En sus primeros años de existencia, el conflicto en Colombia se caracterizó por ser un asunto eminentemente doméstico, con una influencia relativamente limitada de agentes externos. Si bien se presentaron algunos casos de intervención extranjera en nuestra guerra, como el apoyo financiero y militar de Cuba al ELN en los años sesenta (Peters, 2009), estos nunca fueron lo suficientemente profundos y extensivos como para convertir a otros países en actores importantes y decisivos en nuestro teatro estratégico. Sin embargo, esto ha cambiado en las últimas décadas con el aumento de la actividad norteamericana justificada en el combate al tráfico de drogas y al terrorismo, y más recientemente con la aparición de proyectos expansionistas que son compatibles con las ideas de los grupos insurgentes en Colombia. Es el objetivo de este documento establecer con claridad quiénes son los actores transnacionales que han estado involucrados en nuestra guerra, qué está pasando con ellos en la actualidad, qué podemos esperar de ellos en el mediano plazo y sus implicaciones posibles para nuestro conflicto.
a.) ¿Quiénes son, cuál ha sido su rol y qué está ocurriendo?
Si bien una cantidad considerable de países en el mundo han expresado su preocupación por la violencia en Colombia, pocos han sido actores relevantes en nuestro conflicto, lo que es racionalmente asimilable si se acepta que las naciones y sus gobiernos sólo se interesan con profundidad por un problema cuando este realmente les afecta. Tal como lo afirma Borda (2010), los Estados actúan por motivaciones fuertes y claramente definidas y no por caridad. De esta manera, existen algunos países que poco tienen que ver con nuestro conflicto pues sus intereses están alejados de esta parte del trópico. Así, por ejemplo, es predecible que países como Bangladesh o Sri Lanka se interesen poco por nuestra guerra pues claramente no estamos dentro de su lista de prioridades por varias razones: Nuestro intercambio comercial es casi nulo, nuestra posición geográfica es muy lejana, etc. Pero, de igual manera, hay otras naciones que tienen intereses naturales en Colombia y que consecuentemente tienden a estar más involucradas en el conflicto armado. Dentro de ese contexto, el país que ha estado más involucrado en nuestra guerra ha sido Estados Unidos pues la estabilidad política de Colombia parece importante para su seguridad nacional y la preservación de la estabilidad en el hemisfero (Sweeney, 1999), así como la necesidad de combatir a las drogas y al terrorismo. En ese mismo orden de ideas, Venezuela ha convertido en un agente externo importante para nuestra guerra pues es el corazón de un proyecto continental de unidad latinoamericana que simpatiza con los planteamientos políticos bolivarianos de las guerrillas colombianas, y hay evidencia empírica relevante que apunta a la colaboración técnica y financiera del gobierno de ese país con organizaciones armadas ilegales en Colombia (Ortiz, 2010). Y aunque es cierto que hay muchos otros Estados interesados en nuestro conflicto, como Brasil al que este asunto le es relevante como potencia hemisférica emergente, lo verdadero es que no hay otros actores que hayan o estén jugando roles tan protagónicos como los EEUU y Venezuela. A continuación, describiremos las interacciones recientes de esas naciones con Colombia en lo que es relativo a la guerra y lo que podemos esperar de ellas en el mediano plazo.
i.) Estados Unidos
Después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, la relación bilateral con Colombia no ha sido de prioridad elevada para los Estados Unidos pues el eje principal de su política exterior en gran parte del Siglo XX fue la lucha global contra el comunismo (Hook & Spanier, 2007), y si bien Colombia llegó a tener un rol relevante en esta cruzada en el contexto hemisférico, generalmente existieron situaciones más críticas que demandaron la atención prioritaria de los Estados Unidos. Así, por ejemplo la contención soviética en Europa Occidental y la Guerra de Vietnam dominaron la agenda exterior de muchos gobiernos, desde Dwight Eisenhower hasta Gerald Ford. Esto empezaría a cambiar hacia finales de los años ochenta con la administración Reagan y su fuerte postura en materia de política antinarcóticos. Como afirma Borda (2001), el inicio de ese gobierno marcó un giro radical en materia de acción y retórica en lo que se refiere a la guerra contra las drogas, distanciándose del discurso de la saliente administración de Jimmy Carter, cuyo eje central era tratar el problema del los narcóticos como un asunto de salud pública. Así, la primera dama de ese país, Nancy Reagan, lanzó en 1984 la campaña Just say no, que incitaba al público americano a dejar de consumir drogas pues esta actividad implicaba costos económicos, sociales y culturales demasiado altos. En 1986, el Presidente Reagan firmó el Antidrug Abuse Act que establecía por primera vez un presupuesto relativamente importante para la guerra contra las drogas (U$1.700 millones, equivalentes a U$5.340 millones de 20081), una penalidad mínima para consumidores y el porcentaje mínimo que un condenado por consumo de drogas debe cumplir de su sentencia para poder ser libre (85%) ("Timeline: America's War on Drugs," 2007). Esto sería relevante para Colombia y su relación con los Estados Unidos pues el inicio de esta cruzada contra narcóticos coincidiría cronológicamente con la consolidación de nuestro país como el mayor exportador mundial de cocaína y la aparición de poderosos carteles como el de Medellín y de capos legendarios como Pablo Escobar y Carlos Lehder. Tickner (2010) afirma que este período histórico marcó el inicio de la narcotización de las relaciones bilaterales, que le fue útil a nuestro país como excusa para buscar una relación especial con los Estados Unidos y solicitar asistencia militar y financiera para combatir al flagelo del narcotráfico. Así, en 1989 el Estado Colombiano ya había recibido radares y helicópteros, así como entrenamiento por parte de especialistas norteamericanos. Adicionalmente, el dinero para inversión ya era de U$89 millones y se esperaba que siguiera creciendo (Brooke, 1990).
Los Estados Unidos siguieron proporcionando cooperación militar y financiera para la lucha contra las drogas durante la década de los años noventa, aunque de forma diferente a la inicialmente provista en las Administraciones Reagan y Bush, y por varias razones: En primer lugar, el escándalo del proceso 8.000, donde se probó que dinero del narcotráfico financió parte de la campaña de Ernesto Samper, enrareció las relaciones entre los gobiernos de ambas naciones y amenazó la estabilidad institucional colombiana. Y en segunda instancia, muy relacionado con lo anterior y según Ortiz (2010a), la debilidad del Presidente obligó al gobierno a buscar apoyo en las Fuerzas Militares para poder seguir en el poder, y lo consiguió. De esta manera, los Estados Unidos redireccionaron la cooperación técnica y la ayuda financiera de la guerra contra las drogas hacia la Policía Nacional, que se asociaba menos con el gobierno Samper. Todo esto tendría implicaciones relevantes para el escenario nacional de seguridad pues coincidió con la escalada militar más agresiva llevada a cabo por las FARC y el surgimiento de grupos paramilitares en varias zonas del país.
