Utopía y paranoia.

Columna publicada en el periódico La Campana de Popayán, en Agosto de 2010.
En la anterior edición de este periódico el columnista Gabriel Bustamante, palabras más, palabras menos, expuso que la Tutela es el único mecanismo que ha hecho posible cumplir con los derechos constitucionales de una gran parte de la población colombiana, siendo, según su argumento, que el Neoliberalismo acabó con la posibilidad de hacer cumplir las leyes y normas constitucionales que garantizaban un Estado Social de Derecho.
Sin embargo, cabe hacerse algunas preguntas: ¿Acaso el Estado Social de Derecho ya existía previamente, y permitía el cumplimiento cabal de las leyes y normas que satisfacen los derechos humanos de todos los colombianos? ¿Acaso la Tutela no generó distorsiones en las prioridades del gasto del Estado? ¿Acaso algunos fallos obligados por las tutelas no generaron incentivos inesperados en el sector Salud, que terminaron por beneficiar de forma inesperada a las EPSs? O acaso ¿Algunas reformas a la ley inspiradas en estos mecanismos de ayuda a sujetos vulnerables no generaron resultados totalmente contrarios a los esperados?
La idea según la cual la justicia y la redistribución dependen más de la voluntad de los gobernantes y hombres de poder que del control y predicción de ciertos incentivos y de ciertas acciones involuntarias ha dado sustento desde hace décadas a lo que el filósofo Alemán Karl Popper (1945) llamó la teoría de la conspiración de la sociedad. Según esta teoría, un fenómeno social se explica cuando se descubre a los hombres o grupos humanos interesados en que suceda este fenómeno. Por ejemplo, la dificultad del Estado y sus gobernantes para redistribuir riqueza y generar justicia se explica solamente porque se supone que hay un grupo económico o político con mucho poder que ha llevado a cabo acciones necesarias para debilitar cualquier acción que propenda por la redistribución o la justicia. Este tipo de teorías suelen exponer una utopía social previa al fenómeno o conflicto social que quieren explicar, y suponen que esta utopía puede lograrse siempre y cuando quienes creen son los causantes de un mal dejen de tener la intención de perpetuarlo. Por ello plantearon la teoría del Neoliberalismo como una teoría política o de poder, y nunca buscaron entender el fenómeno económico y social que hizo viable y necesario al libre mercado, más allá de cualquier posición moralizante, no muy diferente de aquellas posiciones religiosas que culpaban al Demonio por los actos egoístas de los hombres. No parece extraño también que en el campo de la normatividad (del derecho, la legislación y la interpretación de las leyes) haya sido tradicional el suponer que toda acción humana voluntaria tiene consecuencias sociales voluntarias. Que toda norma es el producto de un buen razonamiento, y que este debería hacerse realidad con la mayor premura y facilidad. Pero resulta que, como sabiamente lo explica Popper, en el mundo social las acciones humanas intencionales tienden a tener repercusiones sociales no intencionales. El mundo económico suele explicar las paradojas por el comportamiento caprichoso, no de los hombres con poder, sino de los incentivos que son difíciles de prever cuando hay reformas al gasto y a la inversión a través de leyes que siguen siendo nuevas y que tienen efectos inesperados que los congresistas, miembros de la constituyente y magistrados no suelen tener presentes, porque no suelen analizar la posibilidad de estos efectos inesperados. Cabe resaltar, otra vez, los efectos inesperados de las tutelas como principales beneficiadoras de las EPSs, aumentando sus ingresos para seguir invirtiendo en la tercerización del servicio en Salud. También los efectos inesperados de las leyes de subsidio a madres cabeza de hogar, que solo aumentaron la tasa de adolescentes embarazadas; Los subsidios a las madres cabeza de familia, que solo aumentaron los divorcios racionales; Y los subsidios a las escuelas en las regiones con poca cobertura, situación que disminuyó las transferencias a escuelas municipales con mayor cobertura.
Como sabiamente ha resaltado Jon Elster, profesor en sociología de la Universidad de Columbia, las constituciones cobran vida y son efectivas, no solo si están “bien escritas”, de forma acorde al derecho internacional. Su valor no está solo en su coherencia normativa, su carácter racional o en sus intenciones humanitarias. Las constituciones cobran vida si son eficientes en lo económico y si facilitan la toma de decisiones en los niveles locales. Pero la Tutela parece tener efectos contrarios a lo esperado.

