La caída de la economía del secuestro: Una explicación microeconómica.

El estudio de la economía criminal es un fenómeno relativamente reciente pues sólo fue hace cuatro décadas que Gary Becker inició, por accidente, una reflexión sobre las motivaciones racionales de los individuos que violan la ley. De esta forma y a pesar de la juventud de esta rama de la ciencia económica, se han desarrollado numerosos estudios que buscan responder, desde una perspectiva de costes y beneficios, por qué las personas deciden tomar decisiones y ejecutar acciones que son socialmente indeseables. Este ensayo, siguiendo esta línea de análisis y utilizando las herramientas aprendidas durante el semestre, pretende dar explicaciones a la fuerte caída en el número de secuestros extorsivos perpetrados en Colombia durante la última década y, adicionalmente, al desplome en los pagos medios efectuados a los secuestradores para devolver a la libertad a un cautivo.[1]

El número de secuestros reportados a las autoridades colombianas se contrajo dramáticamente en la última década. Según el Ministerio de Defensa (2011), en 1999 fueron recibidos 3204 reportes de casos de privaciones de la libertad, de los cuales 2587 tenían fines extorsivos –es decir, que hay una expectativa de remuneración explícita por parte de los captores- . Mientras tanto, en 2010 los guarismos fueron, respectivamente, 282 y 188, lo que implica que hubo una reducción de 91,2% en el número total de raptos y del 92,8% en los ilícitos con un claro objetivo de ganancias monetarias. Adicionalmente, según la Policía Nacional de Colombia (2010) y Briggs (2002) el pago promedio pactado para finalizar un cautiverio pasó de aproximadamente $365.797.771[2] en 1999 a $272.247.619 en 2007. Entonces, conociendo estas espectaculares variaciones, ¿existe algún aporte de la teoría microeconómica para ayudar a entender estos fenómenos? La respuesta a este interrogante es afirmativa: Como se mostrará en los párrafos subsiguientes, el cambio en el número de secuestrados y el precio promedio de las transacciones puede interpretarse como el resultado de transformaciones en la demanda, asociados a la mejora de un sustituto gratuito al proceso de negociación por libertad, y modificaciones en la configuración de costos de los captores, derivadas de las pérdidas masivas de territorio en los últimos años que destruyeron economías de escala.

La demanda: La mejora de un sustituto.

Según el Banco Mundial (2010), la percepción de los individuos sobre la efectividad del gobierno de Colombia para hacer el efectivo el imperio de la ley en el territorio nacional ha mejorado sustancialmente en la última década. De esta forma, la calificación que ha recibido el país ha pasado de -0.93 en el 2000 a -0.33 en el 2010, siendo -2.5 la menor evaluación posible y 2.5 la más alta. Existe cierto consenso relativo a que esta mejora se debe al fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública y su capacidad para desarrollar operaciones sofisticadas contra actores violentos con poderosas chequeras y un know how perfeccionado por varios años (Ortiz, 2011). Esta mejora cualitativa en la forma en que se combate a los violentos –y la correspondiente percepción ciudadana de que eso efectivamente sucede en la práctica- ha permitido que los interesados en negociar la libertad de un individuo tengan una alternativa cada vez más viable para terminar con el cautiverio de una persona: El rescate[3]. Este cambio en las preferencias tuvo como consecuencia que, dada la mejora en la calidad (se volvió una alternativa menos riesgosa) de ese sustituto gratuito, la demanda a la que se enfrentan los raptores se contrajo y, consecuentemente, la disponibilidad a pagar de los consumidores cayó, lo que redujo el poder de negociación de los secuestradores, su poder de mercado y, eventualmente, las entradas que podrían obtener al convenir una suma para efectuar una transacción. A su vez, y asumiendo una estructura de costos constante, esto implica que los captores estarían dispuestos a colocar menos unidades en el mercado –es decir, efectuar menos secuestros en el mediano plazo- pues su ingreso marginal sería más pequeño.

La estructura de costos.