Entonces al finalizar el gobierno Samper, la institucionalidad nacional estaba debilitada, la situación de seguridad era crítica y las relaciones con los Estados Unidos atravesaban por el peor momento en décadas. Para enfrentar ese complejo panorama, Ortiz (2006) afirma que la administración Pastrana optó por una estrategia dual que abría las puertas a la negociación con las FARC mientras impulsaba una actualización y una reforma profunda de las Fuerzas Militares. Para poder desarrollar con éxito el segundo pilar de la estrategia era necesario mejorar las relaciones con los Estados Unidos pues el estado de las finanzas públicas era débil y la cooperación técnica norteamericana, direccionada a las Fuerzas Militares, podría tener implicaciones estratégicas favorables e importantes en la lucha contrainsurgente. De esta manera y tras avanzar en la recuperación de la confianza entre ambos Estados, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Plan Colombia (PC), propuesto por la administración Clinton y el gobierno Colombiano, con el objetivo de fortalecer al Estado Colombiano para que este pudiera ser un agente efectivo en la guerra contra las drogas (Tickner, 2010). Una de las características más importantes de esta iniciativa es que era eminentemente militar y que limitaba el uso de los equipos adquiridos con fondos norteamericanos para asuntos contra narcóticos, lo que algunas veces limitaba su efectividad en la lucha contrainsurgente.
Tras los ataques terroristas del 11 de Septiembre de 2001, la declaración de la guerra global contra el terrorismo de la administración Bush y el fracaso de los diálogos de paz con las FARC, la relación entre Colombia y los Estados Unidos tomó un nuevo aire pues la lucha contrainsugente se justificaba plenamente dentro del contexto de cruzada global contra el terror y dotaba con algunas herramientas al gobierno Colombiano para aprovechar más eficientemente los recursos financieros y la cooperación técnica norteamericana en la guerra contra las guerrillas. Por ejemplo, Ortiz (2010a) afirma que antes de este cambio en los términos de la relación con los Estados Unidos, los equipos comprados con fondos norteamericanos no podían ser utilizados por las Fuerzas Militares Colombianas sin la autorización de personal militar de ese país, que estaba sujeta a la orientación de la operación a ejecutar: Sólo se podían usar si las operaciones en que participaban era de carácter contra narcóticos. Después y dentro del ámbito de la guerra global contra el terrorismo, los militares colombianos pudieron hacer uso de esos equipos sin restricción y sin necesidad de autorizaciones de los estadounidenses, lo que implicó de alguna manera un rol más relevante en el conflicto interno, pues la asistencia militar ya no se limitaba a operaciones contextualizadas en la guerra contra las drogas, sino que extendió su foco a otro tipo de situaciones más relevantes para la guerra interna como la contrainsurgencia y la aplicación extensiva de la política de seguridad democrática. Tickner (2010) afirma que el período de tiempo comprendido entre los ataques terroristas del 11 de Septiembre y el fracaso finales de las negociaciones de paz con las FARC, determinó el inicio de la terrorización de la relación bilateral.
En los últimos años, el rol de los Estados Unidos en nuestro conflicto ha venido decreciendo por numerosas razones: En primer lugar, el papel activo que ese país venía jugando en nuestra guerra se justificaba en el discurso de la guerra global contra el terrorismo, que después de los fiascos militares en Irak y Afganistán ha perdido relevancia y parece estar desapareciendo, al menos en sus formas más rudas (Henninger, 2009). En segunda instancia, y probablemente como consecuencia de lo anterior, el Congreso de los Estados Unidos, desde finales de 2006 ha sido dominado por el partido demócrata y esto se ha reflejado en la composición de los fondos del Plan Colombia pues los programas de asistencia social y desarrollo económico han venido ganando relevancia frente a los de inversión militar, lo que según Ortiz (2010b) tiene implicaciones estratégicas relevantes dado que los recursos norteamericanos para fines bélicos se habían convertido en la parte más importante para inversión del presupuesto del Ministerio de Defensa. En tercer lugar, los Estados Unidos atraviesan por una difícil situación fiscal que limita el espacio presupuestal para iniciativas como el Plan Colombia. En cuarto lugar, existen otros lugares con situaciones críticas que están llamando la atención y los recursos de ese país, como Afganistán. Y finalmente, con la llegada a la presidencia de Barack Obama en Enero de 2009, el paradigma de la estrategia contra las drogas parece estar migrando de uno netamente punitivo a uno que incluye componentes de salud pública más amplios e integrales. Así, por ejemplo, el Zar Antidrogas de los Estados Unidos ha afirmado en numerosas ocasiones que el término guerra contra las drogas debe ser eliminado del lenguaje de la política contra narcóticos del gobierno de ese país (Fields, 2009). Esto tiene implicaciones políticas importantes para Colombia pues de alguna u otra manera, y como fue explicado anteriormente, la asistencia técnica norteamericana en las últimas tres décadas se basó en dos paradigmas que parecen estar relegándose cada vez más a segundos planos: El terrorismo y la guerra contra las drogas.
Es predecible que esta tendencia se consolide en el mediano plazo por varias razones. En primera instancia, la Administración Obama enfrenta retos domésticos y externos mucho más importantes que nuestro conflicto o que la propia guerra contra las drogas, cuya justificación misma ha empezado a cuestionarse: Complejos problemas de una infraestructura que ya está cumpliendo su vida útil (Sofge, 2007), un elevado déficit fiscal y una deuda soberana galopante, tensiones diplomáticas y comerciales con China -que es su segundo mayor acreedor ("Not pointing or wagging but beckoning," 2010), el programa de desarrollo nuclear de Irán, etc. En segundo lugar, el espacio fiscal para programas como el Plan Colombia seguirá reduciéndose pues el problema presupuestal de los Estados Unidos no es de carácter coyuntural, sino estructural: Según el Budget Projections (2010) del Congressional Budget Office, el déficit fiscal en 2010 será del 10.3%, en 2011 8.9% y 2012 5.8% del PIB y se estabilizaría alrededor de 4.5% hasta el 20202. Y en tercer lugar, como afirmó Tickner (2010), la guerra contra las drogas, que sirvió como argumento para que Colombia tuviera una relación especial con el gobierno norteamericano durante muchos años, parece estar empezando a desvirtuarse.
ii.) Venezuela
Según Murillo & Llorente (1989), las relaciones Colombo-Venezolanas generalmente se han determinado por diferendos limítrofes y por asuntos ligados a la integración de ambas economías. Este paradigma se mantuvo durante el resto del siglo XX y los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, esencialmente por los bajos precios del petróleo observados hasta 2004, lo cuál es relevante pues según Oppenheimer (2006) esa es la condición mas importante para la puesta en práctica de la retórica bolivariana del mandatario venezolano. A partir de 2005, con la reactivación de la economía global y la entrada de potencias emergentes como China e India en los mercados globales de materias primas como compradores, los precios de insumos básicos como el petróleo empezaron a subir estrepitosamente y, consecuente con la afirmación planteada anteriormente, la actividad del Presidente Chávez en el hemisferio también3. Este incremento de actividades tuvo implicaciones importantes para Colombia pues significó que su vecino andino más relevante en términos estratégicos se encontraba en medio de en un proceso de expansión de influencias bajo la excusa de la unidad latinoamericana y el bolivarianismo. Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que el modelo que Venezuela pretendía exportar, basado en una economía estatizada y un régimen político autoritario, es muy diferente al que Colombia pretende consolidar, que se cimienta en una democracia liberal y un sistema económico de libre mercado, lo que puede generar tensiones estructurales difíciles de solucionar, especialmente cuando las propuestas ideológicas de Caracas son compatibles con los de las guerrillas colombianas, enemigas principales del establecimiento de Bogotá.
