cargamentos de cocaína que los carteles producían y más adelante, como productores y comerciantes propiamente dichos de narcóticos. ii) Mediante el secuestro y la extorsión de personalidades, negocio que se volvió excepcionalmente rentable tras la apertura económica, que implicó la llegada al país de muchas multinacionales con actividades económicas vulnerables a las actividades guerrilleras (petroleras, mineras, etc...). Y iii) a través de la captura de rentas públicas, pues hacia finales de los años 80 se aprobaron algunas reformas constitucionales que trasladaron la administración de recursos públicos para fines sociales a instituciones regionales que podían ser chantajeadas por las guerrillas dada la débil presencia de la Fuerza Pública, lo que terminó en la transferencia de dineros del Estado a ese tipo de organizaciones ilegales.
Según Pizarro (2006), en la VIII Conferencia, llevada a cabo en 1991, con una posición financiera relativamente cómoda y en un contexto militar más complejo que el enfrentado en los años anteriores, las FARC definieron de forma más específica las estrategias para la consecución del Plan Estratégico para la toma del Poder, establecido en la VII Conferencia. Así pues, se consideró que era necesario pasar de la Guerra de Guerrillas a la Guerra de Movimientos, lo que implicaba una transformación estructural en los métodos de guerra de las FARC: Migrarían de un modelo convencional de guerrilla al de un Ejército sofisticado que podría enfrentar a otros Ejércitos y destruir sus estructuras regionales convencionales (ej. Batallones). También se consideró que para mermar la posible resistencia militar era necesario atacar a la Infraestructura Económica de la nación para minar los ingresos del Estado y consecuentemente el gasto militar.
En 1996, basadas en los lineamientos de la VIII Conferencia, las FARC mostraron su poderío militar y ejecutaron una escalada terrorista sin precedentes al atacar y tomarse diferentes pueblos en el sur del país. Entonces, ante la nueva estrategia de las FARC (grandes unidades tipo Ejército) y los resultados de la misma, las Fuerzas Militares emprendieron un proceso de inversión en inteligencia y movilidad que rindió frutos tras el fallido intento de toma de Mitú, donde las FARC tuvieron que replegarse rápidamente pues eran demasiado vulnerables, por el tamaño de las unidades, a ataques de la Fuerza Aérea. Desde entonces, las FARC no han sido capaces de volver a ejecutar ataques de gran envergadura, han tenido que replegarse a las selvas, volver a sus eternas retaguardias y regresar al viejo juego de Guerra de Guerrillas, lo cuál implica un retroceso estratégico enorme, pues es volver a las estrategias de guerra de hace 40 años, cuando eran un grupo insignificante en el aspecto militar (Pizarro, 2006).
Así pues, de acuerdo a lo anterior, los factores que han determinado la evolución (surgimiento y caída) de las FARC en los últimos 20 años han sido, a saber: i) Sus finanzas (narcotráfico, extorsiones y captura de rentas estatales) que han sido el combustible de su expansión y supervivencia reciente y ii) la postura del Estado en materia de Seguridad y su presencia efectiva en el territorio nacional.
ii.) Los grupos paramilitares y las bandas emergentes
La dinámica de evolución de este tipo de grupos ha sido diferente al experimentado por otras organizaciones armadas ilegales, pues ha sido heterogénea. Mientras que las FARC surgieron después de La Violencia, crecieron de forma orgánica y se consolidaron hacia finales de los años noventa por la sostenible economía de guerra que habían desarrollado y un Estado territorialmente débil, los grupos paramilitares no tuvieron un foco geográfico único de inicio y tampoco un origen ideológico universal: Según Garzón (2005) en Boyacá, el Magdalena Medio y Medellín, estas organizaciones surgieron por disputas relativas a negocios rentables (las esmeraldas y el narcotráfico) y algunas veces pudieron tener relaciones cooperativas con la subversión, mientras que en otros lugares como Córdoba y Urabá, los paramilitares fueron el fruto de la resistencia de algunas elites locales a ser intimidadas por las guerrillas y concebidos como una respuesta al abandono territorial del Estado.