Según Briggs (2001), la carencia de control territorial por parte del Estado es una variable relevante para que el secuestro prospere como negocio puesto que es indispensable para que las organizaciones criminales puedan construir redes e infraestructura que les permitan tener holgura en sus operaciones y, al final del día, tener poder de negociación a la hora de pactar algún trato con individuos interesados en la libertad de un cautivo. En Colombia, y como se mencionó brevemente en el apartado anterior, este problema ha venido disminuyendo en la última década. De esta manera, según el Ministerio de Defensa, el ataque a poblaciones –un termómetro aceptable de qué tanto control tiene el Gobierno sobre el territorio nacional- pasó de 85 en el año 2000 a 1 en 2010. Este hecho de fondo tuvo implicaciones relevantes para estos empresarios del crimen pues las estructuras que habían soportado el negocio se vieron afectadas de forma notable: En una afamada crónica sobre el secuestro en Colombia publicada en la revista de The New York Times, Semple (2001) relata cómo las FARC habían logrado construir una organización tan maquiavélica como milimétrica para manejar el negocio del secuestro desde el páramo del Sumapaz. Hoy en día, no sobra recordarlo, en esa misma región existe un Batallón de Alta Montaña del Ejército Nacional. 

En términos generales, la destrucción de las redes y la infraestructura que los señores del secuestro habían construido se tradujo en un aumento en los costes marginales que se deben asumir para privar de la libertad a alguien pues ya no sólo era mucho más riesgoso de efectuar –con el progreso del control territorial, el número de capturados con cargos de secuestro llegó a 694 en 2009 (Policía Nacional de Colombia, 2010)-, sino más costoso de realizar y sostener pues los arreglos organizacionales (las tecnologías de producción, podríamos llamarlas también con un poco de cinismo) –como la Oficina del Secuestro de las FARC en el Sumapaz- que permitían quitarle la libertad a más individuos sin mayor preocupación por el lugar en el que se deberían pernoctar o por lo que iban a recibir para subsistir –es decir, economías de escala- desaparecieron. Esto implica que, asumiendo una curva de ingresos marginales invariada y dado el incremento en los costes marginales, los captores estarían dispuestos a colocar menos unidades en el mercado que en la situación anterior. 

Conclusión

Según Caplan (2010), los secuestradores secuestran por que los beneficios exceden los costos de hacerlo. Y para enfrentar el problema sólo hace falta hacer un par de cosas: Disminuir los ingresos y aumentar los costes, para reducir las utilidades. Como vimos en este artículo, nuestro país ha logrado hacer ambas cosas, permitiendo que los captores pierdan poder de negociación –y eventualmente ingresos- y haciendo más difícil la labor de secuestrar, impulsando hacia arriba los costos de hacerlo. Y en buena hora sucedió, pues ya Colombia no sólo era tristemente célebre por convertirse en la mayor nación exportadora de cocaína, sino también por haber engendrado la industria del secuestro más eficiente del planeta. Afortunadamente, y por las leyes de oferta y demanda, uno de esos dos títulos ya es historia. 

Referencias 

Banco Mundial. (2010). Worldwide Governance Indicators 2010 (Rep.). Consultado en Noviembre 23, 2011, en http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/wgidataset.xls


Briggs, R. (2001). A Rational Problem with Rational Causes. En The kidnapping business. Consultado en Noviembre 23, 2011, en http://fpc.org.uk/fsblob/46.pdf


Briggs, R. (2002, July 1). Hostage Inc. Foreign Policy. Consultado Noviembre 23, 2011, en http://www.foreignpolicy.com/articles/2002/07/01/prime_numbers_hostage_inc?page=0,0


Caplan, B. (2010, June 29). The Strange Political Economy of Kidnapping [post de blog]. Consultado en Noviembre 23, 2011, en http://econlog.econlib.org/archives/2010/06/the_strange_pol.html


Ministerio de Defensa. (2011, June). Avance de la Política de Defensa y Seguridad. Ministerio De Defensa. Consultado en Noviembre 23, 2011, en http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/info_estadistica/Avance%20de%20la%20Politica%20de%20Defensa%20y%20Seguridad.xls


Ortiz, R. D. (2011, Agosto 13). Una "tercera fase" contra las Farc | ELESPECTADOR.COM. Noticias | ELESPECTADOR.COM. Consultado en Noviembre 23, 2011, en http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-291702-una-tercera-fase-contra-farc


Policía Nacional de Colombia. (2010). Tercer Año de Gestión: 2009-2010 (Rep.). Consultado en Noviembre 23, 2011, en el sitio web de la Policía Nacional de Colombia: http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/balance_gestion/Balance%20de%20Gesti%F3n%202009-2010.pdf