Según Ortiz (2010), el surgimiento del expansionismo venezolano se tradujo en el escenario de guerra colombiano en cuatro elementos: i) Retaguardia estratégica para las guerrillas, que habían sido arrinconadas por el Ejército Colombiano por el éxito de la política de seguridad democrática, ii) financiación y armas, reflejadas en el plan frustrado del Presidente Chávez para conseguir U$300 millones para las FARC y el decomiso de misiles suecos antitanque que fueron adquiridos por el Ejército Venezolano en manos ese mismo grupo insurgente, iii) un modelo político de referencia y iv) reconocimiento político internacional, que implica cierta disminución de la legitimidad del Estado Colombiano y por lo tanto una posición menos ventajosa para negociar, en unos eventuales diálogos de paz. El impacto estratégico de la intervención venezolana en el conflicto es evidente y relativamente sencilla de explicar: Las guerrillas encontraron un lugar donde abastecerse, una fuente de recursos y cooperación militar relevante y algo de status político, lo que sin lugar a dudas hace mucho más difícil la labor de contrainsurgencia del Ejército Colombiano y debería, en el mejor de los casos, alargar la guerra.
Es predecible que el fenómeno anterior se prolongue por una causa sencilla: Lo más probable es que el Presidente Chávez se mantenga en el poder pues hay razones que apuntan a ello. En primer lugar, sigue teniendo apoyo popular. Si bien las encuestas muestran resultados de popularidad disímiles, esta parece ser lo suficientemente elevada para que pueda haber gobernabilidad: La encuesta menos favorable arroja un 45% de soporte al Presidente Chávez (Datanálisis, Abril de 2010). En segunda instancia, parece razonable que el mandatario venezolano tenga el apoyo del establecimiento militar de su país pues le ha brindado una cantidad considerable de prebendas, ha elevado sus salarios considerablemente y ha aumentado el presupuesto de inversión en defensa como ningún otro presidente en la historia de ese país (Daniel, 2010). En tercer lugar, el presidente Chávez ha construido una base social de personas dependientes del Estado que estaría dispuesta a apoyarlo en caso de algún tipo de tribulación política, así como un cuerpo de milicias urbanas fieles a él, no a la Constitución, como es el caso del Ejército (Ortiz, 2010). Y finalmente, los precios del petróleo deberían seguir relativamente elevados mientras la demanda global de crudo se sigue recuperando al tiempo que la misma economía mundial.
b.) Conclusión
En este artículo se han descrito los roles estratégicos de los dos agentes externos más importantes para nuestro conflicto armado y se han hecho algunas predicciones sobre las posibles variaciones que esos roles puedan presentar en el mediano plazo. El resultado no es positivo para Colombia pues el panorama geopolítico que se está configurando no es el deseable para un país que busca terminar rápidamente y por la vía militar a las guerrillas insurgentes: Un aliado importante en la lucha contra el terrorismo se está replegando mientras que el gobierno de un vecino, ideológicamente compatible y colaborador de las FARC, parece haber llegado para quedarse, al menos en el mediano plazo. Y todo lo que eso implica.
Bibliografía
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Rompiendo esquemas: Las drogas
Un tema crítico al hablar de Colombia es el narcotráfico: Nuestro terruño tiene el título de primer productor mundial de cocaína y cada vez que se habla en foros internacionales sobre el buen momento económico que atraviesa el país, siempre sale algún desinformado a decir que es por causa del tráfico de narcóticos. Y en parte, es entendible: El diploma que ostentamos es muy elocuente, en especial para los perezosos del intelecto.
Pero a pesar de todo lo anterior (que es tal vez lo más ruidoso), algo preocupante es que hacia el futuro parece no existir una solución o, que al menos todo lo que se ha hecho ha sido en vano: Billones de dólares gastados, numerosas muertes y corrupción en el Gobierno. Hay que reconocer que han caído “capos” como Pablo Escobar o los hermanos Rodríguez Orejuela, pero al final el problema, sin importar la forma o el nombre del cartel, persiste.
Hemos hecho de todo, menos probar una propuesta, que es muy controvertida, pero que vale la pena examinar: La legalización de la producción y el consumo de drogas. Vamos a ver que en general, los narcóticos se han convertido en un mito y un objeto de lucha. Un inconveniente es que no estamos luchando de la manera adecuada.
En primer lugar, quiero hablar del supuesto efecto negativo de la despenalización sobre la violencia: Es falso que el número de muertos y asesinados vaya a aumentar por la legalización de las drogas. En esencia, la violencia que existe por el narcotráfico tiene como origen la existencia de Carteles y toda la parafernalia que la prohibición genera. Si no hay prohibición, los carteles pasarían a ser agentes de mercado normales, como lo son la cervecera Bavaria o la tabaquera PhillipMorris. En últimas, la que genera la violencia es la penalización de la droga, y las batallas entre la fuerza pública y los traficantes. Nos podemos ahorrar matanzas y corrupción.
En segunda instancia, es importante mencionar el efecto sobre la demanda de cocaína. Algunos prohibicionistas arguyen que el consumo de esta droga se dispararía: Falso. Probablemente podría existir un boom coyuntural, pero teniendo en cuenta la evidencia de la prohibición del consumo de alcohol en los Estados Unidos en los años 30, la respuesta es, en general, la misma: Falso.
Desde la perspectiva de los costos, también se dice que la penalización aumenta los costos de acceder a una droga, y eso es cierto. Con lo que no cuentan los argumentadores es que, al volverse formales, los productores tendrán que pagar muchos impuestos (de renta, IVA, seguridad social, etc…) y empezarán a invertir en publicidad y advertising para generar marcas, lo que significa, a su vez más costos, que con seguridad se verán reflejados en el precio que paga el consumidor.
De tercero hay que mencionar el efecto económico de la despenalización. Bueno, en realidad hay varios efectos. Algunos relevantes pueden ser: i) La transferencia de riqueza de ciudadanos a delincuentes: Cada vez que se compra droga ilegalmente, estamos dejando de pagar impuestos en potencia, que pasan a las manos de los delincuentes, ii) los programas anti-droga de los gobiernos, como el Plan Colombia, pueden significar menos recursos para otros destinos importantes o prioritarios.
En cuarto lugar, es imperativo enfocarnos desde el punto de vista de la salud. La prohibición significa más controles y rigurosidad a la hora de transportar narcóticos, por tanto, los traficantes se ven obligados a usar más eficiente a sus mulas y lanchas: No les van a meter cápsulas en el cerebro, van a enviar formulas más potentes, es decir, que hagan lo mismo, pero en menor cantidad. El consumo insano se puede combatir de formas menos violentas, como por ejemplo, políticas públicas de salud, como se ha hecho con el alcohol y el tabaco.
Otro aspecto importante es el de la marihuana, cuyo efecto de alivio en náuseas y dolores musculares, así como su utilidad para combatir los síntomas de enfermedades graves como glaucoma, epilepsia, SIDA y migraña está comprobado. Entonces, si sirve, ¿por qué es prohibida en los Estados Unidos? Recordemos que en ese país está clasificada como Schedule I Drug, es decir, droga que nunca debe ser recetada por algún médico en cualquier circunstancia.
Finalmente, vale la pena hablar de moral. Muchos prohibicionistas hablan de que el consumo de drogas es algo inmoral per se. Parece un dogma, no un argumento. Si comparamos esto con un asesinato o con un secuestro, de lejos se ven grandes diferencias.
Además, los ciudadanos tienen derecho a decidir que deben o no consumir. La prohibición equivale a que el Estado le diga a una persona que tipo de zapatos debe usar.
Para terminar, creo que es importante recalcar en la importancia de romper esquemas. Y en este caso, es el de la prohibición de las drogas. Muchos muertos hemos tenido que sepultar, mucho dinero hemos perdido y más de 30 años se han ido a la basura en esta lucha. Vale la pena intentarlo, así sea sólo por pragmatismo. El momento de empezar es ya.