El poder político de la pobreza

Aunque se supone que la política debe orientarse hacia el cumplimiento de las condiciones de equidad, igualdad y lucha contra la pobreza que promulga con sus buenas intenciones la Constitución de 1991, la realidad política colombiana parece mostrarnos que el efecto de las políticas sociales de los últimos 20 años nos ha conducido hacia un panorama que está lejos de ser prescrito por las disposiciones normativas de la Constitución. Las obligaciones sociales y económicas del Estado que son descritas en este documento, tal vez nunca tuvieron presentes las limitantes históricas y económicas de nuestra sociedad. No parten de una lectura clave de esta historia, en la cual, las obligaciones políticas y las limitantes institucionales hacen de cualquier política social, de cualquier normativa o ley que la respalde, una suerte de actividad azarosa e impredecible. Mientras que los incentivos promovidos por estas impredecibles leyes y normativas sociales han llevado poco a poco a un cambio permanente de la política colombiana, con inflexibilidades reforzadas y fracasos pendientes, la Constitución, a lo lejos, parece exigirnos cumplir con los mismos contratos sociales, aquellos que son difíciles de evidenciar en la práctica, en la realidad.
Hace ya 10 años las transferencias condicionadas tomaron su lugar en los últimos gobiernos. Hasta entonces, el manejo de las transferencias solo se planteaba en el marco de los conflictos entre la centralización y la descentralización. Tanto Pastrana como Uribe, llegaron a desestimar el impacto de las nacientes transferencias condicionadas, aquellas promovidas por expertos de agencias multilaterales que las presentaban como la solución para poder combatir la pobreza. Ahora, estas son simplemente llamadas subsidios, y son el eje principal de la política social de Uribe, quien parece ser logró percatarse de los cambios políticos que generan estas medidas, tanto como Lula Da Silva lo hizo en Brasil.
Los subsidios tienen un poder que se ha consolidado en los últimos años independientemente de sus logros sociales. Los subsidios entregados por Familias en Acción sólo han demostrado tener un impacto en la nutrición de infantes menores de 5 años y en la no deserción educativa de jóvenes, resultados que únicamente han sido claros en zonas rurales alejadas. Mas sin embargo, hoy en día, más que nunca, los subsidios han generado cooperativas de personas asociadas para no perderlos, que se ubican en todas las ciudades, y que sin lugar a dudas, representan un capital social y político que cualquier cacique envidiaría. Pero este efecto, curiosamente, ha sido independiente de los efectos comprobados en el bienestar de la población. El sistema, parece ser, no solo no ha disminuido la pobreza de forma clara, sino que ha profundizado los efectos inesperados de las transferencias condicionadas. Ha generado incentivos para entrar al sistema en quienes no lo necesitan, ha mantenido las inequidades horizontales entre personas de la misma condición social, ha generado un mayor gasto social que no es retribuido por pago de impuestos o inversiones, y ha desvinculado a los ciudadanos de sus entidades territoriales, para dejarlos bajo el control político del gobierno central.
El poder de los subsidios podría definir las elecciones en Colombia. Curiosamente, su resultado no ha sido la disminución de la pobreza, sino el poder político inesperado de la misma.