Semple, K. (2001, June 03). The Kidnapping Economy in Colombia - NYTimes.com. The New York Times - Breaking News, World News & Multimedia. Consultado en Noviembre 23, 2011, en http://www.nytimes.com/2001/06/03/magazine/03KIDNAPPING.html?scp=1

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[1] Para lograr el objetivo de este artículo, se ha asumido que la industria del secuestro tiene una estructura de funcionamiento productiva propia de un monopolio que discrimina perfectamente precios pues hay dos elementos analíticos que permiten pensar que es razonable suponerlo: En primer lugar, una vez una persona es retenida, inclusive teniendo en cuenta los recientes avances de las ciencias genéticas, es complicado encontrar una persona que suplante, exactamente, todas las funciones sociales del individuo que perdió la libertad. Esto implica que no pueden existir más ofertantes que aquellos que retuvieron al cautivo por primera vez. Y, en segunda instancia, existe un proceso de negociación donde los captores intentan explotar la máxima disponibilidad a pagar de los interesados en que el secuestrado sea liberado.

[2] Pesos constantes de 2007. Las series provienen de fuentes diferentes pero su comparación contribuye, grosso modo, a generar una noción sobre lo que ha sucedido con el precio de la transacción promedio.

[3] Según el Ministerio de Defensa (2011) en 1999 por cada 100 secuestros se efectuaban 15, 51 rescates mientras que 2010 esa cifra fue exactamente del 35,46.

Un paralelo

Se nos ha encomendado escribir un ensayo cuyo objeto sea hacer una comparación entre la situación política que actualmente vive la sociedad colombiana y  toda la horrible parafernalia que rodeó a la Argentina de mediados de los años setenta en adelante basados en la lectura de la novela El mar y la serpiente de la escritora argentina Paula Bombara. El libro relata la triste y melancólica historia de una pequeña niña que pierde a su papá idealista por la espantosa y efectiva labor de la Triple A. Casi pierde a su madre, pero por los vaivenes de las burocracias sin control, logra salir y reconstruir una vida digna, aunque con sus bemoles emocionales.

Al principio, me pareció que hacer el paralelo entre la Colombia del presente y la nación gaucha del pasado era un desatino, pues son épocas irrefutablemente diferentes: Hoy, por fortuna, nuestro país vive una de los mejores ciclos económicos de su historia republicana, mientras que la Argentina de entonces padecía una situación decadente, fruto del populismo peronista.

Hoy, por fortuna, Colombia tiene en sus ciudades principales tasas de homicidios más bajas que Washington D.C. o Atlanta. En los setentas, el terror se apoderó de la sociedad argentina, cuando miles de personas eran sacadas de noche de sus casas, embutidos en camiones, rematados en celdas con bombillas ahorradoras que generan esa molesta luz blanca y violadores, en el mejor de los casos; en el peor, torturadores profesionales y asesinos. De cualquier manera, la mayoría terminaba en un sitio desconocido, rodeado de tierra y huesos ajenos, siendo violado su íntimo e inviolable derecho a ser sepultado con dignidad.

Hoy, sin tanta fortuna, Colombia se encuentra bajo una especie de monotonía ideológica, donde el Presidente Uribe no tiene muchos críticos serios y poco –o ningún– contrincante político de peso que puede ofrecer algunos cambios que la sociedad colombiana necesita. En Argentina, no cabe duda, lo que había era disparidad en las creencias políticas de la gente. Se podría decir que el pueblo argentino apoyó el Proceso de Reorganización Nacional –la denominación oficial a la dictadura militar que empezó el 24 de Marzo de 1976- al principio, como una solución desesperada a problemáticas profundas generadas por malas elecciones y burocracias ineficientes. Pero de allí en adelante, no había certeza de qué modelo debería seguir el país gaucho. Entonces, de cualquier manera, resulta impreciso comparar la Colombia del presente con la Argentina del pasado.

Reflexionando, se me ocurre que una comparación más plausible y lógica podría ser la de la Colombia del pasado con la Argentina del pasado. Pero no necesariamente la Colombia de 1976 con la Argentina de 1976, pues a pesar de estar ambos decepcionados del mundo de la política y toda la parafernalia del establecimiento –Colombia con la derrota de Rojas Pinilla y Argentina con lo ya mencionado previamente–, lo que siguió a ese fatídico año fue muy diferente en ambos países. Argentina se embarcó en un vuelo sin retorno hacia la oscuridad, mientras que Colombia abordó una lenta barca hacía la estabilidad partidista, el surgimiento de algunos movimientos terroristas en el campo y el clientelismo político. De tal manera, pues, es impreciso comparar a países diferentes en épocas no homologables. Entonces, mi propuesta es comparar la Colombia de 1994 a 2002. La Colombia que sufrió con el ineficiente gobierno de Ernesto Samper y el sonso estilo de Andrés Pastrana.