Bibliografía Sugerida
(2004). En J. A. Miron, Drug War Crimes: The consequences of prohibition (págs. 1-24). Oakland, California: The Independent Institute.
De drogas y marcas de tenis...
Un tema que, lastimosamente, parece obligatorio al referirse a Colombia es el del narcotráfico. Creo que, en general, es el fenómeno que ha hecho que en nuestro país las guerrillas no tomaran el camino de la intrascendencia. Para cualquier colombiano este tema debe ser imperativo, y como no he escrito mucho sobre el tema, quiero llenar hoy el vacío.
Para decir lo que pienso, creo que tengo que tener en cuenta dos aspectos claves:
Aspectos Morales
Aspectos Morales
- No voy a hablar, como de pronto se habrán imaginado, sobre lo "inmoral" que es consumir droga. No. Mi carreta es respecto a la coherencia de la política de Estado: Es coherente hablar de una democracia con libertades plenas y al mismo tiempo prohibir el consumo de drogas?. A mi me parece que no. En estos casos, el Estado no puede restringir la libertad de la gente de hacer lo que desee. Es equivalente a que el gobierno le imponga a los ciudadanos una marca de tenis que comprar o usar.
- Y finalmente, cuando hablan del aspecto de la salud: Para eso está la pedagogía. El problema de fumar tabaco no puede ser excusa para prohibirle a la gente fumar. La gente puede dejar de fumar (y conozco a muchos que han dejado de fumar) por que han recibido los mensajes de concientización.
Aspectos Prácticos
- Mucha plata se ha gastado en la batalla contra las drogas. Y, seamos honestos, los resultados no han sido buenos: Es cierto que han caído capos y carteles a la lata, pero el problema del narcotráfico ha seguido allí: Ha cambiado la forma, pero el fondo, en general, sigue inalterado. En conclusión, la guerra contra las drogas, ha fracasado. Entonces, porqué no buscar otros caminos, así rompan con paradigmas?.
- Al dejar de ser un negocio ilegal, dejarían de existir los carteles y el mundo se ahorraría todas las muertes y la corrupción que produce la ilegalidad del asunto.
Columna Comentada: Ed. ElTiempo sobre las drogas.
El editorial del diario El Tiempo de hoy domingo sobre las drogas y la legalización:
- "Se trata, entre otros, de hacer mucho más énfasis en el aspecto de salud pública y de reducción de daño (en Europa). De salir de la simplificación de la alternativa prohibición-legalización; de diferenciar los niveles de daño de las distintas sustancias (es absurdo equiparar cannabis con heroína)..."
FARC, Bandas criminales emergentes y narcotráfico: el futuro del conflicto Colombiano
En Colombia, los últimos veinte años se han caracterizado por un elevado nivel de volatilidad en materia de seguridad y violencia. Así, por ejemplo, según las cifras publicadas por el Instituto de Medicina Legal y analizadas por De la Hoz & Vélez (2008), la tasa de homicidios ha fluctuado considerablemente desde mediados de los años ochenta: En 1985, por cada cien mil habitantes se presentaron 48 homicidios, mientras que en 1993 fueron 77, en el 2002 tuvieron lugar 64 y en el 2008 acontecieron 34. El importante incremento en la tasa de homicidios entre 1985 y 2000 se explica, según Sánchez & Nuñez (2001), por el aumento de actividades relacionadas al narcotráfico y al colapso del sistema judicial, mientras que el decremento observado entre 2000 y 2008 se debe, conforme afirma Pizarro (2006), al esfuerzo de reforma de las Fuerzas Militares iniciado en el Gobierno Pastrana y consolidado por la Administración Uribe con la Política de Seguridad Democrática. Sin lugar a dudas, las FARC y los grupos paramilitares han sido protagonistas del auge y el desplome de la violencia en Colombia. El objetivo de este trabajo es revisar, de forma separada, qué variables han determinado el rumbo de su evolución y analizar, de forma conjunta, las tendencias recientes de esas variables para pronosticar lo que podemos esperar de esas organizaciones en tiempos venideros.
A.) Contexto de la evolución de los grupos armados en las últimas décadas
i.) Las FARC
En sus orígenes más remotos, las FARC formó parte de una importante cantidad de movimientos rurales que surgieron como un mecanismo de defensa de algunos campesinos liberales acosados por los conservadores en la época de La Violencia. Más adelante, esta organización, que todavía era relativamente primitiva recibió orientaciones políticas del Partido Comunista, propiciando su evolución al pasar de ser un grupo de campesinos con meros intereses de autodefensa a una organización más compleja, con un norte claro: Tomarse el poder. Y si bien tenían claros sus fines, las FARC carecían de estrategias claras para ejecutarlos: No tenían dinero y tampoco eran militarmente sofisticadas. Esto empezaría a cambiar tras la VII Conferencia, que fue llevada a cabo en 1982 y donde se plantearon objetivos estratégicos más claros (rodear a Bogotá para asfixiarla, establecer cuerpos de milicia en las zonas urbanas, etc...), así como formas de operación más sofisticadas (la Nueva Forma de Operar - NFO) y métodos de financiación para cumplir esas finalidades. Según Ortiz (2008), las FARC se pudieron financiar de tres formas: i) La más importante, a través de la incursión en el negocio del narcotráfico, inicialmente como guardias privados que protegían las plantaciones y cargamentos de cocaína que los carteles producían y más adelante, como productores y comerciantes propiamente dichos de narcóticos. ii) Mediante el secuestro y la extorsión de personalidades, negocio que se volvió excepcionalmente rentable tras la apertura económica, que implicó la llegada al país de muchas multinacionales con actividades económicas vulnerables a las actividades guerrilleras (petroleras, mineras, etc...). Y iii) a través de la captura de rentas públicas, pues hacia finales de los años 80 se aprobaron algunas reformas constitucionales que trasladaron la administración de recursos públicos para fines sociales a instituciones regionales que podían ser chantajeadas por las guerrillas dada la débil presencia de la Fuerza Pública, lo que terminó en la transferencia de dineros del Estado a ese tipo de organizaciones ilegales.
Según Pizarro (2006), en la VIII Conferencia, llevada a cabo en 1991, con una posición financiera relativamente cómoda y en un contexto militar más complejo que el enfrentado en los años anteriores, las FARC definieron de forma más específica las estrategias para la consecución del Plan Estratégico para la toma del Poder, establecido en la VII Conferencia. Así pues, se consideró que era necesario pasar de la Guerra de Guerrillas a la Guerra de Movimientos, lo que implicaba una transformación estructural en los métodos de guerra de las FARC: Migrarían de un modelo convencional de guerrilla al de un Ejército sofisticado que podría enfrentar a otros Ejércitos y destruir sus estructuras regionales convencionales (ej. Batallones). También se consideró que para mermar la posible resistencia militar era necesario atacar a la Infraestructura Económica de la nación para minar los ingresos del Estado y consecuentemente el gasto militar.
En 1996, basadas en los lineamientos de la VIII Conferencia, las FARC mostraron su poderío militar y ejecutaron una escalada terrorista sin precedentes al atacar y tomarse diferentes pueblos en el sur del país. Entonces, ante la nueva estrategia de las FARC (grandes unidades tipo Ejército) y los resultados de la misma, las Fuerzas Militares emprendieron un proceso de inversión en inteligencia y movilidad que rindió frutos tras el fallido intento de toma de Mitú, donde las FARC tuvieron que replegarse rápidamente pues eran demasiado vulnerables, por el tamaño de las unidades, a ataques de la Fuerza Aérea. Desde entonces, las FARC no han sido capaces de volver a ejecutar ataques de gran envergadura, han tenido que replegarse a las selvas, volver a sus eternas retaguardias y regresar al viejo juego de Guerra de Guerrillas, lo cuál implica un retroceso estratégico enorme, pues es volver a las estrategias de guerra de hace 40 años, cuando eran un grupo insignificante en el aspecto militar (Pizarro, 2006).