Ironías Verdes

Yo voto por Mockus porque creo que sabe lo que toca hacer. En parte, continuar con políticas del gobierno Uribe, y en parte generar reformas progresivas que son posibles con el congreso y las instituciones que se tienen. Pero lo que no sé es si muchas personas entienden lo que él dice.
Dentro de esta fauna de simpatizantes y electores uno encuentra las más caprichosas combinaciones. Estas combinaciones son de lo más interesantes. Para mí, simplemente, muestran la torpeza del altruismo. La tendencia ciega a querer tener causas abstractas. El fracaso inevitable y casi anunciado en seguirlas al largo plazo.
Hace 4 años Mockus decía exactamente lo mismo que dice ahora. En ese entonces los simpatizantes del Polo lo despreciaban profundamente por sus duras críticas a la izquierda. Hace 4 años el Polo era considerado el fenómeno de política de “opinión”, aunque realmente siempre lo fue Uribe. Ahora, los simpatizantes del Polo que se pasaron a los Verdes ni siquiera lo escuchan en sus duras críticas a la izquierda, siendo que Mockus no pierde oportunidad para resaltar el error de la izquierda para entender la política pública y aceptar un mundo económico. Pero si le preguntas a alguien antes del Polo que ahora es Verde, el porqué del cambio, seguro te va a afirmar que Mockus sí va a llevar a cabo los cambios “estructurales” de los que habla la izquierda. Defienden lo que su mismo candidato cuestiona.
Hace 4 años la mayoría de los colombianos miraban con indiferencia la reelección de Uribe. El caso, es que sentir como injustas las condiciones de la reelección no era posible para las mayorías, porque simplemente no tenían la menor posibilidad de opinar ante otros y ver los cambios en la opinión de los demás conforme ellos mismos opinaban. Ahora, el Facebook y demás redes sociales lo cambiaron todo. Ahora la indignación por las chuzadas del DAS es incomparablemente más grande a la indignación que podía generar el Mockus solitario que se quejaba por la Yidis política. En esa época, eso no tenía impacto en las redes, no se aproximaban las elecciones, no había promesa de “cambio” alguno, no había emoción.
Estos son momentos extraños, en los que la energía de los furibistas y mamertos ha transmutado en Mokertismo, el cual es la tendencia al mamertismo mockusiano, a recitar las auto exigencias morales que Mockus se hace a sí mismo esperando se reflejen en los demás. Algo también curioso es que el modelo social y económico que rescata Mockus, el neoinstitucionalismo y el estudio de la conducta pro-social, es lo más interesante y prometedor en la política contemporánea, pero eso es algo que la mayoría de los Mokertos desconocen completamente. Solo necesitan algo de esta emoción colectiva. Una novedad, una promesa de justicia social ante algo que ni siquiera entienden. Una promesa abstracta de cambio que en cualquier momento puede mutar a más de lo mismo, sobre todo si los lobos han convencido a un despistado Mockus de ser ovejas.
Creo que un problema en Mockus, que los Mokertos tal vez no puedan discutir, es que cree que las acciones colectivas siempre son fruto de argumentos. Pero su propia elección puede demostrar lo contrario. El colectivo, a este nivel, no comparte ningún intercambio claro de ideas o recursos evidenciables, solo comparte la ilusión del altruismo, la conducta autocomplaciente de la superioridad moral, que se agranda como una mareada.

Mea Culpa

Los latinoamericanos tenemos varios patrones de comportamiento que suelen repetirse constantemente. Por ejemplo, algunos dicen que somos más alegres y creativos que las aburridas y cuadriculadas razas anglosajonas. Otros que tenemos dotes afectivos superiores a las castas blancas de otros continentes. Pero si hay algo que nos identifica, al menos en lo que es relativo a nuestras relaciones con otros países, es la tendencia a adjudicarle la culpa de nuestras desgracias a otras naciones: Que los españoles del siglo XVII para atrás, después los ingleses, después los gringos y recientemente las potencias de Oriente que nos empiezan a robar clientes de manufactura por su increíble habilidad para progresar en productividad. Pero en medio del tiempo que gastamos en nuestros alegatos que intentan retratarnos como víctimas inofensivas de la historia, nunca reparamos en que nosotros mismos nos hemos encargado de hacer de nuestras instituciones democráticas y económicas (algo clave para la innovación y la inversión, y por ende para el crecimiento económico de largo plazo) un desastre. Tal vez la prueba fehaciente de lo anterior es la reciente aprobación –cuya unanimidad es preocupante- del referendo reeleccionista en el Senado de la República, que seguramente terminará en un deterioro más profundo de nuestra ya debilitadas instituciones políticas.