• La política y la institucionalidad

América Latina, a diferencia de Norteamérica, ha sido un continente inestable desde que escribe su propia historia. Colombia no es la excepción, y así mismo, es una paradoja dentro del continente pues es un país que ha sido azotado por fenómenos tan comunes como la violencia política, el clientelismo y el caudillismo. Pero –como pocos o ninguno– ha sido capaz de construir un sistema democrático estable que ha sabido resistir los ataques de varios dictadores en potencia. Sin embargo, eso no significa que la democracia colombiana  se haya inmunizado frente a embrollos políticos. Por ejemplo, un momento crítico para la institucionalidad nacional fue cuando en 1994, el recién posesionado Presidente Ernesto Samper Pizano fue acusado de hacer un canje con los hermanos Rodríguez Orejuela. De cambiar dineros calientes para una campaña necesitada por la voluntad política para inhibir actos de extradición a los Estados Unidos. O a finales del gobierno de Andrés Pastrana, cuando Colombia hacia maromas para quedar en los primeros puestos de la lista de Estados Fallidos de la Revista Foreign Affairs. Y no era para menos, pues más del 20% de los municipios de nuestro país estaban por fuera del área de influencia del Estado y lejos del Imperio de la Ley, siendo gobernados por grupos terroristas, como la guerrilla de las FARC y los paramilitares. Las cifras de desplazamiento y asesinatos eran solo comparables con las guerras africanas –que ahora parecen tan lejanas–: 423.000 y 29.000 personas, respectivamente.

En Argentina, la situación era similar, pues el terror abordaba a la sociedad entera. Por un lado, el terrorismo guerrillero, encabezado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) ocupó violentamente más de 52 pueblos, robó 166 bancos y recibió más de 176 millones de dólares por secuestrar a más de 185 personas, que en su mayoría –y si no eran personas importantes– eran devueltos muertos. El terrorismo de derecha se hacía sentir con más fuerza, pero con mucho menos ruido. Su primera representación fue la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), a quien la Comisión Nacional sobre la Desaparición de  personas le atribuye centenares de  desapariciones hechas de manera silenciosa, en las noches y sin dejar rastro alguno. Más tarde, después del golpe de Estado del 24 de Marzo de 1976, el asunto se hizo más severo, pues ahora contaba con el respaldo de los nuevos jefes: los militares.

Parecería que la situación es igual. Sin embargo, vale la pena hacer una precisión respecto a la posición del gobierno colombiano frente a los grupos paramilitares, pues muchos lectores –tal vez con exceso de perspicacia- pensarán que es fácil igualar las dos actitudes: Siempre fue de rechazo. Al menos, en términos oficiales. Sin embargo, no extraña ver a tantos políticos regionales tras las rejas, pues una cosa era el comunicado que se leía en el Palacio de Nariño en medio de una fría y lluviosa tarde bogotana y otra la que se hacía en las regiones, tal vez fruto de la misma debilidad institucional a la que Colombia llegó. Mientras tanto, en Argentina, la violación fue mucho más sistemática y se podría interpretar como política de Estado. El sólo hecho de que Argentina se uniera al sistema Cóndor, una iniciativa chilena con el apoyo logístico de la CIA cuyo fin era borrar –literalmente– a todos los grupos de izquierda del cono sur y de América Latina mediante operaciones de inteligencia de élite y atentados terroristas en varias regiones del mundo, me parece muy elocuente.