Así pues, de acuerdo a lo anterior, los factores que han determinado la evolución (surgimiento y caída) de las FARC en los últimos 20 años han sido, a saber: i) Sus finanzas (narcotráfico, extorsiones y captura de rentas estatales) que han sido el combustible de su expansión y supervivencia reciente y ii) la postura del Estado en materia de Seguridad y su presencia efectiva en el territorio nacional.
ii.) Los grupos paramilitares y las bandas emergentes
La dinámica de evolución de este tipo de grupos ha sido diferente al experimentado por otras organizaciones armadas ilegales, pues ha sido heterogénea. Mientras que las FARC surgieron después de La Violencia, crecieron de forma orgánica y se consolidaron hacia finales de los años noventa por la sostenible economía de guerra que habían desarrollado y un Estado territorialmente débil, los grupos paramilitares no tuvieron un foco geográfico único de inicio y tampoco un origen ideológico universal: Según Garzón (2005) en Boyacá, el Magdalena Medio y Medellín, estas organizaciones surgieron por disputas relativas a negocios rentables (las esmeraldas y el narcotráfico) y algunas veces pudieron tener relaciones cooperativas con la subversión, mientras que en otros lugares como Córdoba y Urabá, los paramilitares fueron el fruto de la resistencia de algunas elites locales a ser intimidadas por las guerrillas y concebidos como una respuesta al abandono territorial del Estado.
Estudiar a estos grupos como un todo sería imposible si, en el largo plazo, todas estas aglomeraciones armadas no se hubieran confederado bajo el escudo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y tendido a incursionar con propiedad en el negocio del narcotráfico: Algunas facciones de la organización eran desde el comienzo, propiamente dichos, narcotraficantes con un componente ideológico muy limitado, tal como se demostraría con las relaciones de cooperación entre Pablo Escobar y el M-19 ("Pablo Escobar financió la toma del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985", 2009) y las inicialmente buenas relaciones entre paramilitares y guerrilleros en Boyacá (Garzón, 2005). Pero otras, como en Córdoba y Urabá, solo fueron integrándose al tráfico de narcóticos a medida que sus necesidades de financiación fueron aumentando y los aportes de sus partidarios (como ganaderos y hacendados) se volvieron insuficientes para sostener el esfuerzo militar que implicaba combatir una insurgencia poderosa. Inclusive, más adelante, esta última facción de los paramilitares se expandió por la Costa Atlántica buscando más terrenos para plantar hoja de coca y aumentar su base de ingresos.
Al inicio de la Administración Uribe y después de consolidarse como verdaderos grupos de poder en numerosas regiones del país como la costa Atlántica, Urabá y los Llanos Orientales, las AUC iniciaron un proceso de paz con el Gobierno con los objetivos, según Ortiz (2010), de desmovilizarse, legalizar algunos patrimonios obtenidos de manera ilegal durante la guerra contra la subversión y evitar la extradición. Así, según Uribe (2007), más de 32.000 paramilitares dejaron las armas colectivamente entre 2003 y 2006.
Lamentablemente, el proceso no dio los resultados esperados pues la oferta socio-económica del gobierno para que los desmovilizados regresaran a una vida corriente, el Proceso de Reintegración a la Sociedad Civil se encontró con múltiples dificultades, lo que ha implicado que muchos ex-combatientes vuelvan a conformar organizaciones ilegales (Los nuevos grupos armados de Colombia, 2007). Esto ha sido especialmente marcado en los mandos medios, que no encontraron ofertas atractivas del Gobierno (Herrera, 2010), pues son un grupo especialmente sensible por dos motivos: i) En general fueron ellos los que ejecutaron las numerosas masacres que se le atribuyen a las AUC y eso implica que estuvieron involucrados en crímenes de lesa humanidad, lo cuál acarrea la pérdida de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, como las condenas reducidas. Y ii) dada la estructura confederada de las AUC, donde cada frente era financieramente autónomo (Garzón, 2005), estos individuos tenían un poder financiero enorme, derivado en gran parte del tráfico de narcóticos, que se compensaría de manera insuficiente con pensiones proporcionalmente muy inferiores a los ingresos que se pueden obtener en la ilegalidad y algunos cursos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Así pues, como en las FARC, aunque de una forma mucho más irregular y heterogénea, la evolución de los grupos paramilitares ha estado determinada, en gran parte, por la evolución de dos variables: i) Sus finanzas, especialmente ligadas al narcotráfico, pues han determinado su origen y la fuente de su expansión hacia finales del milenio y ii) la postura del Estado en materia de Seguridad y su presencia efectiva en el territorio nacional, que cuando fue relativamente débil, especialmente en las Administraciones Samper y Pastrana, permitió el avance de este tipo de grupos.
B.) Futurología de las Variables
Las variables que hemos calificado como relevantes en la evolución de las FARC y los grupos paramilitares en las últimas décadas han sido i) Finanzas y ii) la postura del Estado en materia de Seguridad y su presencia efectiva en el territorio nacional. Adicionalmente, analizaremos algunos eventos recientes que no han estado presentes en esas organizaciones en los pasados años, pero que pueden ser relevantes en tiempos venideros. Evaluaremos las tendencias recientes de esas variables, así como sus perspectivas en el mediano plazo.
i.) Las Finanzas
La composición de los ingresos de las FARC y los grupos paramilitares parece ser relativamente similar, pues conforme lo mencionado en la literatura citada anteriormente, ambos tienen una fuerte dependencia en el tráfico de drogas (Narco-Terror: The worldwide connection between drugs and terrorism, 2002 y Hanson, 2009), en algunos momentos históricos recibieron importantes flujos financieros de extorsiones o aportes de sus partidarios y lograron extraer recursos de las arcas públicas.
El Narcotráfico
Según los datos presentados en el World Drug Report (2009) y el análisis de Gaviria (2010), la producción global de cocaína parece haber permanecido estable en los últimos quince años: Ha oscilado entre las 800 y las 1000 toneladas métricas al año. No obstante la estabilidad agregada, la participación de los productores ha variado considerablemente en los últimos años. Así, por ejemplo, en 1994 Colombia produjo 200 toneladas métricas, Perú 400 y Bolivia 250. En 2000 nuestro país 600, Perú 200 y Bolivia 50. Para 2008, Colombia 400, Perú 300 y Bolivia 150. Lo más importante es que desde 2002 parece haberse consolidado una tendencia bajista en el número de toneladas que Colombia produce, lo que tiene implicaciones tanto para las FARC como para los paramilitares, pues significa que están exportando menores cantidades, lo que se debe traducir en menores ingresos para estas organizaciones armadas ilegales. Sin embargo, Gaviria (2010) es escéptico al respecto pues si la tendencia continúa implicaría que la producción de narcóticos se concentraría en Perú y Bolivia, y si se tiene en cuenta que Venezuela se ha convertido recientemente en una plataforma importante para el envío de cargamentos de droga hacia Europa y los Estados Unidos (Reyes & Obando, 2008), la probabilidad de que la cocaína producida en Perú y Bolivia pase por Colombia antes de llegar a Venezuela es elevada, lo que es relevante para estos grupos pues significa que podrían tener bajo su control el transporte de narcóticos dentro del país, una actividad que ya han llevado a cabo en el pasado y en la cual tienen experiencia (Ortiz, 2008), y que es la parte más gruesa y lucrativa del negocio de las drogas: Mejía y Rico (2010), estiman que este eslabón se lleva el 71% de los ingresos y la parte más importante de las utilidades, pues también es la actividad que tiene más riesgo implícito.