Estudiar a estos grupos como un todo sería imposible si, en el largo plazo, todas estas aglomeraciones armadas no se hubieran confederado bajo el escudo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y tendido a incursionar con propiedad en el negocio del narcotráfico: Algunas facciones de la organización eran desde el comienzo, propiamente dichos, narcotraficantes con un componente ideológico muy limitado, tal como se demostraría con las relaciones de cooperación entre Pablo Escobar y el M-19 ("Pablo Escobar financió la toma del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985", 2009) y las inicialmente buenas relaciones entre paramilitares y guerrilleros en Boyacá (Garzón, 2005). Pero otras, como en Córdoba y Urabá, solo fueron integrándose al tráfico de narcóticos a medida que sus necesidades de financiación fueron aumentando y los aportes de sus partidarios (como ganaderos y hacendados) se volvieron insuficientes para sostener el esfuerzo militar que implicaba combatir una insurgencia poderosa. Inclusive, más adelante, esta última facción de los paramilitares se expandió por la Costa Atlántica buscando más terrenos para plantar hoja de coca y aumentar su base de ingresos.
Al inicio de la Administración Uribe y después de consolidarse como verdaderos grupos de poder en numerosas regiones del país como la costa Atlántica, Urabá y los Llanos Orientales, las AUC iniciaron un proceso de paz con el Gobierno con los objetivos, según Ortiz (2010), de desmovilizarse, legalizar algunos patrimonios obtenidos de manera ilegal durante la guerra contra la subversión y evitar la extradición. Así, según Uribe (2007), más de 32.000 paramilitares dejaron las armas colectivamente entre 2003 y 2006.
Lamentablemente, el proceso no dio los resultados esperados pues la oferta socio-económica del gobierno para que los desmovilizados regresaran a una vida corriente, el Proceso de Reintegración a la Sociedad Civil se encontró con múltiples dificultades, lo que ha implicado que muchos ex-combatientes vuelvan a conformar organizaciones ilegales (Los nuevos grupos armados de Colombia, 2007). Esto ha sido especialmente marcado en los mandos medios, que no encontraron ofertas atractivas del Gobierno (Herrera, 2010), pues son un grupo especialmente sensible por dos motivos: i) En general fueron ellos los que ejecutaron las numerosas masacres que se le atribuyen a las AUC y eso implica que estuvieron involucrados en crímenes de lesa humanidad, lo cuál acarrea la pérdida de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, como las condenas reducidas. Y ii) dada la estructura confederada de las AUC, donde cada frente era financieramente autónomo (Garzón, 2005), estos individuos tenían un poder financiero enorme, derivado en gran parte del tráfico de narcóticos, que se compensaría de manera insuficiente con pensiones proporcionalmente muy inferiores a los ingresos que se pueden obtener en la ilegalidad y algunos cursos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Así pues, como en las FARC, aunque de una forma mucho más irregular y heterogénea, la evolución de los grupos paramilitares ha estado determinada, en gran parte, por la evolución de dos variables: i) Sus finanzas, especialmente ligadas al narcotráfico, pues han determinado su origen y la fuente de su expansión hacia finales del milenio y ii) la postura del Estado en materia de Seguridad y su presencia efectiva en el territorio nacional, que cuando fue relativamente débil, especialmente en las Administraciones Samper y Pastrana, permitió el avance de este tipo de grupos.
B.) Futurología de las Variables
Las variables que hemos calificado como relevantes en la evolución de las FARC y los grupos paramilitares en las últimas décadas han sido i) Finanzas y ii) la postura del Estado en materia de Seguridad y su presencia efectiva en el territorio nacional. Adicionalmente, analizaremos algunos eventos recientes que no han estado presentes en esas organizaciones en los pasados años, pero que pueden ser relevantes en tiempos venideros. Evaluaremos las tendencias recientes de esas variables, así como sus perspectivas en el mediano plazo.
i.) Las Finanzas
La composición de los ingresos de las FARC y los grupos paramilitares parece ser relativamente similar, pues conforme lo mencionado en la literatura citada anteriormente, ambos tienen una fuerte dependencia en el tráfico de drogas (Narco-Terror: The worldwide connection between drugs and terrorism, 2002 y Hanson, 2009), en algunos momentos históricos recibieron importantes flujos financieros de extorsiones o aportes de sus partidarios y lograron extraer recursos de las arcas públicas.