Finalmente, yo no sé qué tan exacto haya sido este paralelo. Tal vez peco en exagerar algunas fuentes o, quien quita, acomodar algunos hechos para que mis argumentos suenen más plausibles. Tal vez no. Sólo sé que es fruto de una profunda ignorancia en el capítulo argentino de las dictaduras del cono sur. Probablemente me hubiera ido mejor con Chile, país que conozco mejor. De cualquier manera, quisiera terminar este ensayo –con el que no estoy satisfecho–  afirmando que las cosas pueden mejorar y que las malas, por perversas que sean, pasan y se van: Colombia, nadie lo creería hace unos años, pasó de ser un con casi 29.000 asesinatos y 2.900 secuestros en 2002 a 17.200 asesinatos y 580 secuestros en 2007. Los grupos paramilitares se han desmantelado y las guerrillas están al borde de ser derrotadas. No es suficiente, lo sabemos. Y debemos trabajar para subsanar varias heridas que están sin subsanar y son frutos de nuestros propios errores del pasado. Pero, ya está bueno de discursos miserabilistas: El país ha mejorado. Personalmente, pasar de una cuasi-dictadura del terror a una democracia en apuros en menos de 6 años a mi me parece, de por sí, un gran logro.

COMENTARIOS

No estoy satisfecho con este ensayo. Tal vez le falta profundidad conceptual a la hora de concluir y cuando se habla del gobierno colombiano y los nexos con los paramilitares. Tengo que ampliar eso. Acepto comentarios.

El bolívar fuerte y el clientelismo

Siempre me ha llamado la atención esa tendencia, tan latinoamericana, de refundar la patria cada vez que un presidente nuevo llega al poder. Montones de medidas y paquetes de leyes para retorcer a los países todas las veces que los Palacios de Gobierno cambian de habitante. Revolcones institucionales que ponen a los paises de cabeza.
Lo que, en mi opinión, es más curioso es que esos cambios tan abruptos nunca han terminado bien, ni hay reseñas de que hayan servido para mucho. Un buen ejemplo puede ser Ecuador. La constitucionalidad, que allá se ha vuelto una meretriz, es víctima de maquillajes cada década o cada vez que hay una crisis económica. Y eso, el transformismo urgentista, no les ha ayudado mucho.
Otro buen ejemplo de cambios elocuentes, de shows mediaticos gigantes y pocas soluciones, es el del bolívar fuerte: Nuevas imágenes, grandes discursos de los economistas bolivarianos, proyecciones inflacionarios optimistas y propaganda gobiernista. El resultado: Ninguno. En pocos meses ya ha perdido cerca del 10% de su valor. Porqué? Probablemente es porque no se está atacando la raíz del problema: gasto público excesivo, demasiado dinero circulante, etc...
Y me hace reflexionar que así puede ser con el clientelismo armado, más recientemente simbolizado por la parapolítica: Si no se atacan las bases del problema (intereses rentistas, poca vigilancia, etc..) y se acuden a soluciones superficiales (léase Gran Acuerdo Nacional, Silla Vacía o Asamblea Nacional Constituyente), corremos el gran riesgo de que estos fenómenos se prolonguen, así nuevas caras aparezcan. Desde el punto de vista político, puede ser más rentable mostrar sentido de urgencia y aparecer todos los días en televisión debatiendo sobre las pequeñeces de la reforma política. Pero sería mucho más responsable, y efectivo desde la misma óptica, combatir esos fenómenos eliminando o disminuyendo los incentivos que los originan.

Política y pensamientos infantiles

Interesante esta columna de Alejandro Gaviria.

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No me gusta que parece igualar clientelismo y corrupción con parapolítica. En esencia, me parece, la parapolítica tiene alcances mucho más profundos, dolorosos y sanguinarios que el hecho de robar o usar influencias en temas relacionados con el Estado. Es como comparar un asesino con un ladrón.

Me gusta el planteamiento de que las reglas planteadas y hechas leyes no significan curas definitivas. Hay normas (y pueden poner más, y más severas) contra la corrupción, pero la torta pública es tan tentativa que vale poco el incentivo de las imágenes de los noticieros en el búnker de la Fiscalía con agentes del CTI o el de las pulgas en La Picota.

Hay un hecho puntual y de fondo: Hay corrupción porque hay demasiado dinero suelto a cargo de políticos regionales y barones locales, cuyos destinos suelen ser muy diferentes a lo que la Constitución y las leyes mandan. Esa plata puede pasar de estar inicialmente destinada a salud y mantenimiento de vías a poner bonitos los barrios de los más pudientes políticos o financiar grupos ilegales.
Probablemente, el asunto mejorará si se limita el poder de estas personas que ya he nombrado. El problema es que para hacer tal cosa, todo tendrá que pasar por el congreso. Y hacer que los políticos se limiten es algo muy difícil, sin duda.