Entonces, las perspectivas de ingresos del negocio del narcotráfico para los grupos armados ilegales como las FARC y las bandas emergentes son mixtas pues si bien hay una tendencia bajista en el número de toneladas exportadas que parece haberse consolidado, la nueva geografía del tráfico de narcóticos parece haberse configurado de una forma que sigue ofreciendo fuentes masivas de financiación para los grupos al margen de la ley, lo que no es positivo para la situación de seguridad Colombiana pues esto debería implicar que van a contar con más recursos para la consecución de sus objetivos, que suelen perseguirse con métodos violentos y terrorismo.
- Secuestro Extorsivo
Según los datos disponibles en el Balance de la lucha antisecuestro (2010), la evolución reciente del secuestro extorsivo en Colombia ha sido bastante positiva. En 2000, por ejemplo, se registraron 2587 casos, mientras que en 2009 la cifra reportada disminuyó a tan sólo 36.
Existe un consenso relativo a las causas de este descenso y este pasa por la Seguridad Democrática, aunque hay un debate amplio sobre las formas utilizadas en la ejecución de esa política ("Seguridad Democrática: se enciende el debate," 2010). Pero independientemente de las causas, las implicaciones para los grupos armados ilegales como las FARC y los paramilitares son certeras: El secuestro extorsivo ya no es una fuente de financiamiento masivo. Muestra de lo anterior es que de los 16 secuestros llevados a cabo hasta Febrero de 2010, tan sólo 5 fueron ejecutados por las FARC, 2 por el ELN y el resto por la delincuencia común, lo que implica que esta actividad ha dejado de ser una fuente de financiación relevante tanto como para las FARC como para los paramilitares, que asumimos, se encuentran dentro de lo calificado como delincuencia común.
Y, finalmente, una recuperación de esa actividad parecería bastante improbable, al menos si el esfuerzo de Seguridad del Estado se mantiene, que como veremos más adelante, es lo más posible.
- Captura de Dineros Públicos
La captura de dineros públicos ha sido una de las expresiones más polémicas de la búsqueda de financiación por parte de grupos armados pues implica la transferencia de recursos del Estado para fines sociales (salud, educación, etc...) a organizaciones ilegales que usan el dinero para fines poco democráticos (contratar mercenarios, comprar armas, etc...).
Estudiar la evolución de este problema es complejo pues básicamente se encuentran dos dificultades: i) No hay literatura previa al respecto, más que artículos de prensa que denuncian escándalos puntuales. Y ii) Medirlo independientemente es muy complicado pues si bien se puede acceder a los presupuestos de diferentes entidades territoriales por el internet, no se puede establecer qué rubros se destinaron a fines no especificados.
Entonces, ante la escasez de datos específicos que traten el problema, sólo es posible especular acerca de la evolución del asunto. Para eso hay que tener en cuenta varios elementos: i) las FARC y los paramilitares se encuentran relegados y lejos de las zonas urbanas de los municipios (Y. Amat, 2009), donde podrían ejercer presión para hacerse con los dineros del Estado, ii) la presencia del Estado Colombiano, como examinaremos adelante, es hoy más fuerte que hace algunos años, lo que implica que las presiones de los grupos armados ya no serían tan efectivas y iii) que el conocimiento de la opinión pública sobre los escándalos de transferencia de dineros del Estado a particulares y organizaciones ilegales ha presionado al gobierno a crear entes que supervisen la ejecución de los presupuestos, tal como los Comités de Seguimiento y Evaluación a las Inversiones en Regalías (CSIR) que están adjuntos al Departamento Nacional de Planeación, lo que, en principio, debería también disminuir las probabilidades de que el problema se siga presentando (Global Corruption Report 2009, 2009).
Así pues, las perspectivas de esta fuente de financiación tampoco son muy positivas pues en los últimos años se ha desarrollado un contexto donde es más complicado que organizaciones como las FARC y los paramilitares puedan volver a obtener dinero de las arcas públicas
- Eventos Recientes
Tras la incautación de los computadores de alias Raúl Reyes, un importante personaje en el manejo de las interacciones internacionales de las FARC, el primero de Marzo de 2008, la opinión pública ha conocido una relevante cantidad de información sobre las relaciones de la organización guerrillera con algunos gobiernos de América Latina, especialmente con el de Venezuela, encabezado por el Presidente Hugo Chávez ("El computador de Reyes," 2008). Dentro de las revelaciones se encuentran numerosos casos de colaboración militar, diplomática e indicios de una aporte de US$300 millones de parte del gobierno venezolano para financiar las operaciones de las FARC en Colombia ("Polícia colombiana dice que Chávez entregó USD 300 millones a las FARC," 2008). Según recientes declaraciones del General Douglas Fraser, jefe del Comando sur de los Estados Unidos, esta asistencia se ha mantenido y no ha disminuido con el tiempo ("EEUU sostiene que Venezuela presta ayuda logística y financiera a las FARC," 2010). Es predecible que este apoyo siga existiendo pues está directamente asociado al proyecto bolivariano de Hugo Chávez, que como Jaramillo (2010) afirma parece, estar estable en el poder. Y todo lo que eso implica para nuestro conflicto.
ii.) La postura del Estado en materia de Seguridad
La postura del Estado Colombiano en materia de seguridad ha sido fuerte en los últimos años, desde mediados de la Administración Pastrana, cuando se inició el proceso de modernización de las Fuerzas Militares , y en los dos períodos de gobierno del Presidente Uribe con la aplicación de la Política de Seguridad Democrática. Según Cárdenas, Salcedo y Caballero (2005) esta política ha sido exitosa pues no sólo ha logrado reducir el número de homicidios, extorsiones y secuestros, sino también ha impulsado la mejoría en otros aspectos importantes para la sociedad colombiana, como la economía. La respuesta de la opinión pública ha sido clara: Apoyo y soporte a las políticas de la Administración Uribe. Ejemplos claros de lo anterior son i) los elevados niveles de popularidad del Presidente, ii) los resultados de las elecciones parlamentarias donde partidos asociados al Presidente (Conservador, de la U, PIN) obtuvieron importantes votaciones y iii) las macrotendencias dentro de las encuestas para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este año, que tienen como líderes a candidatos que han prometido fortalecer a las Fuerzas Militares. Por todo lo anterior, es difícil que la postura del Estado en materia de Seguridad cambie de rumbo en demasía, lo que debería terminar por seguir complicando los ambientes operativos de organizaciones armadas como las FARC y los paramilitares, caso contrario a lo que ocurrió en las Administraciones Betancur y Pastrana donde, según Ortiz (2010) los procesos de paz fueron aprovechados por la subversión para expandirse y ganar territorios estratégicos.