El Narcotráfico
Según los datos presentados en el World Drug Report (2009) y el análisis de Gaviria (2010), la producción global de cocaína parece haber permanecido estable en los últimos quince años: Ha oscilado entre las 800 y las 1000 toneladas métricas al año. No obstante la estabilidad agregada, la participación de los productores ha variado considerablemente en los últimos años. Así, por ejemplo, en 1994 Colombia produjo 200 toneladas métricas, Perú 400 y Bolivia 250. En 2000 nuestro país 600, Perú 200 y Bolivia 50. Para 2008, Colombia 400, Perú 300 y Bolivia 150. Lo más importante es que desde 2002 parece haberse consolidado una tendencia bajista en el número de toneladas que Colombia produce, lo que tiene implicaciones tanto para las FARC como para los paramilitares, pues significa que están exportando menores cantidades, lo que se debe traducir en menores ingresos para estas organizaciones armadas ilegales. Sin embargo, Gaviria (2010) es escéptico al respecto pues si la tendencia continúa implicaría que la producción de narcóticos se concentraría en Perú y Bolivia, y si se tiene en cuenta que Venezuela se ha convertido recientemente en una plataforma importante para el envío de cargamentos de droga hacia Europa y los Estados Unidos (Reyes & Obando, 2008), la probabilidad de que la cocaína producida en Perú y Bolivia pase por Colombia antes de llegar a Venezuela es elevada, lo que es relevante para estos grupos pues significa que podrían tener bajo su control el transporte de narcóticos dentro del país, una actividad que ya han llevado a cabo en el pasado y en la cual tienen experiencia (Ortiz, 2008), y que es la parte más gruesa y lucrativa del negocio de las drogas: Mejía y Rico (2010), estiman que este eslabón se lleva el 71% de los ingresos y la parte más importante de las utilidades, pues también es la actividad que tiene más riesgo implícito.
Entonces, las perspectivas de ingresos del negocio del narcotráfico para los grupos armados ilegales como las FARC y las bandas emergentes son mixtas pues si bien hay una tendencia bajista en el número de toneladas exportadas que parece haberse consolidado, la nueva geografía del tráfico de narcóticos parece haberse configurado de una forma que sigue ofreciendo fuentes masivas de financiación para los grupos al margen de la ley, lo que no es positivo para la situación de seguridad Colombiana pues esto debería implicar que van a contar con más recursos para la consecución de sus objetivos, que suelen perseguirse con métodos violentos y terrorismo.
- Secuestro Extorsivo
Según los datos disponibles en el Balance de la lucha antisecuestro (2010), la evolución reciente del secuestro extorsivo en Colombia ha sido bastante positiva. En 2000, por ejemplo, se registraron 2587 casos, mientras que en 2009 la cifra reportada disminuyó a tan sólo 36.
Existe un consenso relativo a las causas de este descenso y este pasa por la Seguridad Democrática, aunque hay un debate amplio sobre las formas utilizadas en la ejecución de esa política ("Seguridad Democrática: se enciende el debate," 2010). Pero independientemente de las causas, las implicaciones para los grupos armados ilegales como las FARC y los paramilitares son certeras: El secuestro extorsivo ya no es una fuente de financiamiento masivo. Muestra de lo anterior es que de los 16 secuestros llevados a cabo hasta Febrero de 2010, tan sólo 5 fueron ejecutados por las FARC, 2 por el ELN y el resto por la delincuencia común, lo que implica que esta actividad ha dejado de ser una fuente de financiación relevante tanto como para las FARC como para los paramilitares, que asumimos, se encuentran dentro de lo calificado como delincuencia común.
Y, finalmente, una recuperación de esa actividad parecería bastante improbable, al menos si el esfuerzo de Seguridad del Estado se mantiene, que como veremos más adelante, es lo más posible.
- Captura de Dineros Públicos
La captura de dineros públicos ha sido una de las expresiones más polémicas de la búsqueda de financiación por parte de grupos armados pues implica la transferencia de recursos del Estado para fines sociales (salud, educación, etc...) a organizaciones ilegales que usan el dinero para fines poco democráticos (contratar mercenarios, comprar armas, etc...).
Estudiar la evolución de este problema es complejo pues básicamente se encuentran dos dificultades: i) No hay literatura previa al respecto, más que artículos de prensa que denuncian escándalos puntuales. Y ii) Medirlo independientemente es muy complicado pues si bien se puede acceder a los presupuestos de diferentes entidades territoriales por el internet, no se puede establecer qué rubros se destinaron a fines no especificados.
Entonces, ante la escasez de datos específicos que traten el problema, sólo es posible especular acerca de la evolución del asunto. Para eso hay que tener en cuenta varios elementos: i) las FARC y los paramilitares se encuentran relegados y lejos de las zonas urbanas de los municipios (Y. Amat, 2009), donde podrían ejercer presión para hacerse con los dineros del Estado, ii) la presencia del Estado Colombiano, como examinaremos adelante, es hoy más fuerte que hace algunos años, lo que implica que las presiones de los grupos armados ya no serían tan efectivas y iii) que el conocimiento de la opinión pública sobre los escándalos de transferencia de dineros del Estado a particulares y organizaciones ilegales ha presionado al gobierno a crear entes que supervisen la ejecución de los presupuestos, tal como los Comités de Seguimiento y Evaluación a las Inversiones en Regalías (CSIR) que están adjuntos al Departamento Nacional de Planeación, lo que, en principio, debería también disminuir las probabilidades de que el problema se siga presentando (Global Corruption Report 2009, 2009).