La voluntad electoral no es necesariamente la de los electores

En una reciente columna de opinión Hernando Gómez Buendía expone de forma rigurosa la coyuntura política presente en el país. Básicamente, muestra que lo que muchos consideran el acatamiento de la voluntad popular, realmente consiste en el seguimiento de una serie de estrategias que han buscado todo el tiempo el logro de ciertos objetivos electorales. La reforma política ha sido la principal actividad mediante la cual el gobierno y sus partidos han aparentado afrontar la crisis política y jurídica del país, pero realmente la han usado como una herramienta para el desarrollo de una serie de estrategias que tienen como objetivo la reelección. La voluntad electoral no es necesariamente una expresión democrática, sino más bien un tire y afloje de quienes se pelean el poder político, jurídico y económico del país.
La reforma política en curso, que buscaba en un inicio cambios radicales en el congreso debido a los vínculos con el paramilitarismo, se ha ido suavizando en cada cambio, con el objetivo de que el gobierno no pierda su mayoría en el congreso. En un inicio, la reforma requería que los 73 políticos involucrados perdieran su curul, sin posibilidad de reemplazo por quienes conformaban sus listas. Sin embargo, el gobierno propuso que el fuero del congresista fuera intocable, pidiendo una medida de aseguramiento, que más que castigar las conductas delictivas de los congresistas, sería una acción leguleya para poder sacar el cuerpo a las investigaciones a los congresistas. Igualmente, los cambios a la reforma política han ido limpiando toda responsabilidad jurídica y política de los partidos a los cuales pertenecían los congresistas investigados. Esta fue una estrategia que tenía entre sus objetivos el que los pequeños partidos uribistas no perdieran su personería jurídica. Esta reforma igual buscó desactivar cualquier criterio cuantitativo para hacer que se castigara a estos partidos, dejando en manos del consejo nacional electoral las decisiones disciplinares del caso, siendo este un ente controlado por los partidos políticos.
Entre otros objetivos, estaba el disminuir la competencia política, para lo cual se incrementó el umbral electoral, situación de la cual estarán salvos los partidos pequeños uribistas al ser acogidos por los partidos grandes. También prohibieron que los concejales y diputados renunciaran a sus cargos para aspirar al congreso. Además, pretenden influir en el poder electoral, siendo que el registrador ya no será elegido por méritos ante las altas cortes sino ante el congreso. Sumado a todo esto, el consejo electoral ya declaró limpias las firmas del referendo. Para conseguir los 7 millones de votos propusieron extender la reelección de alcaldes y gobernadores, para que estos arrastren sus capitales electorales a las urnas. Otra parte de la estrategia para acumular capital político y llevarlo a las urnas es presentar el referendo al agua y a la cadena perpetua al mismo tiempo que el referendo por la reelección. La idea es usar estos referendos, que tienen serios problemas para plantearse como políticas serias y bien planeadas, como formas de incentivar a la opinión pública a las urnas.
Como puede verse, lo que muchos consideran la expresión de la voluntad del pueblo, o el premio a un buen gobierno, realmente es el desarrollo de estrategias leguleyas y politiqueras que nada tienen que ver con un ejercicio sano de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Estamos en un periodo de crisis institucional muy grave. La necesidad de quienes controlan el poder en este momento por asegurarlo demuestra que realmente no hay buenas acciones políticas. La polarización seguirá desvirtuando toda política y toda ley, en tanto que gobernantes, legisladores y jueces compartan métodos poco progresistas y centrados en acumular poder, pero no en hacerlo equitativo y complementario.