C.) Conclusión
En este artículo se han examinado las variables que han determinado la evolución de las FARC y los paramilitares en las últimas dos décadas y se ha especulado sobre elementos nuevos que podrían importar en el futuro acontecer de esas organizaciones. Los hallazgos no son del todo claros y es difícil proponer una conclusión sencilla: Si bien las actividades de los grupos armados ha disminuido considerablemente en los años recientes –y más importante aún, lo que ha causado ese descenso parece haber llegado para quedarse- y parte importante de su financiación se ha reducido a cero, las FARC y las bandas emergentes siguen encontrando en el narcotráfico una fuente de dinero amplia y sostenible en el mediano plazo, al tiempo que las guerrillas han encontrado en Venezuela un aliado estratégico y financiero que es difícil de combatir. Lo anterior configura un mapa estratégico complejo que parece estar destinado a prolongarse en el tiempo pues una victoria de alguno de los dos bandos parece improbable: Las FARC están demasiado debilitadas como para volverse, de nuevo, una amenaza real a la institucionalidad de la República, pero, al igual que las bandas emergentes, seguirán recibiendo flujos importantes de fondos derivados del narcotráfico y asistencia de aliados foráneos que les permitirán alimentar su existencia durante un buen tiempo. De cualquier manera, nuestro conflicto parece estar cada vez más alejado de los escenarios de crisis de finales de milenio, lo que sin lugar a dudas es ganancia.
D.) Referencias
- Balance de la lucha antisecuestro (Rep.). (2010, Febrero). Recuperado Mayo 15, 2010, de Fondelibertad website: http://dstats.net/download/http://www.fondelibertad.gov.co/2/documentacion/2010/Boletin%20secuestro%20febrero%202010.pdf
- Cardenas, M., Salcedo, X., & Caballero, C. (2005). Análisis del incremento en el gasto en defensa y seguridad: Resultados y sostenibilidad de la estrategia. En Ensayos de Seguridad y Democracia (pp. 139-176). Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia.
- De la Hoz, G., & Velez, M. C. (2008). Forensis 2008 (Colombia, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Centro de Referencia Sobre la Violencia). Recuperado Mayo 16, 2010, de http://www.medicinalegal.gov.co/drip/2008/2%20Forensis%202008%20homicidios.pdf
- El computador de Reyes. (2008, Marzo 4). Semana. Recuperado Mayo 16, 2010, de http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=109929
- Entrevista al General Padilla [Entrevista por Y. Amat]. (2009, Junio 14). El Tiempo.
- Garzón, J. C. (2005). La complejidad paramilitar: una aproximación estratégica (A. Rangel, Ed.). En El poder paramilitar (pp. 47-135). Bogotá: Planeta. - EEUU sostiene que Venezuela presta ayuda logística y financiera a las FARC. (2010, Abril 29). Recuperado Mayo 15, 2010, de http://www.diariomiami.com/__n1317588__EEUU_sostiene_que_Venezuela_presta_ayuda_logistica_y_financiera_a_las_FARC.html
- Gaviria, A. (2010, Marzo 11). La naturaleza del conflicto: insurrección rural, terrorismo político ó predación criminal. Conferencia presentada de Conflicto en Colombia en la Universidad de los Andes, Bogotá.
- General Naranjo: De la gloria al infierno y de nuevo a la gloria [Entrevista por C. Orozco]. (2007, Diciembre 20). Recuperado Mayo 16, 2010, de http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/especiales/personajes-del-ano-2007/articuloimpreso-general-naranjo-gloria-al-in
- Global Corruption Report 2009 (Rep.). (2009, Septiembre 23). Recuperado Mayo 18, 2010, de Transparency International website: http://www.transparency.org/content/download/46187/739801
- Hanson, S. (2009). FARC, ELN: Colombia's Left-Wing Guerrillas. Recuperado Marzo 15, 2010, de http://www.cfr.org/publication/9272/farc_eln.html
- Herrera, N. (2010, Febrero 1). Mandos Medios. Conferencia presentada en Conflicto en Colombia en la Universidad de los Andes, Bogotá.
- Los nuevos grupos armados de Colombia (Publicación). (2007). Bogotá & Bruselas: International Crisis Group.
- Narco-Terror: The worldwide connection between drugs and terrorism, 170vo Cong. (2002) (testimonio de los Honorables Senadores Mike DeWine, Dianne Fenstein, Orrin Hatch y Jon Kil).
- Mejia, D., & Rico, D. (2010, Abril 15). La microeconomía de la producción y tráfico de cocaína en Colombia. Conferencia presentada en Drogas Ilícitas en Colombia en la Universidad de los Andes, Bogotá D.C
- Ortiz, R. (2006). La Guerrilla Mutante (F. Leal, Ed.). En Colombia en la encrucijada (pp. 323-357). Bogotá: Norma-UniAndes.
- Ortiz, R. (2010, Febrero 10). La evolución del narco-paramilitarismo: de las AUC a las Bandas Criminales Emergentes. Conferencia presentada en Conflicto en Colombia en la Universidad de los Andes, Bogotá.
- Ortiz, R. (2010, Enero 27). La construcción de la organización durante los años sesenta y setenta. El proceso de modernización de las FARC. De Las Delicias a El Caguan. Conferencia presentada en Conflicto en Colombia en la Universidad de los Andes, Bogotá.
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- Pizarro, E. (2006). Las FARC-EP: ¿Repliegue estratégico, debilitamiento o punto de inflexión? (G. Sanchez & F. Gutierrez, Eds.). En Nuestra Guerra sin Nombre (pp. 171-208). Bogotá: Norma.
- Polícia colombiana dice que Chávez entregó USD 300 millones a las FARC. (2008, March 5). El Economista. Recuperado Mayo 18, 2010, de http://www.eleconomista.es/politica/noticias/392092/03/08/Policia-colombiana-dice-que-Chavez-entrego-USD-300-millones-a-las-FARC.html
- Reyes, G., & Obando, C. (2008, Septiembre 14). Venezuela, paraíso del tráfico de cocaína. El Nuevo Herald. Recuperado Mayo 15, 2010, de http://www.elnuevoherald.com/2008/09/14/284410/venezuela-paraiso-del-trafico.html
- Sanchez, F., & Nuñez, J. (2001). Determinantes del crimen violento en un país altamente violento: El caso de Colombia. Recuperado Mayo 15, 2010, de http://economia.uniandes.edu.co/content/download/1766/9799/file/D2001-02.pdf
- Seguridad Democrática: se enciende el debate. (2010, Febrero 27). Semana. Recuperado Mayo 16, 2010, de http://www.semana.com/noticias-nacion/seguridad-democratica-enciende-debate/135585.aspx
- Uribe, A. (2010, Mayo 16). Palabras del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en la ceremonia de instalación del Congreso. Discurso presentado en la Instalación del Congreso de la República en el Congreso de la República, Bogotá D.C.
- World Drug Report 2009 (Rep.). (2009). Viena: United Nations Office on Drug and Crime.
Hipótesis comprobada
Este artículo de El Tiempo confirma la hipótesis -que comparto plenamente- de que en el negocio de las drogas -diría Alejandro Gaviria- los protagonistas cambian, pero la producción permanece. Es que el hecho de que guerrillas y grupos paramilitares, grupos de origenes opuestos -o iguales?-, pacten alianzas para mantener su jugoso negocio es muy elocuente. Y el gobierno -con nuestro dinero- todavía les financia las ganancias: Caramba!
Café Cannabis
En Portland, se inauguró el primer Café Cannabis de los Estados Unidos. Seguramente va a estar muy observado por académicos y activistas para evaluar la actividad criminal en sectores aleaños. Hay que estar muy pendientes, pues a pesar de que el asunto de la traba es sólo para personas que tengan la hierba como prescripción médica, puede ser una oportunidad de evaluación empírica que puede ayudar con el gran debate sobre legalización, drogas y crímen.
Un Plan de acción para el campo...