Así pues, las perspectivas de esta fuente de financiación tampoco son muy positivas pues en los últimos años se ha desarrollado un contexto donde es más complicado que organizaciones como las FARC y los paramilitares puedan volver a obtener dinero de las arcas públicas
- Eventos Recientes
Tras la incautación de los computadores de alias Raúl Reyes, un importante personaje en el manejo de las interacciones internacionales de las FARC, el primero de Marzo de 2008, la opinión pública ha conocido una relevante cantidad de información sobre las relaciones de la organización guerrillera con algunos gobiernos de América Latina, especialmente con el de Venezuela, encabezado por el Presidente Hugo Chávez ("El computador de Reyes," 2008). Dentro de las revelaciones se encuentran numerosos casos de colaboración militar, diplomática e indicios de una aporte de US$300 millones de parte del gobierno venezolano para financiar las operaciones de las FARC en Colombia ("Polícia colombiana dice que Chávez entregó USD 300 millones a las FARC," 2008). Según recientes declaraciones del General Douglas Fraser, jefe del Comando sur de los Estados Unidos, esta asistencia se ha mantenido y no ha disminuido con el tiempo ("EEUU sostiene que Venezuela presta ayuda logística y financiera a las FARC," 2010). Es predecible que este apoyo siga existiendo pues está directamente asociado al proyecto bolivariano de Hugo Chávez, que como Jaramillo (2010) afirma parece, estar estable en el poder. Y todo lo que eso implica para nuestro conflicto.
ii.) La postura del Estado en materia de Seguridad
La postura del Estado Colombiano en materia de seguridad ha sido fuerte en los últimos años, desde mediados de la Administración Pastrana, cuando se inició el proceso de modernización de las Fuerzas Militares , y en los dos períodos de gobierno del Presidente Uribe con la aplicación de la Política de Seguridad Democrática. Según Cárdenas, Salcedo y Caballero (2005) esta política ha sido exitosa pues no sólo ha logrado reducir el número de homicidios, extorsiones y secuestros, sino también ha impulsado la mejoría en otros aspectos importantes para la sociedad colombiana, como la economía. La respuesta de la opinión pública ha sido clara: Apoyo y soporte a las políticas de la Administración Uribe. Ejemplos claros de lo anterior son i) los elevados niveles de popularidad del Presidente, ii) los resultados de las elecciones parlamentarias donde partidos asociados al Presidente (Conservador, de la U, PIN) obtuvieron importantes votaciones y iii) las macrotendencias dentro de las encuestas para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este año, que tienen como líderes a candidatos que han prometido fortalecer a las Fuerzas Militares. Por todo lo anterior, es difícil que la postura del Estado en materia de Seguridad cambie de rumbo en demasía, lo que debería terminar por seguir complicando los ambientes operativos de organizaciones armadas como las FARC y los paramilitares, caso contrario a lo que ocurrió en las Administraciones Betancur y Pastrana donde, según Ortiz (2010) los procesos de paz fueron aprovechados por la subversión para expandirse y ganar territorios estratégicos.
C.) Conclusión
En este artículo se han examinado las variables que han determinado la evolución de las FARC y los paramilitares en las últimas dos décadas y se ha especulado sobre elementos nuevos que podrían importar en el futuro acontecer de esas organizaciones. Los hallazgos no son del todo claros y es difícil proponer una conclusión sencilla: Si bien las actividades de los grupos armados ha disminuido considerablemente en los años recientes –y más importante aún, lo que ha causado ese descenso parece haber llegado para quedarse- y parte importante de su financiación se ha reducido a cero, las FARC y las bandas emergentes siguen encontrando en el narcotráfico una fuente de dinero amplia y sostenible en el mediano plazo, al tiempo que las guerrillas han encontrado en Venezuela un aliado estratégico y financiero que es difícil de combatir. Lo anterior configura un mapa estratégico complejo que parece estar destinado a prolongarse en el tiempo pues una victoria de alguno de los dos bandos parece improbable: Las FARC están demasiado debilitadas como para volverse, de nuevo, una amenaza real a la institucionalidad de la República, pero, al igual que las bandas emergentes, seguirán recibiendo flujos importantes de fondos derivados del narcotráfico y asistencia de aliados foráneos que les permitirán alimentar su existencia durante un buen tiempo. De cualquier manera, nuestro conflicto parece estar cada vez más alejado de los escenarios de crisis de finales de milenio, lo que sin lugar a dudas es ganancia.
D.) Referencias
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