Movilidad y Política

El nuevo decreto para darle vida al sistema integrado de movilidad de la Alcaldía de Bogotá está siendo elaborado. Si bien se ocupa de generar incentivos para regular de forma conjunta las operaciones sobre la malla vial y el sistema integrado de transporte, las condiciones financieras, administrativas, políticas y técnicas que son necesarias para tal fin todavía no están muy claras. Hasta el momento la secretaria de movilidad no se pronuncia sobre los cambios a nivel de regulación entre empresas que son requeridos y el alcalde tampoco deja muy en claro cuáles son los compromisos políticos de su gobierno para tal fin. Si bien el nuevo decreto busca reestructurar el sistema público, e integrarlo, las condiciones que pueden hacer de esta una labor exitosa en los próximos diez años no son muy claras. Todavía no se ha continuado con el diseño que la administración Peñalosa y la administración Mockus plantearon como necesario, siendo que desde la administración Garzón no se han cumplido las metas de chatarrización, no se han desincentivado la creación de sistemas paralelos a Transmilenio y tampoco se hicieron las proyecciones esperadas sobre el incremento de usuarios y de rutas requeridas, así como estudios que contabilizaran los tiempos a pie recorridos por los usuarios. Pero tal vez lo más preocupante, es que las políticas de movilidad desde la alcaldía de Garzón no han tratado con dos principios básicos planteados por las administraciones de Peñalosa y Mockus, que son la desincentivación del uso del carro particular en zonas congestionadas y la generación de compromisos tributarios para aportar al sistema integrado de movilidad por parte de los ciudadanos que pueden responder en mayor medida, y que es necesario se integren también al sistema masivo de transporte y a la ciudad como tal, para que no se vayan a vivir fuera de la ciudad sin pagar sus obligaciones tributarias mientras que contribuyen con más carros en las zonas congestionadas. Si el aumento del recaudo no se da, no se solucionarían los problemas básicos, como son la movilidad de los más pobres, la sobre oferta de buses en zonas congestionadas que lleva a aumentar los precios de los tiquetes y la suburbanización de la ciudad que incentiva el uso del carro particular en las zonas congestionadas.
La ampliación del pico y placa es claramente una medida coyuntural que no soluciona el problema estructural del transporte, y que paradójicamente lo agrava, al incentivar la compra de otro vehículo por parte de un importante sector de la población. Si bien esto no parece afectar a quienes andan a pie, sí lo hace a largo plazo, porque mantiene el caos en el sistema público, incrementando los precios de los tiquetes, aumentando el número de rutas requeridas para trayectorias extensas o no muy concurridas, y principalmente, porque mantiene el gran hueco financiero, que crece año tras año, que es requerido tapar con inversión para hacer sostenible la movilidad en Bogotá. El problema es que el usuario de a pie y el usuario que tiene dos carros pueden no sentirse afectados todavía cuando encuentran la forma para no necesitar un sistema de movilidad bien integrado. Pero las soluciones que van encontrando, como llenar la ciudad de más buses y de más carros, solo garantizan una problemática financiera sin precedentes y una ciudad que crece a un ritmo desordenado y completamente separado, que se está alejando de los planteamientos de las administraciones de Peñalosa y Mockus.

La nueva lengua

A mi parecer, Yaoni Sánchez ha hecho un descubrimiento importante. Ha encontrado que el significado de libertad no está en medio de discusiones "intelectuales" que deliran sobre utopías y mundos imposibles, mientras cultivan en el espíritu de las personas la envidia y el autoritarismo. No, la libertad no es algo que requiera de nuevos conceptos o términos diferentes a su sentido vital y real. No es tarea de la filología ideológica, ni de la filosofía propagandista. Yo creo que Yaoni descubrió, por su propia experiencia, que la libertad no requiere de tantas discusiones sobre la naturaleza de la sociedad, ni tampoco de experimentos sociales llevados a cabo por los impetus maniaticos de los cuales es capaz cualquier loco favorecido por la circunstancia. No, Yaoni no encontró la a la libertad en su propio oficio como escritora por dilucidar todas estas incógnitas. Lo hizo fue al conocer una nueva lengua, la lengua del HTML, del mundo del internet y de los Bloggs, un mundo por el cual pudo comunicar lo incomunicable, decifrar su propia vocación, entender su propia circunstancia.
La libertad que creo encontró Yaoni no es absoluta ni verdadera. Es simplemente aquella que tiene un efecto deseable para sí misma, aquella donde pudo encontrarse. Y esta no es una que le fue enseñada por los políticos o filósofos de turno. La Generación Y y Yaoni Sánchez creo que muestran que la modernidad se abre paso, incluso en los ambientes más desfavorables.
para quienes quieren conocer esta generación"