Todos estos días ha existido un revoloteo en medios de comunicación escritos, virtuales y orales de Colombia y hasta en algunos de los Estados Unidos por la visita del Presidente Uribe a Washington para pedir la ratificación del Tratado de Libre Comercio y la ayuda militar con el Plan Colombia.
Varios columnistas como Alejandro Gaviria, Rudolf Hommes y Héctor Ábad Faciolince (Vean que son de distintas inclinaciones) han sugerido que la ayuda internacional se acabe porque es una forma de imperialismo, de dominación, falta de dignidad y pantalones del gobierno para asumir las responsabilidades monetarias por la lucha contra las drogas.
Además, el Plan Colombia ha sido especialmente ineficiente, un fracaso, sobretodo porque no ha podido subir el precio de la coca al detal (Que era su principal objetivo). De hecho, el costo de este alucinògeno ha bajado un 35% desde 2003 hasta 2005, cifras nada positivas para la agenda de lobby en Washington.
Sin embargo, creo, nos dirigimos hacia una lucha estéril. La coca no se va a acabar (Que es el principal propósito de Uribe) con sólo bombardeos y fuerzas especiales. Es como cortar una hierba mala, de esas que nunca mueren. La solución más práctica está en cambiar la semilla de la coca por una de maíz, caña de azucar ó arroz.
Pero por obvias razones, esto no va a pasar porque sí o porque a los campesinos les dé por un ataque de paz.
Se deben dar incentivos a la creación de empleo en el campo, ambiciosos recortes impositivos a las empresas que crean trabajo en el agro, zonas sin impuestos (Como zonas francas) para la agricultura únicamente y cooperativas campesinas que investiguen y creen productos de valor agregado como COLANTA.
Además un profundo programa de democratización de la tierra y el trabajo; No me refiero a una reforma agraria, sino a altísimas tasas impositivas para los terratenientes y los dueños de latifundios que no generen una cantidad razonable de empleos por hectárea. Tampoco se trata de irrespetar la propiedad.
Por ejemplo: Digamos que lo razonable es que dos campesinos trabajen por hectárea y lo que algún terrateniente tiene trabajando es 1, el impuesto se le debe aplicar por hectárea y debe ser lo suficientemente alto como para igualar los costos de que los dos campesinos por hectárea trabajen.
Los recursos para financiar los huecos que dejarían los recortes de impuestos se podrían obtener mediante impuestos a ganancias de capital, sectores ordinariamente ricos como el petrolero y minero ó hasta la reimplantación de la doble tributación con países que traigan pequeños flujos de inversión ò amenazas para el agro y no exista TLC (Desgravaciones bilaterales).
Estas propuestas tal vez no reduzcan del todo el problema del tráfico de narcóticos, pero pueden ser alternativas viables y razonables para aumentar la competitividad del país en el agro frente a la competencia que trae el comercio (Menores impuestos, menores costos al consumidor) y un intermedio entre los respetables extremos de la legalización y los bombardeos estériles de Bush y Uribe.
Varios columnistas como Alejandro Gaviria, Rudolf Hommes y Héctor Ábad Faciolince (Vean que son de distintas inclinaciones) han sugerido que la ayuda internacional se acabe porque es una forma de imperialismo, de dominación, falta de dignidad y pantalones del gobierno para asumir las responsabilidades monetarias por la lucha contra las drogas.
Además, el Plan Colombia ha sido especialmente ineficiente, un fracaso, sobretodo porque no ha podido subir el precio de la coca al detal (Que era su principal objetivo). De hecho, el costo de este alucinògeno ha bajado un 35% desde 2003 hasta 2005, cifras nada positivas para la agenda de lobby en Washington.
Sin embargo, creo, nos dirigimos hacia una lucha estéril. La coca no se va a acabar (Que es el principal propósito de Uribe) con sólo bombardeos y fuerzas especiales. Es como cortar una hierba mala, de esas que nunca mueren. La solución más práctica está en cambiar la semilla de la coca por una de maíz, caña de azucar ó arroz.
Pero por obvias razones, esto no va a pasar porque sí o porque a los campesinos les dé por un ataque de paz.
Se deben dar incentivos a la creación de empleo en el campo, ambiciosos recortes impositivos a las empresas que crean trabajo en el agro, zonas sin impuestos (Como zonas francas) para la agricultura únicamente y cooperativas campesinas que investiguen y creen productos de valor agregado como COLANTA.
Además un profundo programa de democratización de la tierra y el trabajo; No me refiero a una reforma agraria, sino a altísimas tasas impositivas para los terratenientes y los dueños de latifundios que no generen una cantidad razonable de empleos por hectárea. Tampoco se trata de irrespetar la propiedad.
Por ejemplo: Digamos que lo razonable es que dos campesinos trabajen por hectárea y lo que algún terrateniente tiene trabajando es 1, el impuesto se le debe aplicar por hectárea y debe ser lo suficientemente alto como para igualar los costos de que los dos campesinos por hectárea trabajen.
Los recursos para financiar los huecos que dejarían los recortes de impuestos se podrían obtener mediante impuestos a ganancias de capital, sectores ordinariamente ricos como el petrolero y minero ó hasta la reimplantación de la doble tributación con países que traigan pequeños flujos de inversión ò amenazas para el agro y no exista TLC (Desgravaciones bilaterales).
Estas propuestas tal vez no reduzcan del todo el problema del tráfico de narcóticos, pero pueden ser alternativas viables y razonables para aumentar la competitividad del país en el agro frente a la competencia que trae el comercio (Menores impuestos, menores costos al consumidor) y un intermedio entre los respetables extremos de la legalización y los bombardeos estériles de Bush y Uribe.
Son los muertos, estúpido.
Haciendo un poco de investigación para el trabajo sobre seguridad fronteriza, me encontré con este interesante librito del Center for Strategic and International Studies sobre el estado de la cooperación méxico-americana en materia de narcóticos. Hay un apartado que es particularmente ilustrativo para la discusión de la efectividad de la guerra contra las drogas. Es cliché, pero dada la insistencia de muchos en cerrar sus oídos, no está demás repetirla:
Cooperative Mexican-U.S. Antinarcotics Efforts. En CSIS.The government (México) has had many successes, including confiscating drugs, capturing cartel kingpins and extraditing many of them to the United States for prosecution, and using well-planned raids and killing many cartel leaders. Violence by the cartels has escalated, however.
Lecturas Recomendadas
- When work disappears del sociólogo gringo William Julius Wilson es un fascinante libro que relata las consecuencias desastrosas que trae la desaparición del empleo en una sociedad. Los ghettos negros en Chicago, la desmembración de los valores familiares y la familia como tal, y la aparición de subciudadanos (en la informalidad) son algunos de los efectos mencionados por Wilson en este escrito. Es una contribución muy importante para tomar en cuenta a la hora de hablar de las consecuencias sociales del cambio en la estructura del empleo en una economía, en especial, cuando la masa de los trabajadores no cambia al mismo ritmo.
- Drug War Crimes del economista Jeffrey Miron es una excelente referencia para los que nos queremos iniciar en el debate de la penalización del consumo de drogas. Contiene un análisis sencillo y objetivo respecto a los efectos sociales, económicos, políticos y morales de la prohibición. Es un libro serio y sencillo.
- Why did We get it wrong?. Esta es una serie de artículos publicados por la prestigiosa revista Slate de varias personas que en un principio apoyaron la guerra en Irak. Puede ser interesante analizar en el contexto actual haciendo referencia a lo peligroso que es tomar decisiones en caliente.
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